BBVA Mi jubilación - Fondo documental

La pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido una rápida expansión a nivel mundial con un impacto especial en diferentes países. El efecto ha sido objeto de monitorización por diferentes instituciones, como universidades, hospitales y organismos oficiales a nivel internacional (figura 1). De hecho, la pandemia ha supuesto que gobiernos y gestores de todo el mundo se hayan visto forzados a actuar y a tomar decisiones basadas en modelos matemáticos-estadísticos alternativos (desarrollados en numerosas ocasiones de forma previa para otras enfermedades), y/o teniendo en cuenta la experiencia de otros países en los que las olas de contagio han sido detectadas de forma más temprana y la actuación frente al virus ha sido por tanto anterior. La situación es de tal relevancia que el mapa de riesgos que se ha activado es difícil de sintetizar de forma sencilla, con diferentes variantes que abren extensas líneas de trabajo en el corto, medio y largo plazo. Y es que el tratamiento de lo que está ocurriendo tiene una vertiente más corto-medio placista, en el sentido de actuar respecto a lo que ya se ha producido o producirá de forma más o menos inmediata, y una vertiente claramente preventiva, de establecimiento de márgenes de protección, más a largo plazo, en el sentido de incluir dentro de las estrategias de actuación un riesgo al que no se había otorgado la suficiente relevancia hasta la fecha, como es el riesgo catastrófico de pandemia.

La esperanza de vida se ha convertido probablemente en el indicador biométrico por excelencia a la hora de calcular la edad legal de jubilación en las reformas de pensiones que se están realizando en los distintos países. Sin embargo, la estimación del número esperado de años de vida a partir de la jubilación puede variar significativamente en función del método de cálculo utilizado. Si en trabajos anteriores analizábamos el impacto del gap entre esperanzas de vida calculadas por métodos periodo y cohorte en la equidad intergeneracional (Ayuso, Bravo y Holzmann, 2020) ahora el objetivo es cuantificar el impacto de esta medida en el cálculo de la edad legal de jubilación. Bajo el escenario de neutralidad actuarial, la investigación realizada pone de manifiesto como las reformas en la edad legal de jubilación actualmente en marcha pueden no ser suficientes para corregir las desviaciones esperadas en el número medio de años de vida tras la jubilación.

La inclusión de la esperanza de vida como indicador biométrico por excelencia ha ido ganando peso en las reformas de los sistemas de pensiones en los distintos países. Es el caso, por ejemplo, de España y Portugal, países en los que se ha aprobado un factor de sostenibilidad basado en el número esperado de años de vida para las personas a partir de su jubilación, aunque en el caso de España su aplicación (prevista para 2019) se ha pospuesto.

Este monográfico especial de Ekonomiaz se suma a una corriente liderada por científicos, expertos y analistas, cada vez más caudalosa, que trata de mostrar que la creciente longevidad de nuestras sociedades, avanzadas o no, es un fenómeno de extraordinaria relevancia cargado de implicaciones de todo tipo, entre las que solo dominarían las negativas si renunciásemos a tomar las medidas adaptativas necesarias para cosechar las formidables promesas positivas que el fenómeno encierra, y limitar aquellas negativas que se manifestarían si prevaleciese una excesiva resistencia a los cambios y adaptaciones necesarias. Se trata de un esfuerzo de síntesis multidisciplinar desde la sociología, la demografía, la economía, la ciencia financiera y actuarial y el derecho, seguro que mejorable, que esperamos ayude a una mejor comprensión de los fenómenos demográficos que afectan a nuestras sociedades y sus múltiples implicaciones.

Informe del Instituto de Actuarios sido elaborado, discutido y validado por una comisión generada por dicho Instituto, en la que también han participado profesionales ajenos a la profesión actuarial. En términos sumarios, el sistema presenta los siguientes disfuncionalidades: problemas de inequidad (contributiva, integeneracional, intrageneracional y actuarial) que hacen que no todas sus piezas encajen igual; de falta de equivalencia actuarial que le resta al sistema su fuente primaria de sostenibilidad; de insostenibilidad financiera a medio plazo, y actuarial tanto en el corto, como en el medio y en el largo plazo (si no hay ninguna modificación en ese sentido); de financiación en tanto que, por lo anterior, generar mayor gasto que recaudación; y, finalmente, problemas de generosidad en términos relativos, siendo ésta una situación que será muy difícil, si no imposible, de mantener en el tiempo.

El enfoque basado en el ciclo de vida es el ejemplo de modelo de decisiones de ahorro de los particulares. Supone que los individuos prefieren un flujo de consumo constante durante su ciclo de vida ahorrando hasta su jubilación y gastando sus ahorros después. La realidad no suele concordar con esta hipótesis, dando lugar a nuestro modelo hipotético de ciclo de vida de tres niveles por grupos de ingresos. El nivel de bajos ingresos ahorra poco, por lo que tiene un desahorro bajo; el nivel de ingresos altos ahorra durante su vida activa y a menudo se beneficia de herencias, pero no se produce desahorro a menos que se vea afectado por un problema grave; solo el nivel medio se comporta en general según lo previsto. Se supone que el motivo de este comportamiento diferenciado es triple: entorno externo, por ejemplo, múltiples cambios; diferencias en las preferencias, por ejemplo, tendencias de comportamiento y entornos e intervenciones institucionales, por ejemplo, provisiones de renta mínima. Este artículo describe las hipótesis respectivas, presenta soporte conceptual y empírico inicial y revisa la literatura internacional sobre las hipotéticas causas. La revisión de bibliografía internacional no echa por tierra nuestra hipótesis de una aplicación reformulada y amplia de tres niveles del modelo de ciclo de vida, pero ofrece algunas precisiones y surcos iniciales. El artículo propone los siguientes pasos conceptuales y empíricos, a saber: enriquecer las estimaciones existentes sobre distribución de la riqueza en el momento de la jubilación con estimaciones sólidas de los recursos de la seguridad social (pensiones y sanidad, realizar pruebas orientadas de verificación de hipótesis sobre los factores clave con datos del panel de hogares y formular respuestas normativas si las nuevas hipótesis no son rechazadas.