BBVA Mi jubilación - Fondo documental

Informe del Instituto de Actuarios sido elaborado, discutido y validado por una comisión generada por dicho Instituto, en la que también han participado profesionales ajenos a la profesión actuarial. En términos sumarios, el sistema presenta los siguientes disfuncionalidades: problemas de inequidad (contributiva, integeneracional, intrageneracional y actuarial) que hacen que no todas sus piezas encajen igual; de falta de equivalencia actuarial que le resta al sistema su fuente primaria de sostenibilidad; de insostenibilidad financiera a medio plazo, y actuarial tanto en el corto, como en el medio y en el largo plazo (si no hay ninguna modificación en ese sentido); de financiación en tanto que, por lo anterior, generar mayor gasto que recaudación; y, finalmente, problemas de generosidad en términos relativos, siendo ésta una situación que será muy difícil, si no imposible, de mantener en el tiempo.

El indicador E10 mide el nivel de equilibrio financiero del sistema público de pensiones español en su parte contributiva a lo largo de un horizonte de medio plazo (10 años). A diferencia de otros indicadores, como el del saldo del sistema, no hace proyecciones de los ingresos contributivos, que es la parte más volátil de cualquier simulación. También resulta de interés el plazo de la simulación, 10 años, que reduce la incertidumbre asociada a proyecciones a muy largo plazo, de hasta 50 años, propias de otros estudios como The 2018 Ageing Report de la Comisión Europea. En ese sentido, se sitúa en 2018 en el 5,51%, empeorando respecto al 5,28% de 2017.

El sistema de pensiones públicas contributivas en España es de base estatal. La normativa que determina cotizaciones y prestaciones es de ámbito nacional y, por tanto, de aplicación homogénea en todo el territorio. Frente a este sistema único, existen fuertes diferencias en materia demográfica y económica entre regiones, que acaban siendo salvadas gracias a un sistema de reparto que aporta solidaridad interregional y, lo que es más importante, permite la sostenibilidad de las pensiones en Comunidades Autónomas fuertemente envejecidas.

Se parte desde la idea del progresivo envejecimiento de la sociedad y de la necesidad de cambiar el actual sistema de reparto con el fin de atender a los nuevos retos de la demografía. En el documento se argumenta que los datos no justifican una visión tan negativa de las pensiones públicas españolas y que, además, el sistema público de pensiones puede ser financieramente viable con prestaciones similares a través del equilibrio entre suficiencia y equidad individual e intergeneracional.

El nuevo informe de la OCDE afirma que las mejoras en el diseño de los sistemas de pensiones realizadas durante la última década en los países de la OCDE aumentaron su sostenibilidad financiera y ahora los gobiernos deberán centrarse en velar por que proporcionen a las personas un ingreso de jubilación adecuado. En el OECD Pensions Outlook 2018 se sostiene que los gobiernos afrontan retos como el envejecimiento de la población, bajos rendimientos de los ahorros para el retiro, bajo crecimiento, menor estabilidad en las carreras profesionales e insuficiente cobertura de pensiones entre algunos grupos de trabajadores. Estos problemas han erosionado la confianza en que los sistemas de pensiones, bien sean de reparto o de capitalización, cumplirán sus promesas una vez que los trabajadores lleguen a la edad de jubilarse. Muchos países han puesto en marcha mecanismos automáticos para ajustar las prestaciones de pensión a la evolución económica y demográfica, así como opciones predeterminadas para ayudar a quienes no desean o no pueden elegir. Asimismo, los países han tomado medidas para fortalecer las redes de seguridad con el fin de evitar la pobreza en la vejez, dice el reporte. Por su parte, los reguladores y los responsables de formular políticas públicas también han emprendido acciones para afianzar los marcos regulatorio y de supervisión de los planes de pensión de capitalización con miras a garantizar que gestionen los ahorros de la población para su mayor beneficio.

El objeto de este documento es el análisis de cuáles serían los efectos de derogar la reforma de 2013 sobre la pensión de jubilación a través de proyecciones de ingresos y gastos del sistema de pensiones hasta 2070 con y sin dicha reforma. Se concluye que dicha derogación podría suponer un incremento muy significativo del gasto en pensiones. Por otro lado, se sugiere que las posibles reformas deberían transitar no sólo por la necesidad de un incremento de ingresos, sino también por medidas de contención del gasto, apostando por índices de actualización sensibles a la situación financiera del sistema.