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Estado de las pensiones en España

Espacio dedicado al seguimiento y análisis del sistema público de pensiones 

  • Sostenibilidad financiera

    31 de agosto de 2020

    Este indicador muestra la situación de déficit/superávit que arroja el sistema público de pensiones en España a partir de los distintos factores que lo determinan. Los valores del indicador inferiores a cero mostrarían una situación de déficit financiero y los valores positivos indicarían superávit.

  • Adecuación y suficiencia

    31 de agosto de 2020

    La tasa de prestación mide la relación entre las prestaciones medias del sistema de pensiones en relación al salario medio. Este indicador muestra la generosidad del sistema con los actuales pensionistas permitiendo comparar con otros países.

  • Sentimiento

    30 de septiembre de 2020

    El indicador de sentimiento (GDELT) mide el sesgo de las publicaciones realizadas en Internet por los medios de comunicación sobre noticias relacionadas con el sistema de pensiones. Los resultados confirman un tono permanentemente negativo en esta temática.

Información suministrada por BBVA Research

Tribuna

El Informe OCDE “Pension Markets in focus 2020” analiza los Planes de Ahorro Jubilación

El informe de este año de la OCDE sobre el mercado de pensiones ofrece una visión general de los Planes o Seguros de ahorro para la jubilación en 90 países a cierre de 2019, y describe la evolución del sector de las pensiones en todo el mundo. Resumimos las principales conclusiones de este informe. Leer más

Autor :  Instituto BBVA de Pensiones.

Indicador Periodo Valor Variación
Evolución mensual de la afiliación a la Seguridad Social. Último día del mes. 31/10/2020 18.986.284 0,76%
Déficit / Superavit de la Seguridad Social 30/09/2020 -7677,88 12,99
Sentimiento 30/09/2020 -1,06 6,17%
Adecuación y suficiencia 31/08/2020 58,85% -0,41%
Sostenibilidad financiera 31/08/2020 -0,0611097973 3,19%

Otros indicadores de pensión pública:

También puedes consultar nuestros indicadores por comunidades autónomas:

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Fecha de publicación

Fondo documental

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  • IX Encuesta Instituto BBVA de Pensiones: los millennials ante la jubilación

    11 de noviembre de 2020

    A través de este estudio, el Instituto BBVA expone los resultados de su investigación en torno a la percepción de la futura jubilación y hábitos de ahorro de los nacidos en España entre 1978 y 1999.

    REFORMAS DE PENSIONESSOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONESAHORROJUVENTUD

  • Foro de Expertos

    ¿Qué más puede hacer el Pacto de Toledo? De la “reforma permanente” a la Covid-19

    16 de octubre de 2020

    Desde su aprobación en 1995, el Pacto de Toledo ha constituido la referencia fundamental de la política de pensiones en España. Aunque existe un amplio consenso sobre el limitado alcance de las reformas aprobadas con el respaldo del Pacto, los partidos políticos y los agentes sociales siguen considerándolo públicamente el único instrumento institucional válido para introducir cualquier tipo de cambio que afecte a las pensiones. Este documento plantea siete grandes preguntas en torno a la historia y el rendimiento del Pacto de Toledo, enfocando asimismo la atención en su capacidad de alumbrar la reforma de las pensiones que necesita nuestro país para generar confianza entre los actuales y los futuros pensionistas, así como también entre nuestros socios europeos y la comunidad internacional. Esa capacidad depende, en buena medida, de que el Pacto redefina su modus operandi y asuma tareas hasta ahora descuidadas, como la de trasladar a los ciudadanos información accesible y sólida sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, su evolución en los próximos años y las implicaciones en términos de equidad, suficiencia y sostenibilidad financiera que tendrían las distintas opciones de reforma.

    PACTO DE TOLEDOREFORMAS DE PENSIONES

  • Tribuna

    Los productos utilizados para Previsión Social Empresarial en España: una evolución necesaria

    11 de septiembre de 2020

    Es una necesidad imperiosa la generalización del ahorro de los trabajadores españoles través del sistema de pensiones de empleo (2º Pilar), especialmente de las nuevas generaciones , para que, junto al ahorro voluntario a título particular (3ª Pilar), complemente adecuadamente su futura pensión pública y contribuya a compensar las caídas de cobertura que la misma sufrirá debido a factores demográficos ( el incremento esperanza de vida y el porcentaje futuro de número de pensionistas sobre número de trabajadores activos).

