BBVA Mi jubilación - Fondo documental

La esperanza de vida se ha convertido probablemente en el indicador biométrico por excelencia a la hora de calcular la edad legal de jubilación en las reformas de pensiones que se están realizando en los distintos países. Sin embargo, la estimación del número esperado de años de vida a partir de la jubilación puede variar significativamente en función del método de cálculo utilizado. Si en trabajos anteriores analizábamos el impacto del gap entre esperanzas de vida calculadas por métodos periodo y cohorte en la equidad intergeneracional (Ayuso, Bravo y Holzmann, 2020) ahora el objetivo es cuantificar el impacto de esta medida en el cálculo de la edad legal de jubilación. Bajo el escenario de neutralidad actuarial, la investigación realizada pone de manifiesto como las reformas en la edad legal de jubilación actualmente en marcha pueden no ser suficientes para corregir las desviaciones esperadas en el número medio de años de vida tras la jubilación.

El déficit estructural de la Seguridad Social, motivado en buena medida por la creciente longevidad de la población, pone cada vez más presión sobre el sistema de pensiones. Con el compromiso de garantizar uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar, la Comisión del Pacto de Toledo está cerca de emitir su informe de recomendaciones para resolver los problemas que acechan al sistema. Este informe debería ayudar a que cuajen los pactos sociales y parlamentarios necesarios para alumbrar una nueva reforma de las pensiones. Como principio general, el Foro de Expertos considera que la sostenibilidad del sistema de pensiones ha de ser prioritaria por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos, como la equidad.

El envejecimiento poblacional es particularmente acusado en España, resultado de la baja tasa de natalidad y del aumento de la esperanza de vida. Así, la tasa de dependencia está previsto que aumente del 29,6 por 100 en 2018 hasta el 49,5 por 100 en 2040. El impacto económico de este cambio demográfico no se circunscribe al sistema del bienestar, sino que afecta a toda la sociedad, e influencia el crecimiento económico, los patrones de consumo y ahorro o la productividad. Este análisis muestra que la contribución de la fuerza laboral al crecimiento del PIB se reducirá de manera marcada en España, pasando de una aportación positiva de +0,6 puntos porcentuales (p.p.) anuales entre 2000-2018 a otra negativa entre -0,4 p.p. y -0,8 p.p. en 2040. Por su parte, la contribución de la fuerza laboral al PIB per c ápita se reducirá del +0,3 p.p. anuales promedio en 2000-2018 hasta -0,2 pp y -0,6 p.p. en 2040. La intensidad de este descenso dependerá de la respuesta en términos de participación en el empleo y de la inmigración. El conjunto de mecanismos existentes para paliarlo abarcan desde el aumento de la tasa de participación, el alargamiento de la vida laboral, mejoras de la productividad o mayores flujos de inmigración. Sin embargo, el impacto del envejecimiento poblacional no se logrará reducir de manera significativa sin aplicar todo el conjunto de mecanismos existentes.

El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a la nueva realidad demográfica. Aunque se trata de un reto común a todos los países desarrollados, las proyecciones de población de España plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso, llegando a ser el país europeo más longevo en 2050. El objetivo de este artículo es analizar en qué situación se encuentra nuestro sistema de pensiones y como debería adaptarse para seguir vigente y en plena salud financiera en el siglo XXI. En concreto, se analizan las limitaciones de las últimas reformas emprendidas y se proponen los elementos cruciales de la que sería una reforma financiera y políticamente sostenible para adaptar nuestro sistema de pensiones de una forma definitiva a la nueva realidad demográfica.

En este artículo se analizan las tendencias recientes en la edad media de jubilación a la luz de la reforma de 2011 y de las distintas modalidades de acceso a la jubilación. El análisis arroja los siguientes resultados. En primer lugar, la edad efectiva de jubilación ha tendido a aumentar en los últimos años como resultado del incremento neto de la edad de jubilación dentro de cada modalidad de jubilación, que ha más que compensado el efecto contrario propiciado por el mayor peso de las diferentes modalidades de jubilación anticipada. En segundo lugar, la incidencia de la reforma de 2011, desde la óptica de la edad de jubilación, aún es aparentemente limitada, debido al todavía notable porcentaje de altas que acceden a la jubilación según la normativa previa a aquella, así como a las disposiciones que permiten mantener en 65 años la edad legal de jubilación para las personas con carreras de cotización suficientemente amplias. En tercer lugar, los trabajadores que acceden a alguna modalidad de jubilación anticipada y los que se jubilan parcialmente ostentan, en media, la edad de jubilación más temprana. Sin embargo, estos trabajadores acreditan, en general, períodos de cotización y bases reguladoras relativamente altas.

Las principales conclusiones del informe son: 1) El incremento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del PIB respecto al nivel de 2019, 10,9% del PIB, se explica por los factores demográficos como resultado del proceso de envejecimiento de la población, que se compensa solo parcialmente por la evolución prevista del mercado de trabajo y de los factores institucionales; 2) En el escenario central, la población aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, con entradas anuales netas promedio de 330.000 inmigrantes entre 2020 y 2050, cierta recuperación de la fecundidad y mejoras en la esperanza de vida; y 3) a largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011 (elevar 2 años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años del periodo de cómputo para la jubilación supondría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB); 4) las reformas paramétricas de 2011, en su regulación actual, suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050 y la aplicación del factor de sostenibilidad desde 2023 implica un ahorro adicional de 0,9 puntos en 2050.