Las nuevas pensiones entrantes en el sistema añaden una sobrepresión económica al sistema muy importante y la relación entre los salarios y las pensiones debería ser más realista.
Las tensiones en las cuentas de la Seguridad Social no son algo nuevo. Las prestaciones de los jubilados existentes se abonan a partir de las cotizaciones de los trabajadores en activo, y las segundas no consiguen cubrir las primeras:
- Por el lado de los ingresos existe el problema de la importante pérdida de empleos durante la actual crisis de COVID19 y la anterior crisis (la de 2008 y la de 2011) . Incluso con la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis anterior, las cotizaciones eran insuficientes dado que mucho del empleo se ha creado en condiciones de mayor precariedad, con menores salarios y por lo tanto menor nivel de contribución al sistema.
- Por el lado de los gastos existen dos factores: por un lado, la pensión media es cada vez más elevada, dado que las nuevas altas corresponden a trabajadores que han cotizado por bases de mayor cuantía. Por otro lado, las pensiones se abonan por periodos de tiempo cada vez más prolongados, dado el incremento de la longevidad que se está experimentando.
La Seguridad Social alcanzó en 2019 un déficit de 16.793,3 millones de euros o, lo que es lo mismo, el 1,34% del PIB. Para 2020, la estimación es que se cierre en un deficit record de 45.000 millones, un 4,5% del PIB, con una caida de la recaudación de cotizaciones del 3,8% ( debido a la caida del empleo, las bonificaciones por ERTE, cese de actividad autonomos y otros, derivados de la crisis de COVID19).
La tasa de sustitución de las pensiones
Este factor no es otra cosa que la relación entre la cuantía de la pensión de un individuo y su salario previo al acceso a la jubilación.
España tiene actualmente una de las tasas de sustitución más elevadas de los países de la OCDE y que para un salario medio es del 80%. Es decir, la cuantía de la pensión supondría en media un 80% del salario anterior a la jubilación. Según datos de la propia OCDE y teniendo en cuenta el esquema de pensiones obligatorio, la tasa media de los países pertenecientes a esta organización se sitúa en niveles del 52%.
¿Podrá España seguir manteniendo ese nivel de generosidad relativa en los años venideros?
Todo apunta a que no. Si bien las próximas reformas que está trabajando el Gobierno, en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo, no trabajan e esa línea sino en la de retrasar la edad de jubilación, es decir empezar a cobrar más tarde ( por ejemplo, acercar edad efectiva de jubilación a edad legal, a través de la penalización de ciertas jubilaciones anticipadas y de la mejora de los incentivos a la jubilación retardada, así a las formulas de compatibilizar trabajo y pensión). No obstante, las reformas puestas en marcha desde la pasada reforma, las pendientes de aplicar (como el factor de sostenibilidad, suspendido hasta 2023, que ajustaría la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida) y otras reformas futuras que se antojan necesarias, todas encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema, irán tendiendo probablemente a hacer converger la tasa de sustitución actual a la de nuestros países vecinos. Cobrará entonces más importancia si cabe la planificación privada de la jubilación para poder cubrir ese ámbito que la pensión pública parece que dejará de cubrir.
