BBVA Mi jubilación - Legislación y jurisprudencia

Tribunal Superior de Justicia

STSJ Navarra 371/2019 de 28.11.2019 (Rec. n.º 368/2019)

28 de noviembre de 2019

| Tipo de resolución: Sentencia

Complemento a mínimos en caso de concurrencia de pensiones (viudedad) y normativa aplicable en situación de prórroga presupuestaria.

En el caso enjuiciado, la parte demandante solicitó que se reconociera su derecho a percibir dos pensiones de viudedad y que ambas lo fueran con complementos a mínimos, alcanzando un importe cada una de las pensiones de 9.196,60 €, sumando un total de 18.393,20 € en el año 2018, pretendiendo igualmente, percibir los atrasos correspondientes a anualidades anteriores.

Concretamente, se denuncia que la sentencia de instancia infringe, porque no aplica, la Disposición Adicional quincuagésimo primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y que infringiría, porque aplica indebidamente, el artículo 12 del RD 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del Sistema de la seguridad Social y de otras prestaciones públicas para el ejercicio 2016. En ese sentido, entiende que la sentencia recurrida no tiene en cuenta el único límite máximo de las pensiones públicas que la ley establece para el año 2018, y que, en atención al apartado cinco de la Disposición Adicional quincuagésimo primera de la Ley 6/2018, se sitúa en 36.609,44 € anuales, aplicando por el contrario una norma reglamentaria en la que, a su juicio, no se puede sostener el rechazo de la pretensión prestacional. Sin embargo, sentadas estas premisas, entiende el TSJ que no pueden compartirse estos los razonamientos y conclusiones de la parte recurrente.

 Así, en primer lugar, en relación a los supuestos de concurrencia de pensiones, y en el marco de prórroga presupuestaria entonces vigente, sí que continuaba vigente el RD 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del Sistema de Seguridad Social para el ejercicio 2016, pues ni el RD 746/2016, ni el RD 1079/2017 contienen reglas sobre pensiones concurrentes. Esa norma, en su artículo 12.1, relativo a la aplicación de los complementos por mínimos en los supuestos de concurrencia de pensiones establece que “en los supuestos de concurrencia de pensiones, la aplicación de los complementos por mínimos […] se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes normas: solamente se reconocerá complemento por mínimos si la suma de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas las de la Seguridad Social de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación, resulta inferior al mínimo que corresponda a aquella de las del sistema de la Seguridad Social que lo tenga señalado en mayor cuantía, en cómputo anual”.

Una vez determinada que, efectivamente, ésta seguía siendo la norma aplicable, que es el verdadero núcleo central de la controversia, la demandante, conforme al certificado al que hace referencia el hecho probado cuarto de la sentencia recurrida, había percibido el importe de las pensiones de viudedad que tiene reconocidas, con el complemento a mínimos necesario para alcanzar la cuantía mínima de la pensión establecida para el año 2018, no cabiendo entonces acoger su pretensión.

PENSIÓN DE VIUDEDADCOMPLEMENTO POR MÍNIMOS

Tribunal Supremo

STS 1668/2019, de 03.12.2019 (Rec. n.º 5178/2017) - Sala de lo Contencioso-Administrativo

03 de diciembre de 2019

| Tipo de resolución: Sentencia

Prueba de la convivencia estable y notoria y la condición de pareja de hecho en la pensión de viudedad (clases pasivas).

En el caso enjuiciado, la recurrente solicitó la pensión ordinaria de viudedad al fallecer su pareja, funcionario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, habiendo convivido ambos desde 2003 hasta su fallecimiento así como habiendo formado con él pareja de hecho, inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana el 22 de abril de 2010. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, decisión confirmada por la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central en base a que, teóricamente, el certificado de empadronamiento aportado no acreditaba el requisito de convivencia con su pareja en los cinco años previos a su fallecimiento. En ese sentido, se entiende que no constituye prueba suficiente de dicha convivencia así como tampoco la testifical de una de las dos hijas del causante, la de una vecina y la de los conserjes de sus dos últimos domicilios ni el acta notarial con las manifestaciones de los mismos, documento firmado por otros vecinos.

Concretamente, la sentencia recurrida señala que, si bien la inscripción registral de la pareja de hecho tuvo lugar con la antelación exigida, no se acreditó el empadronamiento de más de cinco años que revele una convivencia estable y notoria ininterrumpida con carácter inmediato al fallecimiento. El requisito incumplido, añade, “es condición sine qua non para el reconocimiento de la pensión que no puede ser obviado por la prueba testifical practicada. Además, apunta que el padrón municipal indica la convivencia desde el 30 de diciembre de 2008, es decir menos de los cinco años requeridos”.

Frente a ello, la recurrente entiende que, en base a le legislación vigente, la acreditación de la convivencia estable y notoria puede hacerse con otros medios de prueba distintos del empadronamiento a los efectos de causar derecho a la pensión de viudedad en supuestos de pareja de hecho. Específicamente, considera que, exigiéndose tanto en la de la Seguridad Social como en la de clases pasivas, la acreditación de la convivencia estable y notoria en los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, carece de justificación que se erija al certificado de empadronamiento en el único medio de prueba válido para ello cuando, en el ámbito de la Seguridad Social, la Sala de lo Social (Sala Cuarta) del Tribunal Supremo acepta que se demuestre mediante cualquier medio que tenga fuerza de convicción suficiente. Incidiendo en este punto, argumenta que “el criterio hermenéutico ha de coincidir por una mera expectativa de buen derecho, seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley", pues “llegar a conclusiones distintas a partir de una regulación idéntica” -la de la Ley de Clases Pasivas y la de la Ley General de la Seguridad Social- entrañaría una desigualdad de trato entre funcionarios y asalariados carente de justificación y constitutiva de discriminación prohibida por el art. 14 de la Constitución.

