BBVA Mi jubilación - Fondo documental

There is now widespread global recognition of climate change science and the associated socio-economic impacts as set out by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).1 While governments have submitted their Nationally Determined Contributions (NDCs) to mitigate the impacts of climate change,2 the development of public policies for an orderly transition to a low-carbon future has been stubbornly slow. Progress has however been made through the financial sector in developing a framework for disclosures of climate change risks, through the Financial Stability Board (FSB) Task Force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD). With the aim to inform investing in a climate sensitive way, among other recommendations, the TCFD seeks clarity around how companies identify, assess and manage climate change risk

Desde la Fundación Adecco y la Fundación SERES, con la colaboración de 8 empresas comprometidas (CaixaBank, DKV, El Corte Inglés, Fundación Endesa, Lee Hecht Harrison, Santalucía, Sacyr y Seur), han elaborado el primer Libro Blanco sobre la gestión del talento sénior en España.

La pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido una rápida expansión a nivel mundial con un impacto especial en diferentes países. El efecto ha sido objeto de monitorización por diferentes instituciones, como universidades, hospitales y organismos oficiales a nivel internacional (figura 1). De hecho, la pandemia ha supuesto que gobiernos y gestores de todo el mundo se hayan visto forzados a actuar y a tomar decisiones basadas en modelos matemáticos-estadísticos alternativos (desarrollados en numerosas ocasiones de forma previa para otras enfermedades), y/o teniendo en cuenta la experiencia de otros países en los que las olas de contagio han sido detectadas de forma más temprana y la actuación frente al virus ha sido por tanto anterior. La situación es de tal relevancia que el mapa de riesgos que se ha activado es difícil de sintetizar de forma sencilla, con diferentes variantes que abren extensas líneas de trabajo en el corto, medio y largo plazo. Y es que el tratamiento de lo que está ocurriendo tiene una vertiente más corto-medio placista, en el sentido de actuar respecto a lo que ya se ha producido o producirá de forma más o menos inmediata, y una vertiente claramente preventiva, de establecimiento de márgenes de protección, más a largo plazo, en el sentido de incluir dentro de las estrategias de actuación un riesgo al que no se había otorgado la suficiente relevancia hasta la fecha, como es el riesgo catastrófico de pandemia.

La esperanza de vida se ha convertido probablemente en el indicador biométrico por excelencia a la hora de calcular la edad legal de jubilación en las reformas de pensiones que se están realizando en los distintos países. Sin embargo, la estimación del número esperado de años de vida a partir de la jubilación puede variar significativamente en función del método de cálculo utilizado. Si en trabajos anteriores analizábamos el impacto del gap entre esperanzas de vida calculadas por métodos periodo y cohorte en la equidad intergeneracional (Ayuso, Bravo y Holzmann, 2020) ahora el objetivo es cuantificar el impacto de esta medida en el cálculo de la edad legal de jubilación. Bajo el escenario de neutralidad actuarial, la investigación realizada pone de manifiesto como las reformas en la edad legal de jubilación actualmente en marcha pueden no ser suficientes para corregir las desviaciones esperadas en el número medio de años de vida tras la jubilación.

El saldo del Sistema de Seguridad Social por operaciones no financieras arroja un déficit anual tras el tercer trimestre de 2020 (Octubre 2019-Septiembre 2020) de 16.822 millones de euros, equivalentes a un 1,47% del PIB2 , frente a los 8.714 millones de euros de déficit anual del trimestre anterior (Julio 2019-Junio 2020), equivalentes al 0,74% del PIB. Hace un año (Septiembre 2019) el déficit era del 1,55% del PIB.

El objetivo de este estudio es calcular su valor adelantado para el año 2021 con la información que proporciona la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social tras el tercer trimestre de 2020. A pesar de que el Congreso aprobó su no aplicación desde 2018 como consecuencia de la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2018 entre los grupos parlamentarios, y de que es probable su futura derogación o al menos su modificación, es importante conocer su valor teórico para poder estar informados de la evolución de la salud financiera del sistema de pensiones español. Es un indicador mucho más potente y realista que, por ejemplo, la evolución de las cotizaciones o el número de afiliados, que son los que tradicionalmente se han utilizado.