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Los pasos a dar para cobrar la pensión pública y el plan de pensiones privado

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06 de noviembre de 2013 | 00:00 Instituto BBVA de PENSIONES Artículo

Los pasos a dar para cobrar la pensión pública y el plan de pensiones privado

En el primer caso, es necesario demostrar que se cumplen los requisitos para acceder a la prestación y en el segundo, documentar ante la gestora o la comisión de control (si es un plan de empleo) la contingencia de jubilación.

Ha llegado mi jubilación y quiero cobrar tanto la prestación pública que me corresponde como rescatar, total o parcialmente, mi plan de pensiones privado. ¿Qué pasos tengo que dar?

Los trámites para cobrar la pensión pública

Para iniciar los trámites de acceso a la pensión pública, lo primero que hay que hacer es dirigirse a los centros de atención e información de la Seguridad Social de la ciudad en la que se encuentren. ¿Cómo y cuando solicito mi pensión pública? La gestión y el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, excepto los trabajadores incluidos en el campo de aplicación del régimen especial del mar que corresponde al Instituto Social de la Marina (lugar al que habrán de dirigirse dichos trabajadores). Para decidir cuál es el centro más cercano, existe un listado en la página web de la Seguridad Social: www.seg-social.es. El horario habitual de atención presencial es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

La documentación que deben presentar para el trámite de la pensión está detallada en un modelo de solicitud que tiene la Seguridad Social en su página web. La solicitud de pensión de jubilación puede presentarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha del cese en el trabajo. En este caso, los efectos económicos de la pensión se producen a partir del día siguiente a la fecha de cese en la actividad para los trabajadores en situación de alta. Si no han cumplido los plazos y la solicitud se presenta más tarde de tres meses, la prestación se devengará con una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación. Para los trabajadores en situación asimilada a la de alta (por ejemplo, personas desempleadas) o que no estén en alta, los efectos económicos entran en vigor al día siguiente de la solicitud, excepto en algunas situaciones asimiladas al alta que es cuando se produzca el hecho causante.

La tramitación de la pensión de jubilación deberá resolverse y notificarse al interesado en un plazo máximo de 90 días. El plazo actual medio, según los datos del Ministerio, es de 19 días. A partir de ese momento, comienza el cobro de la pensión pública, según indica la Seguridad Social en su página web.

Los trámites para cobrar el plan de pensiones

Los planes de pensiones son productos financieros ilíquidos, lo que supone que el partícipe no puede disponer libremente de las cantidades aportadas. Los derechos consolidados en los planes de pensiones solo podrán hacerse efectivos, en su totalidad o en parte, en los supuestos de enfermedad grave, deshaucio de la vivienda (Ya se puede rescatar el plan de pensiones privado en caso de desahucio de la vivienda ) o desempleo de larga duración. Si no es el caso, las contingencias susceptibles de ser cubiertas por los planes de pensiones, que dan derecho al cobro de las prestaciones, son las de jubilación, incapacidad laboral total y permanente para el ejercicio de la profesión o absoluta para todo trabajo y gran invalidez, fallecimiento o dependencia severa y gran dependencia del partícipe.

Para cobrar todo o parte del plan de pensiones, o determinar una forma de cobro progresivo en forma de renta periódica (¿Qué tengo que valorar antes de cobrar mi plan de pensiones? ), lo primero que ha de hacer el partícipe es comunicar a la gestora del plan de pensiones la contingencia por la que se quiere rescatar el plan de pensiones. Supongamos que es la jubilación.

La documentación acreditativa para cada contingencia será la siguiente: en todos los casos se necesita aportar una fotocopia del DNI, por ambas caras y el certificado correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social acreditativo que le ha sido reconocida la situación en la que esté y con la fecha efectiva de ese reconocimiento. Así, para la jubilación ordinaria, será el certificado de la condición de jubilado; para la jubilación parcial, la de la condición de jubilado parcial; para el caso de anticipo de jubilación a partir de los 60 años, la acreditación de cese de toda actividad, así como no requerir a la fecha de la solicitud los requisitos para la obtención de la prestación de jubilación; en los casos de no poder acceder a una pensión de jubilación, el certificado acreditativo de dicha imposibilidad; en el caso de anticipo de jubilación por ERE, el certificado expedido por la autoridad laboral competente, acreditativo de haber causado baja laboral en la empresa, como consecuencia de un expediente de regulación de empleo y el certificado del Servicio Público de Empleo Estatal y organismo público competente acreditativo de su condición de desempleado como consecuencia de un expediente de regulación de empleo.

Una vez acaecida la contingencia, su comunicación mediante la acreditación de la documentación pertinente ante la entidad gestora o depositaria (comercializadora en su caso) o promotora del plan de pensiones y, para el caso de los planes de empleo y asociados, ante la comisión de control del plan, la entidad deberá reconocer esa situación. El reconocimiento del derecho a la prestación deberá ser notificado al beneficiario mediante escrito firmado por la entidad gestora, dentro del plazo máximo de quince días hábiles desde la presentación de la documentación correspondiente, indicándole la forma, modalidad y cuantía de la prestación, periodicidad y vencimientos, formas de revalorización, posibles reversiones, y grado de aseguramiento o garantía, informando en su caso del riesgo a cargo del beneficiario, y demás elementos definitorios de la prestación, según lo previsto en las especificaciones o de acuerdo a la opción señalada por aquél.

Si se tratase de un capital inmediato, deberá ser abonado al beneficiario dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que se presente la documentación. La prestación deberá ser abonada al beneficiario previsto o designado, salvo que mediara embargo, traba judicial o administrativa.

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