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El Constitucional avala el fin de la “tercera paga” para los pensionistas abonada hasta 2012

El TC no considera inconstitucional la desaparición del pago único que compensaba las desviaciones en la actualización de las pensiones respecto al  IPC previsto.

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El Constitucional avala el fin de la “tercera paga” para los pensionistas abonada hasta 2012

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 1. La suficiencia económicas de la pensiones del sistema de la Seguridad Social

En la Constitución se reconoce la obligación de los poderes públicos de garantizar que las prestaciones de la Seguridad sean suficientes ante las situaciones de necesidad de los ciudadanos, reconociéndose expresamente en relación con las pensiones de jubilación.

Con el objeto de cumplir este mandato, el sistema de Seguridad Social ha revalorizado anualmente la cuantía de las pensiones, antes adecuándolas a los cambios del IPC, y ahora en función del denominado índice de revalorización.

Hasta 2012  se reconocía, además, un derecho de los pensionistas a recibir un pago anual que compensase la diferencia económica entre lo que se valoró como pérdida de capacidad económica en su inicio (el IPC estimado) y la pérdida que finalmente se tuvo (el IPC real). Lo que se conocía popularmente como una tercera paga que sea abona en abril del años siguiente para compensar las subidas del IPC más allá de lo previsto inicialmente.

2. La desaparición de la denominada “tercera paga”

El RDL 28/2012, de medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social dejo sin efecto desde el ejercicio 2012 la actualización de pensiones en relación con el IPC previsto inicialmente y el real. En concreto, se estimó una inflación de un 1% en 2012 y luego se constató que fue de Un 2,9%. Es decir, se eliminó la “tercera paga” alegando el déficit que sufría el sistema de la Seguridad Social.

3. La duda sobre la constitucionalidad del cambio en la revalorización

Aunque este problema no se suscita desde que la actualización sea hace conforme al índice de revalorización, sí se planteó si era contrario a la Constitución eliminar en 2013 la denominada “tercera paga” que se había generado en 2012 por 50 diputados de distintos Grupos Parlamentarios. Sus alegaciones fueron:

1.    Hay que respetar los mandatos constitucionales a los poderes públicos sobre el mantenimiento del valor de las pensiones, sin que el legislador pueda decidir lo contrario.

2.    Se atenta contra los derechos individuales de los ciudadanos de forma retroactiva: Era un derecho que se adquirió a lo largo de 2012 (mes a mes), y se decide no abonar ese coste en 2013. Se trata de un pago extraordinario cuyo derecho se va consolidando a lo largo de todo el año, con independencia de que materialmente se abonase ya entrado el año siguiente.

4. La declaración de la constitucionalidad de la desaparición de la tercera paga a los pensionistas por el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha entendido que con este cambio legislativo descrito no se atenta contra la Constitución.

Sus fundamentos son:

1.    Es el legislador quien, en cada momento, debe decidir cómo garantizar la suficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social que se proclama en la Constitución, de acuerdo con el contexto económico.

2.    La Constitución no obliga a que todas las pensiones causadas experimenten un incremento anual.

3.    La Ley no establecía la obligación de reconocer un pago para compensar el IPC previsto inicialmente y el IPC real, sino que solo remitía a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para que habilitase el gasto, en su caso, según las circunstancias  socioeconómicas.

4.    El pago de la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto tendría lugar el 31 de diciembre y sólo en ese momento podría hablarse de un derecho adquirido, ni de la vulneración del principio de irretroactividad.

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