En posts anteriores, hemos descrito con detalle los tres grados de dependencia que reconoce el SAAD, junto a su proceso de valoración, los cuales tratan de revelar la necesidad de ayuda que la persona con limitaciones en su autonomía precisa para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Asimismo, también se ha analizado en profundidad el catálogo de prestaciones de dependencia, describiendo las prestaciones de servicios (desagregadas en servicios de atención residencial, centros de día/noche y servicio de ayuda a domicilio), y prestaciones económicas (como son la prestación económica vinculada al servicio, de asistencia personal y para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales).
Según la información recogida en las estadísticas del SAAD ofrecidas por la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO, se observa una importante heterogeneidad de distribución de prestaciones tanto en función de la comunidad de residencia como del grado de dependencia. La media nacional, teniendo en cuenta todas las prestaciones de manera conjunta, revela que el peso de las prestaciones de servicios en su conjunto ha aumentado un 10% desde 2009 (37%) hasta alcanzar el 47% de las prestaciones concedidas en 2019. La comunidad que mayor peso inicial confirió a las prestaciones de servicios fue la Comunidad de Madrid (80%) seguida del País Vasco (51%) en 2009. Diez años después el liderazgo de prestaciones de servicios lo ostenta La Rioja (70%), seguida de Galicia (64%) y Andalucía (62%). En términos generales, la tendencia mayoritaria de las distintas regiones ha sido la de incrementar el peso de sus prestaciones de servicios siguiendo la tendencia nacional. En este sentido, las CCAA que mayor incremento han realizado han sido Ceuta y Melilla, Galicia, La Rioja, Andalucía y Castilla-La Mancha con un aumento del porcentaje de los servicios del 29%, 28%, 26%, 24% y 23% hasta llegar a un peso final de los mismos del 46%, 64%, 70%, 62% y 59%, respectivamente. Por el contrario, destacan con tendencia opuesta, reduciendo el protagonismo de los servicios, las comunidades de Madrid y Valenciana junto a Canarias, donde dicho protagonismo se ha visto reducido en favor de las prestaciones económicas en un 21%, 18% y 8% hasta alcanzar un peso final de las prestaciones en especie del 59%, 22% y 38%, respectivamente.
Por el lado de las prestaciones económicas, el aumento del protagonismo de los servicios en especie citado anteriormente del 10% se ha realizado a costa de la disminución del mismo porcentaje en estas prestaciones, cuya tendencia igualmente ha sido generalizada. Las comunidades que en 2009 concedieron clara preferencia a la asignación de prestaciones económicas fueron la Región de Murcia (93%), Navarra (86%), Aragón (85%) y Ceuta y Melilla (84%). Una década más tarde, los primeros puestos de asignación de prestaciones económicas lo copan Navarra (79%), Comunidad Valenciana (78%), Islas Baleares (76%) y Extremadura (73%). Durante el transcurso de estos diez años, las Comunidades y Ciudades Autónomas que mayor reducción han llevado a cabo de prestaciones económicas han sido Ceuta y Melilla (29%), Galicia (28%), La Rioja (26%) y Andalucía (24%), quedándose en un peso final del 54%, 36%, 30% y 38%, respectivamente. Con tendencia opuesta se encuentran las comunidades de País Vasco, Canarias, Extremadura e Islas Baleares, que han incrementado el peso de las prestaciones económicas en un 13%, 8%, 7% y 5%, hasta un peso específico final del 61%, 62%, 73% y 76%, respectivamente.
Tal y como hicimos en el post anterior, la conjunción de tipo y naturaleza de prestación con grado de dependencia junto a la comunidad de residencia sólo se ve recogida en una publicación ofrecida por el IMSERSO en enero de 2011. Dicha publicación ofrece información completa y pública, y contiene información relativa a los grados II y III de dependencia (puede consultarse en el siguiente documento).
En el grado de dependencia severa o grado II, las comunidades que en la fecha citada otorgaban mayor peso a las prestaciones de servicios eran la Comunidad de Madrid (74%), Islas Canarias (66%), Comunidad Valenciana y Galicia (44%), País Vasco (43%) y Andalucía (42%), mientras que en términos de prestaciones económicas encabezaban las regiones de Aragón (88%), Murcia (85%), Islas Baleares (84%), Ceuta y Melilla (83%) y Extremadura (83%), asignando más de ocho de cada diez prestaciones.
