BBVA Mi jubilación - Fondo documental

La edad es uno de los principales factores que sirven de referencia para organizar la vida de las personas. Las convenciones culturales y la presión social marcan una edad para hacer cada cosa: una edad para estudiar, una edad para casarse, una edad para tener hijos, una edad para jubilarse.

En su reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo (12 de abril de 2021), el ministro de Seguridad Social trazó el contexto de la reforma de las pensiones y el grado de avance en el que se encuentra. El contexto viene marcado por tres fuerzas relevantes en este momento: (i) la situación del sistema en el año ya largo de pandemia que estamos sufriendo, que ha acentuado el riesgo económico junto al ya existente riesgo demográfico en nuestras pensiones; (ii) las demandas de la Unión Europea para afrontar reformas estructurales a las que se condicionarán, en principio, los nuevos fondos de ayudas y préstamos, y (iii) las posiciones de los actores sociopolíticos (partidos, agentes sociales y plataformas de pensionistas) en el ámbito doméstico. Cada una de estas fuerzas ejerce una presión que va en dirección no siempre coincidente con la de las restantes.

La esperanza de vida se ha convertido probablemente en el indicador biométrico por excelencia a la hora de calcular la edad legal de jubilación en las reformas de pensiones que se están realizando en los distintos países. Sin embargo, la estimación del número esperado de años de vida a partir de la jubilación puede variar significativamente en función del método de cálculo utilizado. Si en trabajos anteriores analizábamos el impacto del gap entre esperanzas de vida calculadas por métodos periodo y cohorte en la equidad intergeneracional (Ayuso, Bravo y Holzmann, 2020) ahora el objetivo es cuantificar el impacto de esta medida en el cálculo de la edad legal de jubilación. Bajo el escenario de neutralidad actuarial, la investigación realizada pone de manifiesto como las reformas en la edad legal de jubilación actualmente en marcha pueden no ser suficientes para corregir las desviaciones esperadas en el número medio de años de vida tras la jubilación.

El déficit estructural de la Seguridad Social, motivado en buena medida por la creciente longevidad de la población, pone cada vez más presión sobre el sistema de pensiones. Con el compromiso de garantizar uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar, la Comisión del Pacto de Toledo está cerca de emitir su informe de recomendaciones para resolver los problemas que acechan al sistema. Este informe debería ayudar a que cuajen los pactos sociales y parlamentarios necesarios para alumbrar una nueva reforma de las pensiones. Como principio general, el Foro de Expertos considera que la sostenibilidad del sistema de pensiones ha de ser prioritaria por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos, como la equidad.

El envejecimiento poblacional es particularmente acusado en España, resultado de la baja tasa de natalidad y del aumento de la esperanza de vida. Así, la tasa de dependencia está previsto que aumente del 29,6 por 100 en 2018 hasta el 49,5 por 100 en 2040. El impacto económico de este cambio demográfico no se circunscribe al sistema del bienestar, sino que afecta a toda la sociedad, e influencia el crecimiento económico, los patrones de consumo y ahorro o la productividad. Este análisis muestra que la contribución de la fuerza laboral al crecimiento del PIB se reducirá de manera marcada en España, pasando de una aportación positiva de +0,6 puntos porcentuales (p.p.) anuales entre 2000-2018 a otra negativa entre -0,4 p.p. y -0,8 p.p. en 2040. Por su parte, la contribución de la fuerza laboral al PIB per c ápita se reducirá del +0,3 p.p. anuales promedio en 2000-2018 hasta -0,2 pp y -0,6 p.p. en 2040. La intensidad de este descenso dependerá de la respuesta en términos de participación en el empleo y de la inmigración. El conjunto de mecanismos existentes para paliarlo abarcan desde el aumento de la tasa de participación, el alargamiento de la vida laboral, mejoras de la productividad o mayores flujos de inmigración. Sin embargo, el impacto del envejecimiento poblacional no se logrará reducir de manera significativa sin aplicar todo el conjunto de mecanismos existentes.

El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a la nueva realidad demográfica. Aunque se trata de un reto común a todos los países desarrollados, las proyecciones de población de España plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso, llegando a ser el país europeo más longevo en 2050. El objetivo de este artículo es analizar en qué situación se encuentra nuestro sistema de pensiones y como debería adaptarse para seguir vigente y en plena salud financiera en el siglo XXI. En concreto, se analizan las limitaciones de las últimas reformas emprendidas y se proponen los elementos cruciales de la que sería una reforma financiera y políticamente sostenible para adaptar nuestro sistema de pensiones de una forma definitiva a la nueva realidad demográfica.