BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El gasto en pensiones en el área Euro, como regla general, creció a mayor rapidez que el PIB potencial como resultado del envejecimiento de la población. Así, antes del inicio de la consolidación fiscal, los incrementos en el gasto en pensiones como porcentaje del PIB potencial fueron particularmente fuertes en Portugal, Grecia, Francia y Finlandia. Del otro lado, numerosos países experimentaron crecimientos inferiores al del PIB potencial, particularmente durante el periodo 2000-2007. En particular, este fue el caso de Letonia, Lituania, Austria, Eslovaquia, Alemania y España. Durante el periodo de consolidación fiscal, los incrementos en el gasto en pensiones superiores en relación al PIB potencial continuaron durante la mayoría de países, mientras que las reducciones se dieron especialmente en Grecia e Irlanda. Sin embargo, estas reducciones fueron inferiores en comparación a los incrementos en los años anteriores. Alemania y Estonia también experimentaron caídas de las pensiones en relación al PIB potencial. Después de 2013, el gasto en pensiones continuó incrementándose a mayor velocidad que el PIB potencial en entorno a la mitad de los países del área euro, especialmente en Finlandia. Todo ello es reflejo del incremento del peso de la población longeva en el conjunto de la población, pero también los efectos de la legislación sobre pensiones previamente reformada y el menor crecimiento del PIB potencial en el periodo post-crisis. Mirando al futuro, los cambios sustanciales en las ratios de dependencia para el agregado del Euroárea proyectadas oscilan desde los tres individuos en edad de trabajar por cada persona de 65 o más maños y, tanto solo, dos personas por cada una de estas últimas, ambos casos para 2070. Así, la presión del envejecimiento de la sociedad continuará limitando el espacio fiscal de maniobra de los Gobiernos durante los próximos años.

El objetivo es definir los principales indicadores de sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, tanto los financieros como los de tipo actuarial. Después de definir lo que se entiende por sostenibilidad financiera y enumerar sus principales indicadores, revisamos algunos datos para el caso español, destacando el elevado déficit contributivo del sistema. El trabajo continúa con la definición de sistema sostenible actuarialmente y se obtienen distintos valores de uno de los principales indicadores de este tipo: el tanto interno de rendimiento (TIR) del sistema. Los valores del TIR obtenido ponen de manifiesto que la reforma aprobada en 2011 mejoró la sostenibilidad del sistema de pensiones español, pero aún estamos lejos de alcanzar la sostenibilidad actuarial del mismo. Las implicaciones entre los dos tipos de sostenibilidad nos permiten afirmar que los gestores de los sistemas de pensiones deberían vigilar tanto la sostenibilidad financiera –con el fin de poder hacer frente a los pagos de prestaciones actuales y futuros– como la sostenibilidad actuarial –para evitar inequidades actuariales y desviaciones en la financiación de las prestaciones contributivas hacia impuestos generales y no realizarlas mediante cotizaciones–.

Según el Tribunal de Cuentas, "la Seguridad Social adolece de un problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural, ocasionado por la actual configuración de su modalidad de protección contributiva y como consecuencia directa de la evolución demográfica y socio-económica que ha tenido lugar en nuestro país. Y por tanto, dado que los recursos contributivos obtenidos no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas (fundamentalmente, pensiones) de igual naturaleza, de no acometerse de manera urgente las reformas necesarias sobre su actual configuración, en el ámbito de la financiación y/o en el de la protección, peligrarían la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema".

El 31 de marzo de 2020 se publicó en la página web de la Seguridad el resumen de ejecución presupuestaria del agregado del Sistema de la Seguridad Social a diciembre de 2019. Aunque los datos son provisionales, la liquidación definitiva, que se conocerá en noviembre de 2020, no suele ofrecer muchas diferencias. En este documento se procede a calcular el dato provisional del saldo de la Seguridad Social por operaciones no financieras que se deduce de los datos avanzados. A continuación, se realiza una aproximación al cálculo del saldo contributivo, que difiere del saldo por operaciones no financieras en 2019 debido fundamentalmente a la transferencia del Estado de casi 1.934 millones de € para apoyar su equilibrio presupuestario, pero que no es un ingreso contributivo.

El resultado global indica que el IRP adelantado para 2021 es peor que el obtenido para 2020 (-2,47% frente a -1,65%). Entrando en detalle, lo más notorio en positivo es el incremento del término de ingresos, del 3,78% al 4,06% (al eliminar el año malo de 2015). En la parte negativa, el término de corrección de déficit aumenta su deterioro al ser mayor el déficit estructural del sistema. Asimismo, el efecto sustitución también empeora al ser el dato provisional de 2020 bastante elevado, ya que este dato recoge el aumento del gasto en pensiones contributivas (5,1%) que no se explica por la revalorización (0,9%) ni por el aumento del número de pensiones (0,8%).