En las últimas semanas el debate sobre las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo ha salido del Congreso y está siendo objeto de una intensa discusión en la opinión pública. Entre las propuestas, la más controvertida es la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y la vuelta a la revalorización automática con la inflación.
Debe quedar claro de entrada que para revalorizar las pensiones con la inflación no es necesario derogar el IRP salvo que se quiera dejar el gasto en pensiones al margen de la restricción de sostenibilidad de las cuentas públicas y ocultar a la opinión pública sus implicaciones. Una de las ventajas del IRP es que proporciona una información imprescindible sobre la salud financiera del sistema. El IRP indica cuánto pueden aumentar las pensiones tomando como dada la evolución de los ingresos y gastos del sistema, pero también se puede emplear de manera diferente. En concreto, se puede utilizar para calcular cuántos ingresos tributarios adicionales son necesarios para financiar un aumento de las pensiones del 1,6% en 2018, como el que se está debatiendo. Por lo tanto, la pregunta no es si puede o no hacerse, sino cuánto cuesta teniendo en cuenta la situación actual del sistema y que la revalorización se consolida permanentemente en el gasto futuro, con la redistribución intergeneracional que ello supone.
¿Qué nos dice la información necesaria para el cálculo del IRP sobre la situación del sistema público de pensiones? En primer lugar, tal y como muestra el Gráfico 1, los ingresos crecen actualmente alrededor del 4% en términos nominales. El número de pensiones lo hace alrededor del 1,2% y el efecto sustitución crece un 1,5%, por la entrada de pensiones más altas que las que salen del sistema. La situación presente contrasta con la vivida durante la crisis. Desde 2008 el gasto en pensiones ha crecido de media un 3,9% anual. Los ingresos estuvieron disminuyendo entre 2008 y 2012 como consecuencia de la crisis y empezaron a crecer a partir de 2013, de manera que en 2017 superaron el nivel de 2008 en un 2,8%. Este crecimiento ha permitido que el déficit del sistema se haya estabilizado y que, si se cumplen las previsiones, empiece a mejorar en 2018. El déficit acumulado entre 2011 y 2017 alcanza casi los 84 mil millones de euros. Merece la pena poner en valor el esfuerzo intergeneracional que ha hecho y sigue haciendo la sociedad española para financiar este déficit, que equivale, de media, a un pago de más de 9 mil euros por pensionista. Solo en 2017, en términos de la pensión mensual media de jubilación (de 1071 euros) el déficit ha supuesto 148 euros mensuales, frente a los 923 euros financiados mediante los ingresos por cotizaciones. O lo que es equivalente: el afiliado medio tendría que haber pagado 1038 euros más en 2017 para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. En segundo lugar, las previsiones hasta 2023 indican que, incluso con crecimientos previstos de los ingresos del 3,9% de media anual, el déficit disminuirá lentamente debido al aumento del número de pensiones y al efecto sustitución, como consecuencia de que las nuevas pensiones son más altas que las que abandonan el sistema.
¿Cuánto costaría volver a revalorizar las pensiones de acuerdo con la inflación en 2018 y en los años siguientes, sin el atajo de mantener o ampliar el déficit existente? Incluso en un escenario bastante optimista para las previsiones hasta 2023, los ingresos adicionales para que el IRP proporcione un aumento del 1,6% son 18 mil millones anuales de media durante los próximos 6 años, tal y como ilustra el Gráfico 2. Esta cantidad supone el 15,4% de los ingresos por cotizaciones del sistema de pensiones, el 15% de los impuestos sobre la renta y riqueza de hogares y empresas, o el 13,3% de los impuestos indirectos. Aumentar en estas proporciones estos tributos pondría en peligro la recuperación del empleo. Y pagar pensiones con deuda en ningún caso sale gratis y más pronto que tarde tiene un coste para la sociedad en su conjunto.
Cualquier atajo para evitar este coste solo serviría para dejar una carga a las próximas generaciones e hipotecar más un futuro en el que los retos para el sistema son incluso mayores que los del déficit actual. El número de pensiones aumentará gradualmente desde los 9,6 millones actuales hasta unos 15 millones a mediados de siglo. Sin cambios en el sistema, este incremento solo podría ser compensado con un aumento de los afiliados desde los 18,4 millones actuales a algo más de 27 millones. Todo lo que se pueda hacer por aumentar el empleo es absolutamente necesario, pero es difícil que sea suficiente. Las previsiones demográficas no son optimistas, por lo que debemos preparar el sistema para el futuro.
Empezar derogando las reformas efectuadas sería ir en la dirección contraria, pondría en riesgo la sostenibilidad y, con ello, la suficiencia del sistema. No hay dilema alguno entre sostenibilidad y suficiencia. Al contrario, la sostenibilidad es una condición imprescindible para que las pensiones sean suficientes y dignas a largo plazo. Los continuos recortes de las pensiones en Grecia hasta un 40% son un serio y triste ejemplo de los riesgos de poner en juego la sostenibilidad del sistema.
¿Qué deberíamos hacer adicionalmente? En la medida que las nuevas pensiones son más elevadas ( la pensión media ha ganado un 22% de poder adquisitivo desde 2007) y entran en el sistema con un déficit financiero, a largo plazo es necesario corregirlo gradualmente introduciendo cuentas individuales (nocionales) de reparto, con un periodo transitorio, como en Suecia y otros países europeos. El sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo, pero con mejoras en su contributividad y transparencia. Frente a la situación actual de que las nuevas pensiones tengan inicialmente una tasa de reemplazo excesivamente elevada y que se vean en riesgo de reducir gradualmente su poder adquisitivo, las cuentas nocionales permiten calcular pensiones iniciales teniendo en cuenta la esperanza de vida (como empezará a hacer el Factor de Sostenibilidad en 2019) y la evolución prevista de los recursos y gastos del sistema, de manera que puedan mantener su poder adquisitivo.
Junto a ello, para no poner en riesgo la suficiencia, es necesario mejorar y blindar la pensión mínima a la inflación, con transparencia de los complementos efectuados, que deben ir con cargo a impuestos generales.
Para que el sistema público de pensiones continúe siendo un pilar fundamental del Estado de bienestar como lo ha sido hasta ahora, hay que seguir realizando reformas que mejoren su funcionamiento, así como el de la economía. Cuanto mayores sean las tasas de empleo y los salarios por ganancias de productividad mayor será la capacidad del sistema de asegurar la sostenibilidad y suficiencia con pensiones crecientes, sin que ello suponga una carga adicional para las generaciones futuras.
Enrique Devesa Universidad de Valencia e Instituto de Investigación Polibienestar
Rafael Doménech BBVA Research y Universidad de Valencia
Robert Meneu Universidad de Valencia
