¿Son sostenibles las pensiones públicas en España? Así planteada, la pregunta es un tanto ambigua. Si se está preguntando si los pensionistas actuales van a seguir cobrando sus pensiones hasta el final de sus vidas, me atrevería a responder afirmativamente, aun cuando las reglas vigentes de revalorización anual de las pensiones, diseñadas para conseguir la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social, posiblemente provocarán un deterioro no desdeñable del poder adquisitivo de los jubilados.
Afirmativa sería también mi respuesta en caso de que con la pregunta se pretenda averiguar si quienes formamos hoy la población ocupada –en particular, los aproximadamente 13 millones de españoles que nacimos en los años sesenta y setenta del pasado siglo: los célebres baby-boomers– cobraremos pensiones públicas vitalicias cuando nos jubilemos. Sí, así lo creo. Ahora bien, es muy probable que dejemos de trabajar retribuidamente bastante más tarde que nuestros padres (no olvidemos que, en general, también empezamos a hacerlo con bastantes más años que ellos) y que nuestras pensiones supongan un porcentaje inferior al 80% respecto al último salario (como hoy día suponen aproximadamente).
Aun con estos ajustes, la expectativa de un fuerte incremento de pensionistas de jubilación en un escenario de creciente longevidad y baja fecundidad induce a pensar en un aumento significativo del gasto en pensiones (sobre el PIB y el conjunto de los presupuestos del Estado) durante las próximas décadas y en un agravamiento del desequilibrio financiero que ya sufre la Seguridad Social. Comprometidos constitucionalmente y como Estado miembro de la Unión Europea con una política de estabilidad presupuestaria, hacer frente a ese aumento del gasto en pensiones obligaría a reducir otros gastos públicos o a ampliar los ingresos del Estado.
Prácticamente nadie defiende la primera opción, porque ¿de dónde recortaríamos? ¿De otras prestaciones y servicios sociales? ¿De educación e investigación? ¿De infraestructuras? ¿De seguridad y justicia? Cualquiera de estas posibilidades supondría perjuicios importantes no solo a determinados grupos, sino al conjunto de la sociedad, suscitando problemas tanto de justicia social como de eficiencia económica.
La segunda opción, en cambio, goza de muchos simpatizantes. Suena bien la reivindicación de incrementar los ingresos públicos, que suele concretarse en alguna propuesta de crear o subir determinados impuestos; pero no es responsable ni prudente hacerla sin una explicación realista de los efectos que esos tributos nuevos o reforzados tendrían sobre el consumo de los hogares, el mercado de trabajo y la competitividad global de nuestra economía.
Que el futuro de las pensiones constituye una preocupación social y un desafío económico de primer orden lo saben bien los líderes políticos. Sin embargo, sus declaraciones sobre el tema contribuyen poco a esclarecer el debate sobre las pensiones y a generar confianza en ellas. En la consecución de estos objetivos tampoco ha avanzado mucho la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que hace más de un año reinició con encomiable impulso sus trabajos, pero ahora aparece estancada e incapaz de dar a luz acuerdos dignos de anuncio. Y, mientras tanto, muchos ciudadanos siguen echando en falta una respuesta a la cuestión que verdaderamente les interesa y preocupa: ¿cobraré una pensión de jubilación y, en tal caso, de qué importe aproximado?
Ante esta complicada situación, una propuesta modesta, pero probablemente efectiva podría consistir en un pacto de Estado por la transparencia de las pensiones, con un doble propósito: (1) alcanzar un compromiso interpartidista sobre la necesidad de establecer umbrales mínimos garantizados de las tasas de sustitución de las pensiones ya causadas y las que se causen en un horizonte temporal razonable (por ejemplo, a 20 años vista), y (2) asegurar que cada uno de los ciudadanos, y por tanto el conjunto de la sociedad, obtiene de manera regular y personalizada información fiable y muy sencilla sobre esos umbrales (en función de diferentes carreras de cotización), así como también sobre lo que individualmente ha aportado al sistema de la Seguridad Social y percibido de él por diversas contingencias.
Un órgano permanente formado por expertos nombrados a propuesta de los partidos con representación parlamentaria podría ser el instrumento central de ese pacto. Entre otras encomiendas tendría la de proponer justificadamente esos umbrales mínimos y garantizar que el gobierno y las administraciones públicas cumplen con puntualidad su obligación de informar individualmente a los ciudadanos.
Dispondríamos así de un conocimiento válido, útil y fiable para pensar con algún sentido en la planificación financiera de la última parte de nuestras vidas, en si es preciso complementar con ahorro privado nuestra pensión pública, en cuánto necesitaríamos ahorrar por nuestra cuenta para vivir como nos gustaría y en qué habría que hacer (individual y colectivamente) para conseguir reunir ese capital.
En definitiva, el Pacto nos permitiría salir de la ignorancia generalizada sobre estas cuestiones tan cruciales para nuestro bienestar y reducir esa incertidumbre de efectos tan paralizantes y, a la postre, perjudiciales para todos.
