Este documento plantea siete grandes preguntas en torno a la historia y el rendimiento del Pacto de Toledo, enfocando la atención en su capacidad de alumbrar la reforma de las pensiones que necesita nuestro país para generar confianza entre los actuales y los futuros pensionistas, así como también entre nuestros socios europeos y la comunidad internacional.
Según los autores, esa capacidad depende, en buena medida, de que el Pacto redefina su modus operandi y asuma tareas hasta ahora descuidadas, como la de trasladar a los ciudadanos información accesible y sólida sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, su evolución en los próximos años y las implicaciones en términos de equidad, suficiencia y sostenibilidad financiera que tendrían las distintas opciones de reforma.
Durante sus 25 años de historia, el Pacto de Toledo se ha consolidado como símbolo de consenso político y compromiso con el mantenimiento del sistema público de pensiones. Ese consenso y ese compromiso han de activarse ahora para dar soporte a la reforma de las pensiones que precisa el sistema para poder seguir garantizando prestaciones públicas seguras (viables) y justas (con respecto a los esfuerzos de cotización realizados por los propios pensionistas y a sus necesidades, pero también a los esfuerzos y las necesidades del resto de generaciones).
Según José Antonio Herce y Elisa Chulía, al Pacto de Toledo le corresponde crear las condiciones para que los responsables institucionales y los interlocutores sociales acuerden cuanto antes una reforma de las pensiones que establezca, a medio plazo, las bases para la sostenibilidad, la suficiencia y la equidad inter e intra generacional de las pensiones. Esa reforma debería ir más allá de los retoques de ciertos parámetros, con la ambición de crear un nuevo sistema de pensiones propio de la sociedad y la economía del siglo XXI, que responda de una manera integral, y lo más clara posible para todos los ciudadanos, a los importantes cambios demográficos, productivos, tecnológicos y de estilos de vida que se han producido en las últimas décadas.
Asimismo, el Pacto de Toledo podría prestar dos inestimables servicios más. En primer lugar, podría impulsar y supervisar una amplia campaña institucional de información sobre los retos que afronta la Previsión Social en nuestro país, tanto pública como privada (complementaria). Por otra parte, podría favorecer que el proceso de reforma avance adecuadamente, facilitando la interacción ágil y eficaz entre comisiones técnicas y grupos de trabajo, y haciendo un seguimiento leal, aunque no acrítico, de los progresos que se vayan consiguiendo.
¿Qué más puede hacer el Pacto de Toledo? De la “reforma permanente” a la Covid-19
