No hay duda de que las pensiones conforman uno de los principales retos económicos y sociales de nuestro país durante las próximas décadas. Bastan unos datos para comprenderlo: La nómina mensual de pensiones supera ya en España los 9.000 millones de euros, con tasas de crecimiento interanual en el entorno del 3%. El déficit anual de la Seguridad Social, es decir, la diferencia entre lo que se recauda vía cotizaciones y lo que se paga por prestaciones supera los 19.000 millones de euros, aproximadamente el 1,8% del PIB. La pensión media de jubilación supera los 1.100 euros mensuales, mientras que el número de pensionistas pasará de los aproximadamente 9 millones de 2018 a más de 15 millones en 2050.
Además, en 2022 comenzará la jubilación de la generación más numerosa de la historia de España, conocida como “generación del baby boom”. No solo incrementarán el número de jubilados, sino que además elevarán la cuantía de la pensión media del sistema, dado que es una generación que ha cotizado por bases más elevadas.
¿El futuro del gasto en pensiones? Dependerá de diversas variables, como productividad, demografía o empleo, como se muestra en el siguiente gráfico de FEDEA.
Ante esta circunstancia, y más allá de que desde foros como el Pacto de Toledo se trabaje en llegar a acuerdos que puedan conducir a reformas profundas que garanticen la sostenibilidad del sistema para las próximas generaciones, parece necesario incorporar nuevas fuentes de financiación a las pensiones.
¿Existe margen para detraer recursos de otras partidas para destinarlo a las pensiones? No mucho. Más del 60% del gasto público total se destina a protección social, educación y sanidad. Sumando el pago de intereses de la deuda pública, se concluye que Estado de Bienestar y gasto dedicado a satisfacer intereses suponen casi 3 de cada 4 euros del gasto público total. El resto, debe cubrir otros gastos del Estado como defensa, vivienda, cultura o seguridad.
Sin embargo, el incremento del gasto en pensiones y sanidad se ha efectuado en detrimento de otras partidas de gasto, como educación o cultura, según se desprende de un estudio reciente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). ¿La razón? Aumenta el gasto en pensiones (44.700 millones de euros entre 2008 y 2017, incluyendo pensiones de nivel no contributivo), pero no aumenta el gasto público en relación al PIB, lo que lleva a tener que recurrir al ajuste en otras partidas de gasto. Entre 2008 y 2017, el gasto en pensiones ha pasado del 24% al 32% del PIB, mientras que el resto de partidas ha visto reducido su presupuesto, en el mismo periodo, en 26.000 millones de euros.
El equilibrio entre pensiones y crecimiento
Esta estrategia, volcada en solucionar tensiones en el corto plazo, puede poner en riesgo el potencial de crecimiento a largo plazo, al penalizar sectores estratégicos como, por ejemplo, el de la educación. No olvidemos que invertir en educación es invertir en crecimiento futuro, y España actualmente cuenta con un gasto en educación notablemente inferior al de países de su entorno, que no llega al 10% del PIB, y que además se ha visto reducido más de un 1% en la última década.
Asegurar las pensiones es una necesidad y un derecho de los jubilados, actuales y futuros. Pero para asegurar las de estos últimos es necesario mantener una economía pujante y competitiva, lo que pasa por invertir en educación o en I+D. El gran reto de la sociedad es garantizar unas pensiones suficientes para todos, jubilados actuales y venideros.
