El Estado español viene cubriendo, con las pensiones públicas, en torno al 80% del último salario antes de la jubilación (la llamada tasa de sustitución). Quizá por esa historia de protección que ha ofrecido a lo largo del tiempo, los españoles consideran que es el Estado el que tiene la mayor responsabilidad a la hora de garantizar unas pensiones dignas.
Así, al preguntar a los ciudadanos quién tiene la responsabilidad de que las personas tengan un nivel de recursos digno en el momento de retirarse de la vida laboral, el 90% señala al Estado, frente al 87% que lo hacía el año pasado, según la 2ª Encuesta sobre la Jubilación y los Hábitos de Ahorro realizada por el Instituto BBVA de Pensiones.
Así las cosas, la gran mayoría atribuye al Estado esa responsabilidad. Por edades, la menor atribución de esta responsabilidad al Estado queda patente entre los menores de 25 años, que confían más en una responsabilidad compartida, ante la conciencia de los retos que afronta el sistema y las dificultades de mantener el actual en un entorno con mayores retos demográficos.
Al hacer esta pregunta solo cuatro de cada 10 encuestados señaló al ciudadano como responsable de su futuro, mientras un 30% señala directamente a la empresa, frente al 37% que lo hacía un año antes.
¿Responsabilidad única?
De hecho, el 49% de los encuestados, uno de cada dos españoles, considera que el Estado es el que tiene la responsabilidad única y exclusiva sobre su futuro, sin concesiones a una responsabilidad compartida. Solo el 28% (un poco más que el año pasado) considera que esa carga debe ser compartida entre Estado, empresas y ciudadano, a tres bandas.
Solo un 8% cree que estado y empresas deben trabajar por un buen futuro en la jubilación; un 5% cree que la responsabilidad de hacerlo es solo del ciudadano, un 6% atribuye la responsabilidad a estado y ciudadano y un 3% señala a la empresa como única responsable de la situación en la jubilación. Solo el 1% se la atribuye al ciudadano y la empresa.
