La Seguridad Social constituye en España el primer pilar de la protección social, la protección pública a cargo del Estado, cuya finalidad es la de garantizar unas prestaciones sociales ante determinadas contingencias que puedan ocasionar en la persona o en las personas que de ella dependen en situación de necesidad.
Los orígenes de lo que podemos considerar la Seguridad Social moderna en España datan de principios del siglo XX: la Ley Dato de 1900 regulaba la protección por accidente de trabajo. Desde ese momento se fueron creando paulatinamente diversos seguros sociales que trataban de proteger ciertas situaciones de necesidad de forma individualizada, hasta que en el año 1963 vio la luz la Ley de Bases de la Seguridad Social, que recoge los principios básicos de la Seguridad Social, plenamente vigentes en la actualidad. Esta ley viene a coordinar y a aplicar principios necesarios como el de la suficiencia a una serie de leyes previas que regulaban de manera más desordenada la protección ante eventualidades.
En el año 1978, con la aprobación de la Constitución, se menciona por primera vez el principio de universalidad de la protección de la Seguridad Social (el sistema de protección de la Seguridad Social queda plasmado en el artículo 41 de la Constitución Española). En 1990 esta universalidad alcanza su máximo exponente con el reconocimiento de las prestaciones no contributivas, aquellas destinadas a aquellos que no han contribuido al sistema o lo han hecho en periodos insuficientes para poder acceder a una prestación contributiva.
Primer pilar: protección contributiva
El sistema público de prestaciones contributivas está gestionado por el Estado con el objetivo de garantizar la protección social ante determinadas situaciones de necesidad como el accidente, enfermedad, maternidad/paternidad o pérdida de empleo. Este sistema se apoya en varios principios básicos:
- Principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento, incluidas las pensiones de aquellos que dejaron de trabajar.
- Principio de proporcionalidad contributiva: la prestación será proporcional a las cantidades aportadas al sistema público, así como a la duración de la cotización a lo largo de toda la vida laboral.
- Principio de gestión pública: El sistema de la Seguridad Social está financiado y gestionado por entidades públicas.
- Principio de suficiencia de prestaciones: Los beneficios deben ser suficientes para asegurar un nivel de vida similar al que se tenía cuando se percibía un salario. Es lo que se conoce por tasa de sustitución.
