En las últimas semanas se ha vuelto a intensificar el debate sobre el ahorro privado como instrumento complementario de las pensiones públicas. Aunque es un tema de discusión y análisis permanente, el motivo reciente ha sido el real decreto que permitirá rescatar el importe de los planes de pensiones a los 10 años.
Con buen criterio, los distintos gobiernos españoles han incentivado, con mejor o peor fortuna, el ahorro privado para la vejez, una práctica habitual en los países avanzados por tres razones.
Primera, en las economías de libre mercado el ahorro privado es un componente fundamental del ahorro nacional y atentaría contra la libertad individual dificultar las decisiones de los individuos sobre las rentas que quieren disponer en la vejez. La crítica de que los incentivos al ahorro privado para la jubilación persiguen privatizar el sistema público de pensiones no tienen sentido. Basta con diseñar un buen sistema de reparto y, simultáneamente, incentivar el ahorro en sistemas complementarios de capitalización, permitiendo que la gestión sea pública o privada, como ocurre por ejemplo en Suecia.
Segunda, la experiencia de otros países y la opinión de los contribuyentes españoles indica que es poco razonable esperar que la única renta en la jubilación sean las pensiones públicas para la mayoría de los ciudadanos. Con los últimos datos disponibles de la Comisión Europea, en el conjunto de la UE la pensión media de jubilación representaba en 2013 el 45,5% del salario medio. En España esta tasa de reemplazo era del 65,4%, la segunda más alta en la UE. Puesto que los salarios determinan la base de las cotizaciones a la Seguridad Social y como el sistema público de pensiones es de reparto (el gasto en pensiones se financia con los ingresos corrientes), el equilibrio presupuestario del sistema a largo plazo da lugar a un dilema inevitable. Para atender el aumento desde los 9,5 millones de pensiones actuales hasta los 15 previstos en 2050 sin cambiar el sistema actual, necesitaríamos que los cotizantes aumentaran desde los casi 18,5 millones de afiliados actuales a algo más de 27 millones. Un aumento muy poco probable con las tendencias demográficas previstas. Lo que no pueda cubrirse con más empleo solo podrá ajustarse con más impuestos (es decir, menor renta disponible para las generaciones futuras) o con un menor crecimiento de las pensiones en relación a los salarios. Dadas las reservas de los contribuyentes a los aumentos de la presión fiscal que serían necesarios, resulta razonable compensar la probable disminución de la tasa de reemplazo con más ahorro durante la carrera laboral, para complementar la pensión en el periodo de jubilación.
Tercera, si hasta el presente el ahorro para la vejez ha sido insuficiente a nivel agregado, el aumento de la esperanza de vida y las tendencias demográficas agravarán este problema en el futuro. Desde hace años numerosos estudios (por ejemplo, los trabajos de David Laibson) han demostrado la preferencia individual a la gratificación inmediata con un mayor consumo presente y a posponer al futuro las decisiones de ahorro para la vejez. Por esta razón, durante años Richard Thaler, premio Nobel de Economía por sus trabajos en economía del comportamiento, ha defendido la idea de motivar a los trabajadores con pequeños "empujones" para adherirse automáticamente a planes de ahorro para la jubilación. A diferencia de España, algunos países ya han puesto estos planes, lo que ayuda a explicar que el ahorro acumulado en planes privados de pensiones en 2016 fuera del 50% del PIB en la media de países de la OCDE, frente al 14% de España.
La reciente reforma que permite rescatar los planes de pensiones al cabo de 10 años puede ser un pequeño "empujoncito" para fomentar el ahorro para la vejez, aunque facilita que se utilice el ahorro acumulado antes de la jubilación, buscando una recompensa inmediata y posponiendo al futuro nuevamente la decisión de ahorrar. Incluso si el balance neto termina siendo positivo, falta mucho por hacer. Otras economías avanzadas han sido más ambiciosas y nos enseñan desde hace años el camino a seguir.
Como han hecho Suecia y otros países europeos, hay que mejorar la contributividad y transparencia del sistema introduciendo cuanto antes cuentas individuales (nocionales) de reparto, que tengan en cuenta toda la carrera laboral. Y asegurar la progresividad mediante pensiones mínimas con una capacidad adquisitiva blindada, que garanticen la suficiencia cuando no se haya cotizado y ahorrado lo necesario. Adicionalmente, como en esos países, es preciso introducir cuentas de capitalización de adhesión automática, con aportaciones de trabajadores y empresas en las que vayan trabajando a lo largo de sus carreras laborales, independientemente de que su gestión sea pública o privada.
Cuanto más ambiciosos seamos con estas reformas mejor servicio prestará el sistema público de pensiones como pilar fundamental del Estado de bienestar.
Rafael Doménech es responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research
