La crisis económica ha puesto de manifiesto los
problemas de nuestro sistema público de pensiones. Al aumentar la tasa de paro, se ha reducido el número de afiliados a la
Seguridad Social. Pero los problemas del modelo de pensiones públicas español no se quedan ahí, hay problemas estructurales provocados por
nuestra preocupante tendencia demográfica.
Vivimos más años, por suerte, y esto hace también que aumente el número de pensionistas. La proyección del INE en esta materia nos llevará, casi, a
doblar el número de pensionistas para el año 2050. Esto, combinado con una baja tasa de natalidad, hacen que el sistema de reparto no sea sostenible en el medio y largo plazo porque hay cada vez más jubilados y no tantos trabajadores. En el año 2000 se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con el exceso de cotizaciones sobre prestaciones de los años de bonanza económica que aunque interesante no es suficiente.
Dada esta dinámica, el Fondo se encuentra materialmente agotado a ya a fines de 2020. Previendo todo ello, se procedió a reformas el sistema público de pensiones en 2011 y en 2013, introduciendo importantes cambios que afectaban, principalmente, a las siguientes cuestiones:
La edad de jubilación.
En segundo lugar, un aumento progresivo del período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación
En tercer lugar, un incremento del número de años de cotización para acceder al 100% de la pensión"
Por último, un mayor número de requisitos para acceder a la jubilación anticipada.
Además de esta reforma, el Gobierno encomendó
el análisis del Sistema de pensiones a un grupo de expertos. Su informe de junio de 2013 acentuaba dos medidas:
La primera medida es la introducción de la esperanza de vida como factor de sostenibilidad para el cálculo de las pensiones. Solo se aplicaría a los futuros jubilados. La segunda medida es cambiar el presente sistema de actualización de las pensiones, desvinculándolo del IPC. Se aplicaría a todos los pensionistas, presentes y futuros.
La primera medida es la introducción de la esperanza de vida como factor de sostenibilidad para el cálculo de las pensiones. Solo se aplicaría a los futuros jubilados. La segunda medida es cambiar el presente sistema de actualización de las pensiones, desvinculándolo del IPC. Se aplicaría a todos los pensionistas, presentes y futuros.
Sin embargo, estas dos últimas medidas parecen haber quedado definitivamente aparcadas en el anteproyecto de reforma que a implementarse entre finales de 2020 y principios de 2021 tras el reciente acuerdo del Pacto de Toledo.
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