Recientemente la Comisión del Pacto de Toledo ha considerado esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la recomendación del mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC, aprobada en el año 2011 en el marco de las Recomendaciones del referido Pacto.
La suspensión del Índice de Revalorización de las Pensiones
Esta recomendación supone un importante cambio con respecto a lo que se venía manteniendo en los últimos años en relación con la revalorización de las pensiones que era la utilización del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), en lugar del teóricamente aplicado hasta ese momento que era el Índice de Precios al Consumo (en adelante IPC).
Posteriormente, a finales del año 2012, se suspendió la actualización de las pensiones que debía aplicarse para compensar la desviación entre el IPC previsto a comienzos de ese año (1%) y el IPC interanual del mes de noviembre de 2012 (2,9%). El IRP empezó a aplicarse con efectos 1 de enero de 2014 y fue concebido como un mecanismo de ajuste automático, que de forma totalmente objetiva indica cuál es la revalorización que tendría que aplicarse a todas las pensiones existentes para conseguir el equilibrio financiero del sistema de pensiones en un plazo relativamente corto de años. Esta fórmula Supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas. Implica que las pensiones solo suben si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. Este factor se movería entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%.
Tras la aprobación de los Prespuestos Generales del Estado para 2018, el IRP ha quedado suspendido durante los años 2018 y 2019, aplicándose una revalorización en 2018 en línea con el IPC, del 1,6%. Dado que los presupuestos de aprobaron con retraso, se ha abonado en julio una paga correspondiente a la revalorización no aplicada entre los meses de enero y junio. Para 2019, la revalorización se vinculará también al IPC.
Para los años sucesivos, habrá que estar pendiente a las conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo para ver si, de forma definitiva, el IPR queda enterrado en favor de la revalorización vía IPC, y si ésta se aplica de forma directa, como en los años 2019 y 2019 o se agrega algún factor modulador.
El Factor de Sostenibilidad
A esto hay que añadir el llamado Factor de Sostenibilidad. Este era, junto al IRP, el eje fundamental de la reforma de las pensiones en de 2013. Se iba a aplicar a partir del año 2019 y ajustaría la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que percibiría a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que percibiría el que se jubile en un momento anterior. Para ello se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos. Por tanto, este factor iba a provocar que la cuantía de la pensión de aquellos que van a disfrutar de una mayor esperanza de vida sea menor, dado que se presume que la van a percibir durante un mayor número de años. Es decir, se cobraría menos al mes pero durante más años.
Finalmente, la incorporación del Factor de Sostenibilidad ha sido retrasada sin fecha concreta, con el compromiso de hacerlo con anterioridad a 1 de enero de 2023 y trasladando a la Comisión del Pacto de Toledo el debate sobre la idoneidad de su aplicación y del calendario definitivo.
La nueva recomendación del Pacto de Toledo
Por tanto, la nueva recomendación del Pacto de Toledo en relación a la revalorización de las pensiones conforme al IPC supone un nuevo cambio en relación con el mantenimiento y mejora de las mismas, y a los índices y criterios que se estaban aplicándose actualmente o los que se iban a aplicar en los próximos años, Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad.
Es importante tener en cuenta el equilibrio entre adecuación de las pensiones y sostenibilidad del sistema. Incrementar en exceso las pensiones puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aunque se haga a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, algo que podría alterar el principio de contributividad (Accede al índice de sostenibilidad del sistema de "Pensiones en cifras").
Con una problemática de sostenibilidad similar, otros países como Italia o Suecia han adoptado reformas profundas y aplicadas en un periodo transitorio, con el objetivo de adoptar un sistema basado en cuentas nocionales, que permite pagar pensiones adecuadas sin penalizar el gasto público, y además ofrece transparencia y flexibilidad a los trabajadores frente a su futura jubilación.
