Ha pasado de ser un hábito saludable a convertirse en prácticamente una obligación para todo aquel que desee disfrutar de una futura jubilación desahogada. Las pensiones del futuro no van a proporcionar el grado de cobertura de ingresos que conocemos hasta la fecha y la única forma de complementar los ingresos en la jubilación pasará por disponer de un nivel de ahorro que nos permita generar unas rentas durante 20 o más años, que será lo que vivamos como jubilados.
Éste es un diagnóstico en el que existe unanimidad entre los expertos y que se puede cuantificar de forma sencilla de la siguiente manera: la pensión pública en España cubre actualmente, en media, casi un 80% del último salario que disfruta el trabajador. Esta tasa caerá hacia mediados de siglo a niveles inferiores al 50%. A este cociente se le conoce como tasa de sustitución y es uno de los factores más indicativos de la suficiencia de un sistema de pensiones.
Cómo canalizar el ahorro para la jubilación
Asumida esta importante tarea, es necesario ponerse manos a la obra con dos premisas: comenzar con la mayor antelación posible y ser muy constante en el ahorro.
¿Cómo llevarlo a cabo? Existen diversos vehículos a través de los que canalizar este ahorro, pero destacan por sus características cuatro:
Planes de pensiones y planes de previsión asegurados
Son productos de ahorro previsional a largo plazo específicamente diseñados para el ahorro para la jubilación, por lo que su liquidez está restringida. No obstante, permiten el rescate en determinadas situaciones especiales, como enfermedad grave, desempleo o incapacidad laboral. Como medida para incentivar este ahorro, permiten, hasta el año 2020, desgravar en IRPF las aportaciones anuales hasta un máximo de 8.000 euros, lo que genera un importante ahorro fiscal. Actualmente, se esta trabajando en bajar la deducción hasta 2.000 euros para a partir de 2021.
Planes de pensiones y planes de previsión asegurados son productos con funcionamiento similar. La principal diferencia es que los planes de pensiones se instrumentalizan en fondos de pensiones mientras que los planes de previsión asegurados lo hacen en contratos de seguro.
PIAS
Los planes individuales de ahorro sistemático son planes de ahorro a largo plazo instrumentalizados en forma de un seguro de vida y que permiten al asegurado de manera sencilla, cómoda y segura la formación de ahorro para la jubilación.
Permiten realizar aportaciones periódicas y extraordinarias hasta un máximo de 8.000 euros anuales, límite independiente al de planes de pensiones y planes de previsión asegurados, y un máximo global de 240.000 euros por ahorrador. A diferencia de los anteriores, el dinero ahorrado en PIAS se encuentra disponible en todo momento.
La aportación no goza de beneficios fiscales, si bien si el rescate se produce transcurridos al menos 5 años desde la primera aportación y con él se constituye una renta vitalicia, los rendimientos quedan exentos de tributar. Además, es importante recordar que las rentas vitalicias permiten eximir de tributación hasta un 92% de la renta (en caso de aquellos que en el momento de su constitución tengan al menos 70 años).
Fondos de inversión
Los fondos de inversión aportan ventajas como su gran liquidez, gestión profesionalizada, amplio espectro de fondos con políticas de inversión en las que puede encajar cualquier inversor desde el más conservador hasta el más decidido, y la exención de tributar cuando se traspasan las participaciones entre fondos de inversión, lo que difiere el hecho imponible al momento en el que finalmente se disponga del dinero.
No existen límites de aportación y la fiscalidad tendrá la consideración de ganancias patrimoniales por la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. Por todas estas razones, los fondos de inversión son un buen producto para ahorrar a largo plazo, y son un buen complemento a los populares planes de pensiones, especialmente con el fin de canalizar ese ahorro que excede el límite de aportación anual de aquellos, y que será la menor de las siguientes cantidades:
8.000 euros.
El 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o actividades económicas.
