La población de los países desarrollados tiende al envejecimiento. Esto sin duda alberga una buena noticia, y es que la esperanza de vida continúa aumentando. Cada vez vivimos más años y esta es una faceta en la que España ocupa un lugar muy destacado. Las mujeres españolas son las más longevas del mundo apenas por detrás de las japonesas. En el caso de los hombres, nuestro país también se encuentra en las primeras posiciones.
Este proceso de envejecimiento de la población está conformando lo que de denomina como pirámide de población invertida, en la que la principal masa poblacional se concentra en los estratos de mayor edad. La evolución se aprecia de forma muy clara si se observa gráficamente según datos del INE:
Este hecho tiene una serie de implicaciones importantes en la sociedad actual, como son un nivel digno de pensión pública, la sanidad de los mayores, la dependencia o cuidado de los ancianos.
Es especialmente importante la presión que esta situación genera en el sistema público de pensiones, en el caso de España un sistema de reparto en el que las pensiones de una generación en un momento dado del tiempo son sostenidas con las cotizaciones de los trabajadores que se encuentran en activo en ese momento.
La tasa de dependencia, en niveles mínimos
Esta relación entre personas en edad de trabajar (potenciales contribuyentes del sistema) y población inactiva se conoce como tasa de dependencia y es uno de los indicadores clave en la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Actualmente existen en España dos personas en edad de trabajar por cada persona inactiva, pero las proyecciones al año 2052 sitúan este ratio en el 100%, es decir, habrá casi una persona inactiva por cada persona en edad de trabajar.Según la OCDE, a mitad de siglo habrá en España los mayores de 65 años representaran un 78% del total de personas en edad de trabajar ( entre 20 y 65 años).
España duplicará su dependencia entre inactivos y activos en pocas décadas La tasa de dependencia es uno de los indicadores que con más claridad muestra el reto social y demográfico al que se enfrentan los países desarrollados. Con poblaciones en fuerte envejecimiento, cada vez hay menos cotizantes sosteniendo a cada persona inactiva.
Si acudimos a datos más concretos sobre cotizantes y perceptores de prestaciones, el resultado no deja de ser también preocupante. Según información del INSS a enero de 2020, justo antes del inicio de la crisis de COVID19 ( y por tanto sin tener e cuenta su impacto que ha agravado aún más la situación), existían en España algo más de 19,16 millones de afiliados a la Seguridad Social ( fuente SS), con 3,2 millones de perceptores de la prestación contributiva por desempleo, que se encuentran en alta a todos los efectos.
Por otro lado, enero de 2020 existan en España 8,9 millones de pensionistas que son beneficiarios de 9,8 millones de pensiones. Es decir, entre pensionistas y desempleados percibiendo la prestación contributiva sumaban 12,1 millones de españoles.
Esta situación es explicada por factores demográficos: incremento de la esperanza de vida al mismo tiempo que ha venido descendiendo de forma acusada la tasa de natalidad, lo que implica una menor incorporación de nuevos cotizantes al sistema. Pero también tiene una explicación macroeconómica, y es principalmente el importante desempleo estructural, con tasas que llegaron a ser en el momento álgido de la anterior crisis superiores del 26%, y una tasa actual en el entorno del 16% ( lastrada por el efecto de COVD19).
Un déficit de 16.793 millones de euros
La Seguridad Social cerró el año 2019 con un déficit de 16.793,3 millones de euros, que tiende a hacerse estructural en la medida que las reformas e introducidas no dejen ver sus efectos y no se produzca una recuperación sólida en los niveles de empleo.Además, debido al importante incremento de coste s derivado de COVID19 y la caida de ingresos por cotizaciones, se estima que cierre 2020 con un record histórico de 45.000 millones de euros.
Lógicamente estos desequilibrios no son sostenibles en el tiempo y son sin duda una amenaza para el futuro del sistema de pensiones. Prueba de ello es el agotamiento del fondo de reserva de las pensiones.
El reto es sin duda de gran magnitud y son necesarias futuras reformas adicionales para asegurar la sostenibilidad del sistema en unas condiciones demográfica y económicamente tan adversas. Entretanto, es tiempo de asumir que la responsabilidad del bienestar en la futura jubilación de los que se incorporan en estos tiempos al mercado laboral deberá estar sin duda más repartida entre el Estado y la previsión social. Disponer de ahorros en la jubilación puede marcar más que nunca la diferencia.
