BBVA Mi jubilación - Fondo documental

En su reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo (12 de abril de 2021), el ministro de Seguridad Social trazó el contexto de la reforma de las pensiones y el grado de avance en el que se encuentra. El contexto viene marcado por tres fuerzas relevantes en este momento: (i) la situación del sistema en el año ya largo de pandemia que estamos sufriendo, que ha acentuado el riesgo económico junto al ya existente riesgo demográfico en nuestras pensiones; (ii) las demandas de la Unión Europea para afrontar reformas estructurales a las que se condicionarán, en principio, los nuevos fondos de ayudas y préstamos, y (iii) las posiciones de los actores sociopolíticos (partidos, agentes sociales y plataformas de pensionistas) en el ámbito doméstico. Cada una de estas fuerzas ejerce una presión que va en dirección no siempre coincidente con la de las restantes.

Desde que, en 2017, Fundación MAPFRE publicara el informe Sistemas de pensiones: una evaluación internacional comparativa, elaborado por MAPFRE Economics, se han producido en algunos países reformas estructurales en sus sistemas de jubilación que tienen por objeto adaptarlos a los retos futuros y hacerlos sostenibles en el largo plazo. La importancia de estos cambios y el interés que genera en la sociedad el debate sobre el futuro de las pensiones, han contribuido a que MAPFRE Economics se planteara la necesidad de actualizar la información contenida en dicho estudio, revisando los seis modelos de referencia que se analizaron entonces (Estados Unidos, Chile, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y España) y añadiendo cinco nuevos modelos (Alemania, Brasil, Francia, Japón y Corea del Sur). Además, como novedad, se presenta en esta edición el “Indicador de presión sobre los sistemas de pensiones de jubilación” (IPSPJ), un índice sintético desarrollado por MAPFRE Economics para un conjunto de 45 países, el cual ayuda a valorar la presión a la que se encuentran expuestos los diferentes sistemas para acometer su reforma.

There is now widespread global recognition of climate change science and the associated socio-economic impacts as set out by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).1 While governments have submitted their Nationally Determined Contributions (NDCs) to mitigate the impacts of climate change,2 the development of public policies for an orderly transition to a low-carbon future has been stubbornly slow. Progress has however been made through the financial sector in developing a framework for disclosures of climate change risks, through the Financial Stability Board (FSB) Task Force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD). With the aim to inform investing in a climate sensitive way, among other recommendations, the TCFD seeks clarity around how companies identify, assess and manage climate change risk

Desde la Fundación Adecco y la Fundación SERES, con la colaboración de 8 empresas comprometidas (CaixaBank, DKV, El Corte Inglés, Fundación Endesa, Lee Hecht Harrison, Santalucía, Sacyr y Seur), han elaborado el primer Libro Blanco sobre la gestión del talento sénior en España.

La pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido una rápida expansión a nivel mundial con un impacto especial en diferentes países. El efecto ha sido objeto de monitorización por diferentes instituciones, como universidades, hospitales y organismos oficiales a nivel internacional (figura 1). De hecho, la pandemia ha supuesto que gobiernos y gestores de todo el mundo se hayan visto forzados a actuar y a tomar decisiones basadas en modelos matemáticos-estadísticos alternativos (desarrollados en numerosas ocasiones de forma previa para otras enfermedades), y/o teniendo en cuenta la experiencia de otros países en los que las olas de contagio han sido detectadas de forma más temprana y la actuación frente al virus ha sido por tanto anterior. La situación es de tal relevancia que el mapa de riesgos que se ha activado es difícil de sintetizar de forma sencilla, con diferentes variantes que abren extensas líneas de trabajo en el corto, medio y largo plazo. Y es que el tratamiento de lo que está ocurriendo tiene una vertiente más corto-medio placista, en el sentido de actuar respecto a lo que ya se ha producido o producirá de forma más o menos inmediata, y una vertiente claramente preventiva, de establecimiento de márgenes de protección, más a largo plazo, en el sentido de incluir dentro de las estrategias de actuación un riesgo al que no se había otorgado la suficiente relevancia hasta la fecha, como es el riesgo catastrófico de pandemia.

La esperanza de vida se ha convertido probablemente en el indicador biométrico por excelencia a la hora de calcular la edad legal de jubilación en las reformas de pensiones que se están realizando en los distintos países. Sin embargo, la estimación del número esperado de años de vida a partir de la jubilación puede variar significativamente en función del método de cálculo utilizado. Si en trabajos anteriores analizábamos el impacto del gap entre esperanzas de vida calculadas por métodos periodo y cohorte en la equidad intergeneracional (Ayuso, Bravo y Holzmann, 2020) ahora el objetivo es cuantificar el impacto de esta medida en el cálculo de la edad legal de jubilación. Bajo el escenario de neutralidad actuarial, la investigación realizada pone de manifiesto como las reformas en la edad legal de jubilación actualmente en marcha pueden no ser suficientes para corregir las desviaciones esperadas en el número medio de años de vida tras la jubilación.