BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El objetivo de este informe es dar a conocer los principales efectos de la crisis de la COVID-19 sobre el Sistema de Seguridad Social en España, analizando la evolución de los datos estadísticos disponibles desde marzo hasta junio de 2020 y comparándolos, cuando sea relevante, con el mismo periodo del año anterior. En concreto, se analizan los efectos sobre: 1) la afiliación a la Seguridad Social y la recaudación por cotizaciones; 2) las bajas de pensiones, la nómina de pensiones y el gasto en pensiones contributivas; y 3) otros gastos del Sistema de Seguridad Social ligados a la COVID-19 que no forman parte del sistema de pensiones.

El ahorro previsional para la jubilación se halla más extendido entre los hombres (38%) que entre las mujeres (27%). Entre los hombres de 50 a 64 años, más de la mitad (52%) ha comenzado a ahorrar para la jubilación; en cambio, la proporción no llega al 40% entre las mujeres de la misma edad (38%). Entre los trabajadores autónomos y los empresarios sin asalariados, el porcentaje de quienes han comenzado a ahorrar para la jubilación se sitúa en 42%; entre los empresarios (con asalariados) y los directivos, alcanza el 60%. Entre quienes ahorran para la jubilación, la mitad ha optado por contratar un plan de pensiones individual (o asociado).

Durante la situación de pandemia y alerta sanitaria, el Gobierno ha modificado la regulación de prestaciones de la seguridad social tales como la prestación por incapacidad temporal y la prestación por desempleo, bien modificando los requisitos para su acceso, bien modificando su proceso de tramitación. También ha configurado prestaciones extraordinarias de seguridad social para: trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo; trabajadores fijos discontinuos y trabajadores que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas; artistas en espectáculos públicos no afectados por expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia del COVID-19; empleadas del hogar; trabajadores cuyo contrato temporal finaliza con posterioridad a la declaración del estado de alarma y para los trabajadores por cuenta propia o autónomos. El presente documento pretende ayudar a una mejor comprensión sobre aquellas modificaciones operadas en las prestaciones de la Seguridad Social desde una perspectiva más práctica y poner en conocimiento del trabajador/a los requisitos para su acceso, sus caracteres más importantes y el proceso de tramitación.

Lourdes López Cumbre, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria y Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo, realiza este análisis sintético del RDL 19/2019, el cual, en materia de Seguridad Social, se centra, especialmente, en la extensión de las contingencias profesionales por COVID-19 y en las prestaciones por desempleo (sector cultural) y prestación por cese de actividad.

Dada la constante promulgación de normas de tipo sociolaboral durante la crisis por la pandemia COVID-19, el Servicio de Estudios de la Unión General de Trabajadores ha realizado un esquema sintético sobre el contenido de dicha normativa a efectos de clarificarla y generar mayor seguridad jurídica entre los trabajadores y las empresas. Concretamente, este trabajo abarca desde el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

La brecha de género en las prestaciones por desempleo ha llegado al 18% en un momento en el que se calcula que se han destruido más de 800.000 empleos desde el comienzo de la pandemia. Ello se traduce en que las mujeres reciben, de media, 4,6 euros menos cada día por sus prestaciones contributivas que los hombres, es decir, aproximadamente unos 140 euros al mes. La causa de ello radicaría en la brecha en el salario promedio, que empuja las bases de cotización de las mujeres hacia la parte inferior. Además, casi seis de cada diez mujeres que recibieron alguna ayuda por desempleo en el mes de marzo lo hicieron bajo la fórmula de subsidio de carácter asistencial.