    PLANES DE PENSIONESAHORROPLANIFICACIÓN FINANCIERAPREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

En los medios

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Legislación y jurisprudencia

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  • STSJ Andalucía (Granada) 1439/2019, de 6 de junio de 2019 (Rec. n.º 2610/2018). Indemnización fraccionada y acceso a la jubilación anticipada

    06 de junio de 2019

    <p>Este pronunciamiento versa sobre la capacidad o no de un pacto indemnizatorio -de cara al acceso a la jubilaci&#243;n anticipada- en el que se acuerda que el montante a abonar lo sea de manera fraccionada, aun incluso superando el l&#237;mite legal, de cumplir o no con las exigencias de pago de la indemnizaci&#243;n que, de manera relativamente abstracta, exige la Ley General de Seguridad Social.&#160;</p> <p>Concretamente, en diciembre de 2016 la empresa traslada al trabajador la decisi&#243;n de dar por finalizado el v&#237;nculo laboral, la cual ven&#237;a motivada por la concurrencia de causas objetivas de car&#225;cter econ&#243;mico. En ese sentido, se procede a reconocer a &#233;ste una indemnizaci&#243;n por importe de 18.814,09 &#8364;, si bien se advierte no encontrarse la empresa en situaci&#243;n de poder afrontar al abono de la misma. Ante ello, se le ofrece al demandante percibir una indemnizaci&#243;n por la extinci&#243;n del contrato de trabajo por importe total de 26.452,28 &#8364;, a abonar en 12 mensualidades y con cuya percepci&#243;n el actor se declarar&#237;a debidamente saldado y finiquitado por todos los conceptos.&#160;</p> <p>Con posterioridad, en mayo de 2017, el trabajador solicita pensi&#243;n de jubilaci&#243;n anticipada que le fue denegada por resoluci&#243;n del INSS en tanto se entend&#237;a que no hab&#237;a acreditado la percepci&#243;n de la indemnizaci&#243;n correspondiente derivada de la extinci&#243;n del contrato de trabajo, ni, como se&#241;ala la normativa, haber interpuesto demanda judicial reclamaci&#243;n de indemnizaci&#243;n ni en impugnaci&#243;n de la decisi&#243;n extintiva. Tal conclusi&#243;n fue refrendada por la sentencia de instancia. As&#237; las cosas, ante la falta de expl&#237;cita menci&#243;n sobre este supuesto en la normativa, lo que se suscita en el litigio es qu&#233; ha de incluirse en la cl&#225;usula abierta que permite que, de no aportarse transferencia bancaria, se acredite mediante &quot;documentaci&#243;n equivalente&quot; haber percibido la indemnizaci&#243;n.</p><p>En ese sentido, comienza el TSJ se&#241;alando que &#8220;dar una respuesta a la cuesti&#243;n nos exige destacar que la norma legal controvertida delimita de modo muy espec&#237;fico la capacidad probatoria de la parte solicitante de la prestaci&#243;n. En cierta medida se estrecha as&#237; el margen de an&#225;lisis de la prueba, el cual queda sometido al mandato de rango legal: la exigencia de transferencia bancaria sit&#250;a la necesidad de que la documentaci&#243;n alternativa, al tener que ser equivalente, deba reunir las caracter&#237;sticas de aqu&#233;lla. Sin duda, se pretende la constataci&#243;n de que el importe de la indemnizaci&#243;n ha entrado efectivamente en el patrimonio del trabajador y que tal constataci&#243;n pueda efectuarse a trav&#233;s de elementos objetivos, como son aqu&#233;llos que permite seguir las trazas de ese ingreso en el acervo econ&#243;mico de aqu&#233;l por la intervenci&#243;n de terceros, ajenos al negocio jur&#237;dico, y sujetos a la m&#225;xima garant&#237;a de control y transparencia a estos particulares efectos&#8221;.</p><p><span>Por tanto, lo que el precepto persigue es eliminar toda sombra de fraude, en la misma medida que se prev&#233; en el art. 229 LGSS , que apunta a una misma intenci&#243;n del legislador: &#8220;la norma exige la aportaci&#243;n de la prueba del pago, mediante un instrumento que resulte inmune a la eventual simulaci&#243;n. Estos razonamientos nos llevan a afirmar que, precisamente, el instrumento inadecuado ser&#225; aquel que &#250;nicamente consigne la manifestaci&#243;n de voluntad de las partes de saldar el d&#233;bito indemnizatorio de la empresa en favor del trabajador, puesto que lo que la ley exige no es que el trabajador entienda satisfecho su cr&#233;dito, sino que, de modo efectivo y contable, se haya producido el percibo de la indemnizaci&#243;n, de forma tal que no pueda dudarse de la realidad de la propia extinci&#243;n del contrato por las causas legales&quot;.</span></p>

    JUBILACIÓN ANTICIPADA

  • Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

    03 de julio de 2020

    <span>Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores (Disposición Adicional 4ª)</span>

    BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN

  • Criterio de gestión 12/2020. Jubilación activa plena y ERTE del asalariado

    19 de mayo de 2020

    <span>Los trabajadores autónomos que mantengan la actividad de su empresa y sigan trabajando personalmente en ella podrán beneficiarse del 100% de la pensión de jubilación, aun cuando todos los trabajadores por cuenta ajena que tienen contratados hayan visto reducida o suspendida su relación laboral por causa de un ERTE (o por cualquier otra causa recogida en el artículo 45 del TRLET), siempre y cuando la obligación de cotizar del autónomo se mantenga. Este mismo criterio se aplicará en el caso de que el autónomo empresario esté exonerado de la cotización en virtud del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.</span>

    CORONAVIRUSERTEEXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEOJUBILACIÓN ACTIVA


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