BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El sistema público español de pensiones, a pesar de la percepción de una parte de la opinión pública, tiene unas prestaciones medias que superan al promedio de las de la Unión Europea cuando se comparan ratios significativas (replacement rate y benefit rate). El sistema se enfrenta a un muy exigente reto en las próximas tres décadas debido al continuado proceso de envejecimiento de la población, provocado por una mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom. Los estudios analizados en este artículo muestran que, incluso disponiendo de un escenario demográfico favorable, aumentará sensiblemente el nivel de esfuerzo exigido a la sociedad española (gasto pensiones sobre PIB) para mantener el actual nivel de cobertura. Por este motivo, la sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en la que solo se pueden cumplir dos de los objetivos

Este documento estima el impacto de las políticas de pensiones en el gasto de los hogares. La estrategia de identificación utiliza la desviación de los ingresos y del gasto de los pensionistas causada por la introducción de un nuevo sistema de pensiones durante las décadas de los años 1980 y 1990 en España, y construye una nueva serie narrativa de cambios legislados en el sistema de pensiones. Se presentan una variedad de estimaciones, algunas de las cuales implican que los aumentos en la pensión media tienen un efecto de, aproximadamente, uno por uno en el gasto de los pensionistas. Los efectos más significativos afectan a los pensionistas con altos niveles de gasto, de renta y de riqueza. Estimaciones para diferentes categorías de gasto indican que el aumento de las prestaciones induce a estos pensionistas a gastar más en bienes duraderos. Al mismo tiempo, las políticas de pensiones dirigidas a los pensionistas con menor nivel de renta parecen infl uir positivamente en el gasto en bienes no duraderos y de primera necesidad como alimentación.

En este paper, los autores documentan que los multiplicadores del gasto público dependen de la estructura de edad de la población. Utilizando la variación en el gasto militar y las tasas de natalidad en los estados de EE. UU., Mostramos que el multiplicador fiscal local es 1,5 y aumenta con la proporción de población de jóvenes, lo que implica multiplicadores de 1,1 a 1,9. Un modelo neokeynesiano de economía abierta con ciclo de vida parsimonioso, imperfecciones en el mercado crediticio y diferencias específicas por edad en la oferta y la demanda laboral explica el 87% de la relación entre los multiplicadores locales y la demografía. El modelo implica que el envejecimiento de la población estadounidense entre 1980 y 2015 provocó una caída del 38% en los multiplicadores del gasto del gobierno nacional.

El informe de Natixis mide cuatro pilares: el primero abarca varios indicadores referidos a la salud (esperanza de vida, gasto sanitario por habitante, etc.), el segundo maneja indicadores referidos a la estabilidad institucional y macroeconómica (tasa de dependencia, inflación, tipos de interés, presión fiscal, morosidad, deuda pública, etc.); el tercero, sobre la calidad de vida (calidad del aire, biodiversidad, etc.); finalmente, el cuarto considera la capacidad económica del sistema a la hora de garantizar un nivel de vida suficiente en términos materiales o económicos (renta per cápita, la igualdad de ingresos y tasa de desempleo). Los países mejor posicionados serían Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Países Bajos, situándose España en el número 32 de los 44 países analizados, es decir, a la altura de Chipre o Hungría.

En este artículo se analizan las tendencias recientes en la edad media de jubilación a la luz de la reforma de 2011 y de las distintas modalidades de acceso a la jubilación. El análisis arroja los siguientes resultados. En primer lugar, la edad efectiva de jubilación ha tendido a aumentar en los últimos años como resultado del incremento neto de la edad de jubilación dentro de cada modalidad de jubilación, que ha más que compensado el efecto contrario propiciado por el mayor peso de las diferentes modalidades de jubilación anticipada. En segundo lugar, la incidencia de la reforma de 2011, desde la óptica de la edad de jubilación, aún es aparentemente limitada, debido al todavía notable porcentaje de altas que acceden a la jubilación según la normativa previa a aquella, así como a las disposiciones que permiten mantener en 65 años la edad legal de jubilación para las personas con carreras de cotización suficientemente amplias. En tercer lugar, los trabajadores que acceden a alguna modalidad de jubilación anticipada y los que se jubilan parcialmente ostentan, en media, la edad de jubilación más temprana. Sin embargo, estos trabajadores acreditan, en general, períodos de cotización y bases reguladoras relativamente altas.

La reforma del sistema público de pensiones no tiene vuelta atrás, y en pocas semanas los partidos anunciarán las líneas maestras que el Ministerio de Seguridad Social deber seguir para abordar los cambios normativos en la ley que rige el acceso de los españoles a su pensión de jubilación. Más allá de la revalorización y el impulso a la sostenibilidad financiera que pueda aportar la separación de fuentes, las miradas están puestas en esa recomendación 16, que insta al Gobierno a favorecer la adquisición de planes de previsión social complementaria por parte de los ciudadanos que sirvan para complementar y completar la paga que otorga el Estado una vez abandonado el mercado laboral