La reforma del sistema de pensiones es una de las cuestiones básicas que debe ser abordada con urgencia y consensuada entre los grupos parlamentarios, o al menos con la mayoría de ellos, con organizaciones empresariales y sindicales, y también con la sociedad civil.
No obstante, esta necesidad de consenso no debe ser un freno a la toma de decisiones en el diseño de un sistema de pensiones (reparto y capitalización) para 2030 y 2040, que dé solución a los retos que la longevidad ya está planteando, y aún lo hará con más intensidad en los próximos años.
La opinión pública, a través de los medios de comunicación, se está haciendo eco constante de los informes tanto de organismos internacionales como nacionales acerca del sistema público de pensiones y su incierta sostenibilidad, como consecuencia de la paralización de la reforma de 2013 (paralización de la actualización de las pensiones ya causadas teniendo en cuenta la evolución de magnitudes del propio sistema, y no según IPC; y demora hasta 2023 de la implementación del factor de sostenibilidad para pensiones a causar).
Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que vincular pensiones de forma permanente a la inflación añadirá entre 3 y 4 puntos porcentuales de PIB (entre 35.000 y 46.000 millones de euros anuales de coste). Además, añade que es esencial ser transparentes en cuanto al efecto de los cambios de pensiones para que los futuros jubilados puedan tomar decisiones informadas sobre su vida laboral y sus ahorros.
En la misma línea, se pronuncian recientes informes de la OCDE, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y en el ámbito universitario, la Universidad de Valencia o la de Barcelona.
En los países de la OCDE, las pensiones públicas cubren, de media, el 41% del último salario, y los sistemas de capitalización (obligatorios o voluntarios) cubren otro 17% adicional, totalizando un 58% de la media del salario. Por el contrario, en España, la tasa de sustitución del sistema público (porcentaje que supone la pensión sobre el último salario) es el doble a la media de los países de la Unión Europea (el 82% frente al 41%).
Esta tasa de sustitución del sistema de pensiones español, irá reduciéndose progresivamente hasta el 60% en 2030 (20 puntos porcentuales en tan sólo 12 años); 56% en 2040 ó 51% en 2050, como consecuencia de la entrada en vigor progresiva de las reformas ya realizadas en nuestro sistema público.
De ahí, la urgencia en definir un modelo de pensiones integrado (reparto y capitalización) que sea sostenible y al mismo tiempo otorgue pensiones adecuadas en el horizonte, ya cercano, de 2030 y 2040.
Para ello, debe fijarse un Plan de Acción Global cuyos dos puntos principales deberían ser los siguientes:
1. Envío de la información sobre pensión estimada
A pesar de la obligación que impuso la Ley 27/2011, que sigue estando en vigor, casi ocho años después no se ha remitido aún al domicilio de los trabajadores, y que debe informar, con el cálculo de hipótesis adecuado, a 22 millones de trabajadores en España. La puesta en marcha de esta obligación, es una herramienta fundamental para mejorar la educación financiera de las familias y a concienciarles de la necesidad de ahorrar con un horizonte de largo plazo.
2. Establecimiento de un sistema de autoadhesión obligatorio para las empresas
A través del mismo, los trabajadores pueden rechazar voluntariamente su inclusión. El ejemplo del Reino Unido es muy significativo: más de 1,2 millones de empresas y 9,4 millones de trabajadores se han incorporado ya a Planes de Pensiones de empleo, siendo muy reducido el porcentaje de trabajadores que han manifestado su rechazo a ser incluidos en el Plan (sólo el 9%).
3. Medidas de impulso adicionales en Planes de Pensiones
Éstas podrían ser:
- Mejora en la fiscalidad de las prestaciones, separando a efectos fiscales los rendimientos generados, que deberían tributar a la base mínima del impuesto sobre el ahorro (actualmente en el 19%), de las aportaciones, que seguirían tributando al tipo marginal del IRPF.
- Restablecimiento de los beneficios fiscales que tenían las empresas para la aportación a Planes de Pensiones en favor de sus trabajadores: deducción del 10% en la cuota del Impuesto de Sociedades (en vigor desde 1987 a 2006), y exclusión de las aportaciones empresariales de la base de cotización a la Seguridad Social (en vigor desde 1987 a 2012).
- Mejorar los impulsos fiscales actuales a los Planes del Sistema Individual, que permiten cada año a casi tres millones de trabajadores, que no trabajan en empresas con Plan de Pensiones de empleo, ahorrar a largo plazo para su jubilación.
Angel Martínez-Aldama es presidente de INVERCO, Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones.
