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Los trabajadores a tiempo parcial ya tienen más fácil el acceso a su pensión de jubilación

© Kirsty Pargeter - www.photaki.com

21 de febrero de 2014 | 00:00 Instituto BBVA de PENSIONES Artículo

Los trabajadores a tiempo parcial ya tienen más fácil el acceso a su pensión de jubilación

Se flexibiliza el requisito de años necesarios para acceder a la pensión contributiva de jubilación: el periodo mínimo de cotización se ajustará al coeficiente de parcialidad de su vida laboral.

Si eres trabajador a tiempo parcial, ahora te resultará más fácil tener derecho a una pensión contributiva de jubilación. Antes, los trabajadores a tiempo parcial tenían que acreditar haber cotizado el equivalente a 15 años a jornada completa, de forma que, en la práctica, implicaba cotizar durante más años a jornada parcial para poder cumplir con este requisito. Por ejemplo, si alguien trabajó a media jornada durante toda su vida, en la práctica necesitaba cotizar durante un total de 30 años para alcanzar los 15 necesarios (a jornada completa).

Pero el Congreso de los Diputados acaba de aprobar de forma definitiva una ley de protección a estos trabajadores que flexibiliza este requisito y corrige el anterior modelo, un acuerdo contemplado el pasado agosto, de forma que el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social será ahora más fácil y, en la práctica, exigirá cotizar durante menos años.

¿En qué consiste la nueva norma?

Ahora, los trabajadores a tiempo parcial ya no tendrán que demostrar el equivalente a 15 años trabajados a jornada completa. La ley dice que el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación se ajustará al coeficiente de parcialidad que acrediten a lo largo de toda la vida laboral estos trabajadores, y que figura en el fichero general de afiliación.

Este coeficiente se corresponde al porcentaje de parcialidad de la jornada con respecto a la de tiempo completo. Por ejemplo, si un trabajador tuviera un coeficiente de parcialidad del 50% (es decir, si su jornada laboral fuera exactamente la mitad de la completa) el periodo mínimo de cotización que tendría que acreditar para la jubilación no serían 15 años de jornada completa sino 7,5 años, según el Ministerio de Empleo. Si ese coeficiente fuera del 70%, tendría que acreditar 10,5 años.

¿Cómo se calcula ese periodo?

En detalle, se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período. Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones.

Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo éste el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad. En el caso de las pensiones, supondrá multiplicar por 15 años ese coeficiente global de parcialidad.

¿Cómo se calcula la pensión?

Según indican desde Empleo, a la base reguladora del trabajador se le aplica un tanto por ciento en función de los años cotizados, como ocurre para el resto de trabajadores, que dará como resultado la cuantía de la pensión. Al igual que la norma general, se partirá del periodo mínimo de cotización del trabajador, al que se le aplicará un 50% sobre su base reguladora. A partir de ese periodo mínimo, todo el tiempo adicional incrementará ese porcentaje en función de la escala general de la jubilación ordinaria.

¿A quién beneficiará?

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmaba recientemente que la nueva ley "mejorará las prestaciones de más de 2,5 millones de personas". Parte de ese colectivo son mujeres, que con el trabajo a tiempo parcial concilian su vida familiar y laboral, según la ministra. Pero, en general, y debido a la crisis económica, son muchos los trabajadores que se ven abocados al empleo a tiempo parcial.

La aprobación definitiva del texto es la materialización legal del acuerdo para mejorar las condiciones de acceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial que en 2013 firmó el Ministerio con las principales organizaciones sindicales (Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa). Tras el acuerdo, materializado en un decreto ley en agosto, ahora ha llegado su tramitación en las Cortes, y el Congreso de los Diputados ha ratificado las enmiendas del Senado, con lo que la ley queda aprobada de forma definitiva. La norma se ha inspirado en las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.

¿Tiene efecto retroactivo?

Sí, con tres meses como máximo. La nueva ley es aplicable a las pensiones futuras o que se encontraran en trámite el 4 de agosto de 2013 (cuando entró en vigor en Real Decreto que flexibiliza los requisitos para los trabajadores a tiempo parcial) pero también a aquellas prestaciones de la Seguridad Social que antes de la entrada en vigor del Real Decreto hubiesen sido denegadas por no acreditar el período mínimo de cotización exigido. En el supuesto de cumplirse el período mínimo exigido con arreglo a la nueva regulación, el hecho causante se entenderá producido en la fecha originaria, pero los efectos económicos del reconocimiento tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la nueva solicitud, con el límite en todo caso de la fecha de entrada en vigor.

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