Los sistemas de pensiones de reparto, como es el caso de España, se basan en un contrato intergeneracional implícito entre trabajadores y pensionistas. Un contrato que, además de ser sostenible a lo largo del tiempo y proporcionar pensiones suficientes, debe ser también equilibrado y eficiente. Sin sostenibilidad no puede asegurarse la suficiencia. Sin equilibrio intergeneracional y sin eficiencia se puede poner en peligro la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones.
Unas condiciones demográficas y económicas favorables permiten no tener que preocuparse por estas cuestiones. Al contrario, cuando el empleo crece más que el número de pensionistas y la productividad por encima de la pensión media, resulta fácil mantener un sistema de prestación definida con elevadas tasas de reemplazo (pensión sobre último salario) y de prestación (pensión media sobre salario medio). Si durante años los ingresos superan los gastos, es difícil no caer en la tentación de aumentar la generosidad del sistema con pensiones muy superiores a lo cotizado a lo largo de la carrera laboral, como ha pasado en España. Desde 1995 la tasa de prestación ha aumentado unos 20 puntos porcentuales, hasta el 64,2% del salario medio en 2016, siendo la tercera más alta de la UE y casi 20 puntos por encima de la media europea (Comisión Europea, 2018).
El problema surge cuando este esquema piramidal empieza a tambalearse porque la demografía deja de ser favorable y porque el crecimiento de la productividad es inferior al de la pensión media, como ocurre en España. Tras una intensa crisis económica y a pesar de recaudar en 2017 más que en 2008 con un millón menos de afiliados, el gasto creciente en pensiones ha abierto una enorme déficit equivalente a mil euros anuales por afiliado. La jubilación de la generación del baby boom y el valioso aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años (19,4 años en hombres y 23,6 años en mujeres, que aumenta a razón de más de un año por década) seguirán aumentando la presión sobre el gasto.
Todas las proyecciones demográficas (INE, Eurostat o AIReF) indican que la tasa de dependencia se duplicará en tres décadas. Según las proyecciones de la Comisión Europea (2018), mantener el sistema de pensiones sin cambios exigiría aportar ingresos por valor de 6,3 puntos del PIB anuales en este horizonte temporal. Esta cantidad es equivalente al 115% de lo que recaudó el IVA en 2017, a un 95% del IRPF o a unos 4.000 euros anuales por afiliado. Este enorme coste impositivo pondría en peligro el crecimiento del empleo, de la innovación y de la productividad, y haría recaer sobre los trabajadores y resto de contribuyentes todos los riesgos demográficos y económicos futuros, en un intento de blindar las prestaciones. Una estrategia que en algunos países europeos ha sido contraproducente, generando una crisis fiscal y menores pensiones. Para poner en perspectiva el coste de esta arriesgada estrategia solo basta fijarse en el debate actual sobre el aumento de las bases máximas de cotización y de autónomos, en una cuantía que apenas suponen dos o tres décimas del PIB.
La mejor solución es ir aumentando la edad de jubilación y transitar a sistemas de contribución definida, como han hecho otros países. Con mecanismos automáticos y muy graduales de ajuste de la pensión inicial se blinda el sistema a cualquier escenario y se garantiza un mayor equilibro en el reparto de esfuerzos entre generaciones y dentro de ellas. Aquellos países que mejor lo han hecho han implantado gradualmente un sistema de reparto con cuentas nocionales individuales, en el que las pensiones pueden actualizarse con la inflación. Las cotizaciones sociales se ven como una forma de ahorro y no como un impuesto, favoreciendo el crecimiento del empleo y de la productividad. Todo ello redunda a largo plazo en una redistribución equilibrada entre generaciones y en pensiones mayores, aunque las tasas de reemplazo y prestación sea inferiores como consecuencia de la disminución del ratio de cotizantes sobre pensionistas. Además de contributivo, el sistema es progresivo. Cuando la pensión contributiva no llega a la pensión mínima se complementa con financiación de impuestos suficientemente amplios (IRPF o IVA) y se detalla con transparencia, para poner en valor la solidaridad existente.
En definitiva, para mejorar un pilar básico del Estado de bienestar como es el sistema de pensiones es necesario buscar un equilibrio que reparta equitativamente renta entre los pensionistas, trabajadores y contribuyentes, tanto actuales como futuros. El diseño, la contributividad y la eficiencia del sistema de pensiones afecta a la inversión, al empleo, a la captación de talento, a los salarios y al crecimiento económico, por lo que en última instancia también contribuye a mejorar simultáneamente el nivel de vida de los futuros pensionistas y del conjunto de la sociedad.
Rafael Doménech es responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research.