Ante este contraste de argumentos, el TS entra a valorar el valor probatorio de la inscripción registral de la pareja, es decir, decidir si aportar ese certificado de empadronamiento es un requisito sine qua non o si, por el contrario, la legislación no excluye la utilización de otros medios válidos en Derecho para establecer, sin ningún género de dudas, la  convivencia estable y notoria de la pareja en el periodo relevante. Así, el TS, en primer lugar, aunque manifiesta que el certificado de empadronamiento es el mejor medio de prueba, entiende que ello no equivale a que sea único, así como que, además, "al tratarse de un instrumento formal, puede no corresponderse con la realidad, tal como observa la recurrente”, de modo que “si se requiere probar una convivencia estable y notoria, no parece contraindicado cualquier otro modo de establecer lo que, si es notorio, tiene que ser conocido por fuerza por terceros, más allá de que resulte de un registro público”.

Por tanto, alejándose de la opinión de la sentencia recurrida, da la razón a la demandante-recurrente en los siguientes términos: “no nos parece difícil llegar a la solución defendida por la Sra. Rebeca si atendemos a la finalidad perseguida por el legislador, la de asegurar que la pensión se reconozca sólo a quien realmente está unido al causante por la relación estable de afectividad que subyace a la unión de hecho, tal y como se acreditó de manera inequívoca en este caso. Y si consideramos que el artículo 38.4 no prohíbe valerse de otros medios de prueba, conclusión a la que ayuda decisivamente la circunstancia de que, ante una regulación semejante en el artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, la Sala Cuarta de este Tribunal Supremo no haya visto inconveniente en admitir pruebas distintas del certificado de empadronamiento para demostrar la convivencia estable y notoria a la hora del reconocimiento de esta pensión de viudedad al superstite de una pareja de hecho sujeta al régimen de la Seguridad Social”.

Por tanto, recalca la importancia de la interpretación que sobre este mismo requisito había realizado la Sala de lo Social del TS a efectos de evitar situaciones discriminatorias entre unos y otros tipos de trabajadores.

CLASES PASIVASPENSIÓN DE VIUDEDAD

Tribunal Supremo | General

STS de 24 de abril de 2018. Pensión concedida a viuda de un Pastor de la Iglesia Evangélica

24 de abril de 2018

| Tipo de resolución: Sentencia

Recurso de casación por unificación de doctrina núm. 538/2016.

En esta sentencia se reconoce el derecho a la pensión de viudedad de la viuda de un pastor de la Iglesia Evangélica, que había sido denegada por el INSS debido a que el presunto causante no estaba en alta, ni situación asimilada al alta, ni había cotizado al sistema de la Seguridad Social en el momento del fallecimiento. En 1978 se incluye a los pastores de distintas Iglesias en el sistema de la Seguridad Social y se reconoce a los ya secularizados los años de servicio como cotizados al Régimen General a los efectos de acceder a la pensión de jubilación. En este caso, se abre la posibilidad de solicitar dicha pensión. Sin embargo, el presunto causante, que se encontraba en la situación descrita, no solicitó dicha prestación. Sin embargo, la sentencia entiende que quizás la razón de esta opción fue la dificultad de interpretación de la norma aplicable. No obstante, lo que lleva a reconocer el derecho a su viuda es la aplicación del principio de igualdad, en cuanto a que, si la equiparación de los Pastores Evangélicos con los Clérigos de la Iglesia Católica ha de ser plena en el acceso a la pensión de jubilación, también tendrá que ser respecto a la pensión de viudedad. Por otra parte, esta sentencia recoge las claves más importantes de la STJDH 03/04/12 [asunto Manzanas], donde se reconoció el trato discriminatorio de los Pastores evangélicos respecto de los Sacerdotes católicos por el sistema de Seguridad Social española.

PENSIÓN DE VIUDEDADDISCRIMINACIÓNALTA

Gobierno

RD por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

31 de octubre de 2015

| Tipo de resolución: Disposición legislativa

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015.

La Ley General de la Seguridad Social regula todo el sistema de Seguridad Social española. El Título I contiene las normas generales, el Título II regula el Régimen General de la Seguridad Social, el Título III reglamenta la protección por desempleo, el Título IV establece el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, el Título V determina la protección por cese de actividad y el Título VI finaliza con las pensiones no contributivas. En El Título II se incluye la regulación de la pensión de jubilación, en el Capítulo XIII (arts. 204 y ss).

PENSIONESPENSIONES NO CONTRIBUTIVASPENSIÓN DE ORFANDADPENSIÓNPENSIÓN DE VIUDEDADPENSION JUBILACIONAFILIACIONBENEFICIARIOCOTIZACIÓNINCAPACIDAD PERMANENTEINCAPACIDAD TEMPORALJUBILACIÓNJUBILACIÓN ANTICIPADAJUBILACIÓN PARCIALPATERNIDADPRESTACION DESEMPLEOPRESTACIÓN POR DESEMPLEORÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOSMATERNIDADCÁLCULOJUBILACIÓN FLEXIBLE