En un momento en el que España realiza reformas paramétricas de su sistema público de pensiones (Las reformas pasadas y presente: ¿Qué son los cambios paramétricos?) para hacerlo sostenible y más fuerte, Carmelo Mesa-Lago, catedrático emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh y autor de numerosas obras sobre reformas de pensiones en el mundo, nominado al Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales de 2014, recuerda en un artículo publicado en El País, que hay otra alternativa: las reformas "estructurales" que cierran el sistema público y lo transforman, total o parcialmente, en privado. Un ejemplo que se ha dado en países de todo el mundo a lo largo de las últimas décadas, comenzando por la privatización de las pensiones en 1981 en Chile y extendiéndose a 23 países, 11 de ellos de Iberoamérica.
"Los sistemas públicos se caracterizan por prestación definida (establecida por ley), financiación por reparto (con solidaridad intergeneracional) y gestión pública, mientras que los sistemas privados se distinguen por la cotización definida (porque se asume que no cambia en el tiempo), capitalización individual mediante cuentas individuales de ahorro, propiedad del asegurado, y administración privada con fines de lucro", recuerda el autor.
La privatización de los sistemas de pensiones latinoamericanos siguió modelos diferentes: el autor analiza cómo Bolivia, Chile, El Salvador, México y República Dominicana aplicaron un sistema "sustitutivo" que cerró el sistema público y lo remplazó por el privado. Mientras, Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay tomaron un modelo "mixto" de dos pilares, que contemplaba una pensión sufragada por el pilar público y otra por el pilar privado. Colombia y Perú implementaron un modelo "paralelo" en que los sistemas público y privado compiten entre sí. En total, nueve países retuvieron sistemas públicos: Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
El autor analiza los pros y los contras de la privatización de los sistemas de pensiones. En el aspecto positivo, destaca que "la mayoría de las reformas estructurales fue exitosa en reforzar el vínculo entre los montos de la cotización y la pensión, mejorar la eficiencia en la administración de las cuentas individuales e informar su saldo al asegurado, reducir el antes dilatado y engorroso otorgamiento de las pensiones, ahorrar un capital sustancial en los fondos y generar rendimientos adecuados".
Pero también destaca varios puntos negativos, porque "la generalidad de las reformas no cumplió sus propios presupuestos ni tampoco los principios de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): No funcionó el pregonado paradigma universal aplicable a todos los países independientemente de sus notables diferencias económicas y sociales. No logró cubrir a la mayoría de la fuerza laboral porque el sistema privado es adecuado para un mercado laboral urbano formal, pero en la región predomina el sector informal", son dos de las ocho implicaciones negativas que menciona en su artículo.
Además, destaca que los fallos de implantación y la no resolución de los problemas de fondo hicieron que, con la crisis, los problemas se agravaran, lo que obligó a introducir nuevas reformas entre 2008 y 2010: "Tres países introdujeron diversas reformas (re-reformas) de gran calado de sus sistemas privados, pero todas reforzando el papel del Estado: Chile mantuvo, pero mejoró, dicho sistema, mientras que Argentina y Bolivia lo cerraron y transfirieron todos sus fondos y asegurados al sistema público. Así que quedan nueve países con sistemas privados y once con públicos".
El experto habla también en su artículo de otras reformas, ya implantadas o planeadas, en Uruguay, México, El Salvador, Costa Rica, Colombia o República Dominicana. Y habla de la necesidad de implantar cambios también en los países con sistemas públicos de pensiones. Por eso cree que "no hay panacea, cada país debe aplicar la reforma paramétrica o estructural que considere adecuada a sus características económico-sociales, la cual debe ser precedida de un amplio debate social y estudios actuariales, con la mira puesta en la mejora de los principios de la seguridad social y combinando aspectos sociales y sostenibilidad financiera".
