Una de las consecuencias de las últimas reformas en materia de pensiones es que los futuros pensionistas cada vez podrían cubrir una menor parte de su último salario con la pensión pública, lo que significa que en el momento del retiro sus ingresos se podrían ver mermados con respecto al pasado y tendrán que afrontar su nueva vida con menos recursos que en los últimos años. Las pensiones públicas podrían cubrir un porcentaje cada vez menor del último salario
¿Qué se puede hacer para compensar esa caída?
Hay tres fórmulas, no excluyentes y que pueden complementarse, para compensar estos menores ingresos, pero solo la primera está en manos del ciudadano.
- Una primera vía sería aceptar esa caída de la tasa de sustitución y compensarla con más recursos derivados del ahorro privado.
- La segunda opción pasaría por destinar más recursos públicos a la partida de pensiones, pero eso implicaría recortar gastos de otras partidas sociales o aumentar impuestos de otros (redistribuyendo recursos de trabajadores activos, consumidores o rentas del capital a los pensionistas), con el consiguiente menor bienestar social e incluso menor crecimiento futuro. Actualmente el gasto en pensiones en España se sitúa en torno al 10,8% del PIB, ligeramente por encima de la media de los países de la OCDE.
- La tercería alternativa sería realizar reformas estructurales que disminuyan la tasa de desempleo, aumenten la población ocupada y sus salarios. Eso podría propiciar un crecimiento de los ingresos de las cotizaciones, mediante un ensanchamiento de las bases de cotización principalmente.
"Será difícil llegar a los 27 millones de cotizantes necesarios en 2050 para mantener la tasa de sustitución pero el sistema tampoco debería quedarse con los 19 millones de afiliados actuales", explica Rafael Doménech, Responsable de análisis económico en BBVA Research.
En definitiva, se plantea la disyuntiva de realizar reformas estructurales, que pueden ser dolorosas a corto plazo para determinados colectivos, aumentar los ingresos del sistema para incrementar los gastos en pensiones u optar por aportar recursos adicionales a las prestaciones públicas de cara a la jubilación. Solo esta última está en nuestras manos.
