BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El Grupo de Trabajo Pensiones, dirigido por Tomás Arrieta, Profesor Honorífico de la UCM y Presidente de la Fundación AGE, ha trabajado en los últimos meses en el análisis de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que fueron consensuadas y ampliamente aprobadas en nuestro Parlamento a finales del pasado año. Ha sido un hito clave para nosotros disponer de esta hoja de ruta de 22 recomendaciones, que nos ha permitido trabajar en torno a ellas con realismo y espíritu crítico positivo. Pensamos que nuestras propuestas aportan una visión sosegada desde la sociedad civil a las mencionadas recomendaciones. Vamos a vivir vidas más largas y saludables y ese magnífico logro de la sociedad, hace que debamos exigir a nuestras instituciones que estén a la altura del enorme desafío colectivo que representa la evolución de los comportamientos aprendidos respecto a la edad.

El objetivo de este estudio es calcular su valor adelantado para el año 2021 con la información que proporciona la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social tras el tercer trimestre de 2020. A pesar de que el Congreso aprobó su no aplicación desde 2018 como consecuencia de la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2018 entre los grupos parlamentarios, y de que es probable su futura derogación o al menos su modificación, es importante conocer su valor teórico para poder estar informados de la evolución de la salud financiera del sistema de pensiones español. Es un indicador mucho más potente y realista que, por ejemplo, la evolución de las cotizaciones o el número de afiliados, que son los que tradicionalmente se han utilizado.

El saldo del Sistema de Seguridad Social por operaciones no financieras arroja un déficit anual tras el tercer trimestre de 2020 (Octubre 2019-Septiembre 2020) de 16.822 millones de euros, equivalentes a un 1,47% del PIB2 , frente a los 8.714 millones de euros de déficit anual del trimestre anterior (Julio 2019-Junio 2020), equivalentes al 0,74% del PIB. Hace un año (Septiembre 2019) el déficit era del 1,55% del PIB.

La Seguridad Social española afronta un serio problema de desequilibrio financiero. Este trabajo realiza un análisis retrospectivo de las cuentas de la Seguridad Social desde 1977, con especial atención al desarrollo de las prestaciones económicas y de sus mecanismos de financiación, donde destaca en los últimos años la creciente importancia de las aportaciones del Estado para hacer frente a la insuficiencia de las cotizaciones. Los logros alcanzados en materia de pensiones revelan, sin embargo, los huecos del sistema en protección a la familia, infancia o atención a la dependencia. El déficit presente y, sobre todo, el que se anticipa en el futuro, exige reformas inmediatas que permitan distribuir los costes del ajuste entre las distintas generaciones.

El sistema público español de pensiones, a pesar de la percepción de una parte de la opinión pública, tiene unas prestaciones medias que superan al promedio de las de la Unión Europea cuando se comparan ratios significativas (replacement rate y benefit rate). El sistema se enfrenta a un muy exigente reto en las próximas tres décadas debido al continuado proceso de envejecimiento de la población, provocado por una mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom. Los estudios analizados en este artículo muestran que, incluso disponiendo de un escenario demográfico favorable, aumentará sensiblemente el nivel de esfuerzo exigido a la sociedad española (gasto pensiones sobre PIB) para mantener el actual nivel de cobertura. Por este motivo, la sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en la que solo se pueden cumplir dos de los objetivos

La reforma del sistema público de pensiones no tiene vuelta atrás, y en pocas semanas los partidos anunciarán las líneas maestras que el Ministerio de Seguridad Social deber seguir para abordar los cambios normativos en la ley que rige el acceso de los españoles a su pensión de jubilación. Más allá de la revalorización y el impulso a la sostenibilidad financiera que pueda aportar la separación de fuentes, las miradas están puestas en esa recomendación 16, que insta al Gobierno a favorecer la adquisición de planes de previsión social complementaria por parte de los ciudadanos que sirvan para complementar y completar la paga que otorga el Estado una vez abandonado el mercado laboral