La experiencia de Chile en 1981 implicó una absoluta revolución, en el sentido de eliminar totalmente el esquema público de prestaciones basado en el sistema de reparto, y transformarlo en un sistema privado, obligatorio y de cuentas individuales de capitalización. Una decisión que sirvió de ejemplo, en mayor o menor medida, a otros países de la región y un espejo en el que ahora se mira Europa a la hora de afrontar sus problemas demográficos y decidir el futuro de sus pensiones. Aunque los países europeos no adoptarán medidas tan drástica, las reformas de sus sistemas públicos para hacerlos más sostenibles se suceden por doquier y la idea es dar un mayor peso paulatino a los sistemas privados de capitalización. En Chile ocurre lo contrario: el actual Gobierno aboga por dar un mayor peso a los sistemas públicos.
El sistema de pensiones del país tiene tres componentes: un primer pilar estatal, residual y basado en la redistribución, que solo asegura un 4,8% de ingresos con respecto al último salario tras la jubilación -frente al 74% en España- y que implica gastos del 3,6% del PIB, frente al 10% de España-; un segundo pilar obligatorio y basado en cuentas de capitalización individuales de contribución definida; y un tercer pilar voluntario.
La columna vertebral del sistema es el segundo pilar, que supone el 37,2% de los ingresos con respecto al último salario tras la jubilación, frente al 27% que suponen los ingresos de los sistemas privados -tanto obligatorios como voluntarios- sobre el último salario en los países de la OCDE, de media. Eso explica que el capital en fondos de pensiones suponga el 60% de su PIB, frente al 35% de media en la OCDE (media simple, o 77% si es ponderada) o al 8,4% en España. Con su sistema, en total, los chilenos tienen una tasa de sustitución de sus pensiones del 41,9%, según los últimos datos de la OCDE, frente a la media del 68% en esos países.
A pesar de esos datos, en una reciente conferencia, José Piñera, el padre de la reforma que privatizó las pensiones en Chile, defendía por qué España debería pasar del sistema de reparto en pensiones a uno de capitalización asegurando que su modelo incentiva el ahorro, el trabajo y el esfuerzo y no pone en jaque las cuentas públicas ante los retos demográficos. Piñera: por qué España debería pasar del sistema de reparto en pensiones a uno de capitalización
¿Cómo funciona el sistema obligatorio?
Según el sistema, tanto las aportaciones obligatorias -se exige un 10% de los ingresos y con ciertos máximos- como la rentabilidad generada por las mismas son acumuladas en una cuenta de capitalización individual, cuya cuantía sirve para atender a las prestaciones que se generen. La administración de los fondos acumulados por cada trabajador es realizada por entidades privadas, denominadas administradoras de fondos de pensiones (AFP), cuya supervisión es encomendada a la Superintendencia de AFP. La afiliación es obligatoria para los trabajadores por cuenta ajena que se incorporaron al mercado de trabajo desde el 1 de enero de 1983, y voluntaria para los trabajadores por cuenta ajena que hubieran cotizado en el sistema anterior a la reforma.
Los ciudadanos pueden elegir dónde invertir: en el año 2000 se introdujo el sistema multifondos, el cual permitía a las AFP ofrecer a sus afiliados dos tipos de fondos con distinto perfil de riesgo. Actualmente, los hombres menores de 55 y las mujeres menores de 50 años pueden elegir entre los cinco tipos de fondos disponibles, mientras que los que sobrepasan esas edades sólo eligen entre los cuatro fondos de menor riesgo, y los jubilados entre los tres fondos de menor riesgo, según un reciente informe de Inverco. Además, con el fin de mejorar el importe de la pensión de vejez, el afiliado puede aumentar voluntariamente el capital de su cuenta de capitalización individual, deducible de impuestos y con un límite máximo.
Este sistema permite acceder a la prestación por jubilación antes de la edad legal (jubilación anticipada), aunque la edad normal de retiro suelen ser los 65 años en los hombres y los 60 en las mujeres. Además, los ciudadanos pueden solicitar su prestación a la vez que siguen trabajando. Pero para ese acceso, es necesario que los fondos acumulados en la cuenta individual permitan generar una pensión que cumpla simultáneamente dos requisitos: ascender al menos al 50% del promedio de las rentas imponibles, actualizadas, de los últimos diez años y su importe ser igual o superior al 110% de la pensión mínima garantizada por el Estado.
El afiliado que cumpla los requisitos para obtener una pensión puede optar por tres alternativas: renta vitalicia inmediata; renta temporal con renta vitalicia diferida y retiros programados, en los que el afiliado opta por mantener los fondos de su cuenta individual en la AFP y efectuar retiros mensuales con cargo a ésta.
¿Reformas hacia un sistema con más peso público?
Una tasa de sustitución que no llega al 42% según la OCDE y las dificultades de algunos colectivos para acceder a la pensión son motivos por los que el país está planteándose reformas que den mayor peso al sistema público, al contrario de lo que sucede en Europa. Actualmente, el Estado garantiza una pensión básica solidaria a partir de los 65 años y disponible para la población más pobre que haya vivido en el campo durante al menos 20 años y al menos cuatro de los cinco últimos años antes de la solicitud. Tras la reforma de 2008, también se estableció otra pensión complementaria para mejorar los estándares de jubilación de los trabajadores con menores rentas, destinada a aquellos cuyas pensiones de contribución definida sean menores a una determinada cantidad.
Y actualmente, el Gobierno de Michelle Bachelet analiza nuevos cambios y reformas para asegurar pensiones razonables y dignas: la presidenta aboga por crear una AFP estatal.