En el caso del grado III o gran dependencia se repetían patrones de comportamiento. La Comunidad de Madrid (75%) encabezaba el peso conferido a las prestaciones en especie, seguida con importante distancia por País Vasco (50%), Asturias (44%), Islas Canarias (42%), Comunidad Valenciana (42%) y Cantabria (41%). Por otra parte, en Murcia (86%) y Ceuta y Melilla (80%) ocho de cada diez prestaciones eran de naturaleza económica, seguidas de Aragón (78%), Navarra (74%), Islas Baleares y 73%) y Cataluña (70%).
Profundizando un poco más en detalle por tipo de prestación y grado de dependencia, podemos encontrar las siguientes descripciones. Dentro del grado II, Andalucía (33%), Comunidad de Madrid (28%), Galicia (25%), y La Rioja (22%) lideraban las prestaciones del servicio de ayuda a domicilio, mientras que Islas Canarias (37%), Comunidad de Madrid (22%), País Vasco (14%) y Asturias (11%) hacían lo propio en los centros de día / noche. El servicio de atención residencial para este grado era especialmente promulgado en Comunidad Valenciana (36%), seguida de Islas Canarias (29%), Comunidad de Madrid (24%) y País Vasco (16%). Dentro de las prestaciones económicas, la prestación diseñada para los cuidados informales y cuidadores no profesionales era especialmente reconocida en Murcia (82%), Islas Baleares (81%), Ceuta y Melilla (76%) y Cantabria (72%). Por su parte, la prestación económica vinculada al servicio, había obtenido más protagonismo en Extremadura (29%), Castilla León (19%), Aragón (18%) y Navarra (11%), mientras que en la fecha indicada no se había concedido ninguna prestación económica de asistencia personal en este grado.
Respecto al grado III, nuevamente Andalucía (18%) lideraba la asignación de prestaciones de servicio de ayuda a domicilio, seguida en este caso de La Rioja (16%), Galicia (14%), y Castilla-La Mancha (11%). En términos de institucionalización, los centros de día y noche eran mayormente asignados en las comunidades de Islas Canarias (16%), Comunidad de Madrid (15%), País Vasco (11%) y Cantabria (9%), mientras que la atención residencial era mayoritariamente utilizada por la Comunidad de Madrid (46%), Comunidad Valenciana (36%), Asturias (28%) y Cantabria (27%). En cuanto a las prestaciones económicas, la prestación que reconoce formalmente la presencia del cuidado informal era muy ampliamente asignada en Murcia (81%) y Ceuta y Melilla (74%), seguidas de Islas Baleares (67%) y Andalucía (59%). De manera complementaria, la prestación vinculada al servicio se reconocía en mayor medida en Extremadura (27%), Castilla León (25%), Aragón (23%) y Navarra (21%). Por último, la prestación económica de asistencia personal era utilizada exclusivamente por País Vasco en este grado, con un residual 3% del total de prestaciones.
Respecto al menor grado de severidad o grado I de dependencia, quisiéramos señalar que con fecha posterior al 1 de enero de 2014 no se permite asignar una prestación de atención residencial, así como tampoco financiar un servicio de atención residencial que se encuentre provisto dentro de la prestación económica vinculada al servicio.
Estas cifras reflejan las diferentes orientaciones en el establecimiento de prioridades y políticas de las distintas regiones en España. Dada la heterogeneidad existente, no se puede hablar de un modelo único, sino de diferentes adaptaciones del marco general. Ello tiene sentido puesto que las necesidades de la población, las redes existentes de los sistemas de cuidados previas al SAAD, la dispersión geográfica y elementos demográficos, entre otros, también eran dispares entre regiones en el nacimiento de la Ley de Dependencia. Por otra parte, la evolución de la composición de las prestaciones con el paso del tiempo se ha orientado más a los servicios. Ello es coherente con la filosofía inherente a la ley, la cual fue concebida como una ley de servicios, considerando que la prestación económica ligada al cuidado informal debía ser excepcional. La rápida aparición de la crisis económica denominada Gran Recesión (2008-2014) y su efecto sobre las arcas públicas, amén de la situación de empobrecimiento de las familias españolas en dicha etapa, sin duda puede explicar una buena parte del fuerte peso de este tipo de prestaciones en los años siguientes a la promulgación de la Ley. La evolución observada en los últimos años parece acompasarse más con la filosofía inicial, si bien la actual situación económica y los efectos del SARS-CoV-2 en las residencias de mayores abre nuevas incógnitas sobre la evolución de la composición de las prestaciones y sobre su generosidad en los próximos años.
(*) Juan Oliva, Luz Mª Peña Longobardo y Raúl del Pozo Rubio son profesores del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial interés en el impacto económico de las enfermedades, el uso de la evaluación económica aplicada a la toma de decisiones Y el análisis de los cuidados de larga duración.
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