El sistema público de pensiones es un pilar fundamental del Estado de bienestar. Y para que lo siga siendo es necesario que se modernice y adapte a los cambios que experimenta la sociedad española. Afortunadamente cada vez más personas llegan a la edad de jubilación y lo hacen con una esperanza de vida mayor. Todo ello supone que el número de pensiones irá aumentando progresivamente desde los poco más de 9,5 millones actuales hasta unos 15 millones en 2050. Sólo para atender este aumento del número de pensiones sin cambiar el sistema actual necesitaríamos que el número de cotizantes pasara desde los casi 18,5 millones de afiliados actuales a algo más de 27 millones. Un aumento muy poco probable con las tendencias demográficas previstas. Además la crisis económica ha abierto un déficit entre los ingresos y gastos en pensiones del sistema que va a tardar en ir reduciéndose, sobre todo en la situación actual en la que las nuevas pensiones que entran en el sistema lo hacen con unas pensiones iniciales sobre salarios medios que son de las más altas de Europa.
Ante esta situación, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, hay que tener claro que para garantizar el sistema de pensiones hay que seguir apostando por reforzar su sostenibilidad financiera. No hay dilema alguno entre sostenibilidad y suficiencia. La sostenibilidad es una condición absolutamente necesaria para que las pensiones sean suficientes a largo plazo. Por lo tanto, hay que mantener las reformas de 2011 y 2013, y mejorarlas con nuevos mecanismos.
Segundo, como en Suecia y otros países europeos, hay que introducir cuanto antes cuentas individuales de reparto, con un periodo transitorio. El sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo. Al proporcionar una “cuenta virtual” a cada trabajador, mejora su contributividad y transparencia, lo que hace que sea más sencillo y fácil de entender, y ayuda a percibir las cotizaciones como un ahorro y no como un impuesto. Además, las cuentas individuales eliminan incertidumbres y ayudan a asegurar el equilibrio financiero del sistema si la pensión inicial se calcula teniendo en cuenta la esperanza de vida (como en 2019 empezará a hacer el Factor de Sostenibilidad) y la evolución prevista de los recursos y gastos del sistema.
Tercero, hay que mejorar y blindar la pensión mínima según la inflación subyacente y las ganancias tendenciales de productividad, con transparencia a los beneficiarios de los complementos efectuados con cargo a impuestos generales.
En último lugar, hay que seguir realizando reformas que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo y su eficiencia, y la productividad de la economía. Cuanto mayor sea el empleo y más elevados los salarios, gracias a las ganancias de productividad, mayores serán las pensiones y la capacidad del sistema para introducir los cambios necesarios y adaptarse a un mundo en permanente evolución. Es crucial que el sector público lidere el proceso de transformación tecnológica y digital poniendo el Estado de bienestar a la altura de los nuevos tiempos.
Rafael Doménech es Responsable de Análisis Macroeconómico en BBVA Research
