BBVA Mi jubilación - Fondo documental

The world faces a set of risks that feel both wholly new and eerily familiar. The Global Risks Report 2023 explores some of the most severe risks we may face over the next decade. As we stand on the edge of a low-growth and low-cooperation era, tougher trade-offs risk eroding climate action, human development and future resilience.

There is now widespread global recognition of climate change science and the associated socio-economic impacts as set out by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).1 While governments have submitted their Nationally Determined Contributions (NDCs) to mitigate the impacts of climate change,2 the development of public policies for an orderly transition to a low-carbon future has been stubbornly slow. Progress has however been made through the financial sector in developing a framework for disclosures of climate change risks, through the Financial Stability Board (FSB) Task Force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD). With the aim to inform investing in a climate sensitive way, among other recommendations, the TCFD seeks clarity around how companies identify, assess and manage climate change risk

El análisis revela que la situación financiera del sistema se ha ido deteriorando con el paso del tiempo debido fundamentalmente a dos factores. Como es sobradamente conocido, uno de ellos es el envejecimiento de la población española, que se ha traducido en un gradual descenso en el número de personas en edad de trabajar que han de financiar cada pensión con sus cotizaciones sociales. Una conclusión más novedosa es que el segundo factor, que sorprendentemente resulta ser cuantitativamente más importante que el primero, es la fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad y por tanto de los salarios reales.

El objetivo es definir los principales indicadores de sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, tanto los financieros como los de tipo actuarial. Después de definir lo que se entiende por sostenibilidad financiera y enumerar sus principales indicadores, revisamos algunos datos para el caso español, destacando el elevado déficit contributivo del sistema. El trabajo continúa con la definición de sistema sostenible actuarialmente y se obtienen distintos valores de uno de los principales indicadores de este tipo: el tanto interno de rendimiento (TIR) del sistema. Los valores del TIR obtenido ponen de manifiesto que la reforma aprobada en 2011 mejoró la sostenibilidad del sistema de pensiones español, pero aún estamos lejos de alcanzar la sostenibilidad actuarial del mismo. Las implicaciones entre los dos tipos de sostenibilidad nos permiten afirmar que los gestores de los sistemas de pensiones deberían vigilar tanto la sostenibilidad financiera –con el fin de poder hacer frente a los pagos de prestaciones actuales y futuros– como la sostenibilidad actuarial –para evitar inequidades actuariales y desviaciones en la financiación de las prestaciones contributivas hacia impuestos generales y no realizarlas mediante cotizaciones–.

Según el Tribunal de Cuentas, "la Seguridad Social adolece de un problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural, ocasionado por la actual configuración de su modalidad de protección contributiva y como consecuencia directa de la evolución demográfica y socio-económica que ha tenido lugar en nuestro país. Y por tanto, dado que los recursos contributivos obtenidos no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas (fundamentalmente, pensiones) de igual naturaleza, de no acometerse de manera urgente las reformas necesarias sobre su actual configuración, en el ámbito de la financiación y/o en el de la protección, peligrarían la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema".

Fruto del esfuerzo del Instituto BBVA de pensiones en construir sinergias con el mundo investigador y académico de mayor excelencia, nacieron los PREMIOS LONGEVIA, cuya primera edición ha tenido por título “Resolviendo los retos del envejecimiento poblacional en España” y cuyos ganadores se dieron a conocer el 7 de febrero del presente año. El éxito de esta iniciativa se manifiesta en el haber recibido un total de veintisiete trabajos en las áreas de Derecho, Economía y Sociología procedentes de España y el extranjero evaluados por un jurado conformado por profesionales de reconocido prestigio como José Antonio Herce, Mercedes Ayuso, Elisa Chuliá, Javier Blasco y Eva Blázquez.