BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El autor subraya que el Ingreso Mínimo Vital que acaba de nacer es un nuevo tipo de prestación, más moderna y mejor diseñada, con voluntad de permanecer y, con ello, de contribuir a resolver el grave problema de desigualdad.

La crisis de COVID-19 ha dejado al descubierto vacíos y brechas preexistentes en los mecanismos de protección social. A medida que aumentó el número de trabajadores enfermos, otros redujeron sus horas de trabajo o incluso perdieron empleos, las licencias retribuidas por enfermedad, los planes de trabajo de corta duración y las prestaciones por desempleo se han implementado. Ésto ha ayudado a mantener los ingresos de muchos, pero incluso en países con la protección social más avanzada, algunos trabajadores con trabajos no estándar y sus familias se ven descolgados. La situación es peor en países con grandes sectores informales donde un número creciente de personas pierde trabajo sin acceso a nuevos ingresos. Este informe analiza las medidas de política que los países han tomado para apoyar los medios de vida de aquellos que no pueden acceder a las ayudas por desempleo o a planes de trabajo a corto plazo. Examina la gran cantidad de nuevos programas introducidos en toda la OCDE, y más allá, que incluyen asistencia de recursos efectivo, nuevos esquemas de transferencias monetarias y apoyo directo para aquellos que luchan por cubrir sus gastos. También se analiza cómo cerrar las brechas de protección social más allá de la crisis para garantizar un crecimiento inclusivo después de COVID-19.

El Informe 2016 está estructurado en siete capítulos: indicadores demográficos; indicadores socio-económicos (protección social, situación económica y relación con el mercado de trabajo); estado de salud y calidad de vida; servicios sociales para personas mayores en España; formas de convivencia, estilos de vida, relaciones personales; los mayores y la sociedad de la información y, por último, los malos tratos a las personas mayores. Se consolidan así los temas que se abordaron en la última edición de 2014 y se sustituye el contenido del capítulo 7 anteriormente dedicado a las situaciones de dependencia por los malos tratos a las personas mayores, tema de gran actualidad y urgente abordaje en nuestra sociedad.

En este Informe se ofrece una visión amplia del panorama fiscal más allá de los temas habituales en esta materia como el déficit y el gasto. Se pretende ofrecer una herramienta a los Estados, identificando riesgos en sus balances con el fin de que puedan evitarlos o, al menos, mitigarlos, antes de que ocurran. Asimismo, busca orientar en cómo emplear los recursos públicos para apoyar la economía social. En definitiva, les aporta instrumentos para analizar la resiliencia de las finanzas pública.

El principal objetivo de esta norma es garantizar el acceso a la sanidad de forma general, incluyendo a los colectivos en situación de vulnerabilidad, en especial a la población extranjera no registrada, ni autorizada a residir en España. En definitiva, tendrán derecho a la asistencia sanitaria todas las personas con nacionalidad española y así también las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español con independencia de la regularidad de esta situación. En este último caso, para acceder al derecho se exige que no exista otro obligado a prestarle cobertura sanitaria.

En este documento se recogen los 20 principios de los pilares sociales europeos repartidos en IV Capítulos: Igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo adecuadas, protección social e inclusión.