Tras más de dos años de trabajo, finalmente la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no ha conseguido llegar a un acuerdo para actualizar sus recomendaciones dentro de esta legislatura.
El único punto sobre el que ha habido consenso en este periodo es en aparcar el IRP, fórmula de cálculo de la revalorización de las pensiones que introdujo la reforma de 2013, para volver a ligar el crecimiento de las pensiones al IPC.
El IPR vinculaba la revalorización anual de las pensiones a determinadas variables relacionadas con la salud de las cuentas de la Seguridad Social, como los ingresos de la Seguridad Social, el número de pensiones que abona el sistema o la cuantía de la pensión media. El IRP establecía un suelo del 0,25%, es decir, las pensiones nunca podrían revalorizarse por debajo de esta cuantía. También un techo, fijado en el IPC + 0,50%. Las pensiones no se revalorizarían por encima de lo que arrojase esta fórmula. Desde su entrada en vigor, en 2014, el IRP ha arrojado resultados inferiores al suelo, por lo que en estos años se ha aplicado la revalorización mínima del 0,25%. Sin este suelo, las pensiones deberían haber bajado un 2,58% en 2018 según estudios del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia.
Los grupos parlamentarios argumentan que el IRP no reúne el suficiente consenso político y social (la reforma de 2013 fue aprobada en solitario por el anterior Gobierno), y que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal- a aumentar dicho poder adquisitivo.
El IRP era uno de los dos mecanismos introducidos por la reforma de 2013 con el objetivo de reducir paulatinamente los gastos de la Seguridad Social. El otro mecanismo, el Factor de Sostenibilidad, pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, de modo que, ante incrementos en la misma, la cuantía de las pensiones se reduciría, dado que se presumiría que se percibirían durante más tiempo.
Este factor iba a entrar en vigor en fecha 1 de enero de 2019, pero tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se ha retrasado su implementación hasta una fecha no posterior a 1 de enero de 2023. Sin embargo, quedan dudas de si realmente este factor va a llegar a entrar en vigor, al menos de la forma en la que lo conocemos.
Desde organismos internacionales se advierte de los efectos de esta medida
El debate sobre las pensiones españolas traspasa fronteras. A este respecto, se ha pronunciado el Fondo Monetario Internacional, que advierte de que volver a revalorizar las pensiones en base al IPC podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Por ello, reclama que se tomen en consideración otras medidas para poder abordar el coste de esta nueva fórmula de revalorización. Entre las medidas propuestas destacan aumentar la cotización mínima de los autónomos, elevar la contribución social para los asalariados que más ganan, o vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida.
El déficit de la Seguridad Social sigue aumentando
Este fracaso a la hora de lograr un consenso en el ámbito de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo impide ofrecer una vía de actuación al Gobierno en un momento en el que el déficit de la Seguridad Social se encuentra cercano a los 19.000 millones de euros, tras la decisión de aplicar, tanto en 2018 y 2019, una revalorización de las pensiones del 1,6%, un 3% en el caso de las cuantías mínimas. Ya en enero, el gasto mensual en pensiones alcanzó un récord histórico al superar los 9.500 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 7%.
La vista queda puesta, por tanto, en la próxima legislatura, con la esperanza de alcanzar consensos que, a día de hoy, no parecen cercanos.
