Tribuna

Los productos utilizados para Previsión Social Empresarial en España: una evolución necesaria

11 de septiembre de 2020

Es una necesidad imperiosa la generalización del ahorro de los trabajadores españoles través del sistema de pensiones de empleo (2º Pilar), especialmente de las nuevas generaciones , para que, junto al ahorro voluntario a título particular (3ª Pilar), complemente adecuadamente su futura pensión pública y contribuya a compensar las caídas de cobertura que la misma sufrirá debido a factores demográficos ( el incremento esperanza de vida y el porcentaje futuro de número de pensionistas sobre número de trabajadores activos).

La jubilación de nuestro sistema de pensiones. Hacia un modelo sostenible para el periodo 2020-2050

24 de julio de 2020

Según el autor del estudio, el profesor Juan Carlos Higueras, el actual sistema de pensiones “tiene fecha de caducidad, no es sostenible y no permitirá ofrecer pensiones suficientes y dignas para los jubilados que están por llegar”, avisando de la necesidad de acometer una reforma integral del sistema y cambios estructurales en nuestra economía para darle soporte. Sus principales conclusiones serían las siguientes: 1) el efecto del COVID-19 sobre la economía no ha hecho más que agudizar el problema existente y acelerará un proceso de reforma que Europa hace tiempo reclama; 2) en España, actualmente, hay 3 personas en edad de jubilación por cada 10 en edad de trabajar, mientras que en 2050 habrá un jubilado por 1,72 personas en edad de trabajar; 3) en 2019, la brecha de género se mantiene, pues los hombres percibieron una pensión media de 1.212,67 euros frente a las mujeres, que es de 793,9 euros; 4) País Vasco, Asturias y Madrid, las comunidades con pensiones más altas; mientras que Galicia y Andalucía las que menos; 5) se señala la necesidad de inculcar mucho más el ahorro previsional, pues la tasa media de ahorro de los españoles en planes y fondos de pensiones es de 9,35% respecto al PIB y la media de los países de la OCDE es superior al 35% del PIB.

Guía introductoria a la previsión social complementaria (italiano)

14 de julio de 2020

Desde la década de 1990, el sistema italiano público de pensiones ha experimentado cambios profundos. Con el aumento gradual de la esperanza de vida, que determina una extensión del período de pago de pensiones, y la desaceleración del crecimiento económico, las reglas para determinar las pensiones también se han revisado de acuerdo con las necesidades de sostenibilidad de las finanzas públicas. En particular: 1) tanto la edad requerida para jubilarse como la edad mínima de cotización se han elevado; 2) el monto de la pensión se ha vinculado: a variables tales como el monto de contribuciones pagadas durante toda la vida laboral y ya no a los últimos salarios recibidos; al crecimiento del Producto Interno Bruto o a la "esperanza de vida" al momento de la jubilación; y 3) una vez pagada, la pensión se revalúa únicamente en función de la inflación. Estos cambios significan que, con el tiempo, las nuevas pensiones, en relación con la última remuneración recibida (la "tasa de reemplazo"), serán más bajas que las de los pensionados actuales. Esta es la razón principal por la que se agrega un segundo pilar a las pensiones obligatorias: la provisión social complementarias. Concretamente, ésta, además de permitir la posibilidad de obtener una renta complementaria, representa una oportunidad de ahorro que con que enfrentar cualquier dificultad personal y laboral con mayor serenidad, facilitando también la salida del mercado laboral y la transición a la Jubilación.

Noticia

José Luis Escrivá: "Las pensiones mínimas se revalorizarán por encima del IPC"

28 de septiembre de 2020

José Luis Escrivá (@joseluisescriva) (Albacete, 1960) ha pasado de ser quien evaluaba al Gobierno desde su anterior cargo como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), puesto en el que trabajó durante seis años vigilando la sostenibilidad de las finanzas públicas, a ser el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encargado de pilotar una reforma de las pensiones que ofrezca certidumbre a los pensionistas en que mantendrán su poder adquisitivo, y al mismo tiempo garantice la sostenibilidad de la Seguridad Social a medio y largo plazo. Y todo ello, en medio de una pandemia.

Noticia

La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas

28 de septiembre de 2020

El incremento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del PIB respecto al nivel de 2019, 10,9% del PIB, se explica por los factores demográficos como resultado del proceso de envejecimiento de la población, que se compensa solo parcialmente por la evolución prevista del mercado de trabajo y de los factores institucionales. La institución estima que las reformas paramétricas de 2011, en su regulación actual, suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050 y la aplicación del factor de sostenibilidad desde 2023 implica un ahorro adicional de 0,9 puntos en 2050.

Opinión

Los retos del sistema de pensiones ante la COVID

27 de septiembre de 2020

Debemos empezar ya a trabajar en el sistema de pensiones, estar ya diseñando las pensiones de 2030, porque necesitamos que los cambios sean graduales en el tiempo, dar un plazo suficientemente amplio para que toda la sociedad se pueda adaptar progresivamente, dado el carácter intergeneracional del sistema. No hacer nada sobre el sistema de pensiones español no es una opción, dados los importantes retos que afronta tanto a corto como a medio plazo.

STSJ Andalucía (Granada) 1439/2019, de 6 de junio de 2019 (Rec. n.º 2610/2018). Indemnización fraccionada y acceso a la jubilación anticipada

06 de junio de 2019

<p>Este pronunciamiento versa sobre la capacidad o no de un pacto indemnizatorio -de cara al acceso a la jubilaci&#243;n anticipada- en el que se acuerda que el montante a abonar lo sea de manera fraccionada, aun incluso superando el l&#237;mite legal, de cumplir o no con las exigencias de pago de la indemnizaci&#243;n que, de manera relativamente abstracta, exige la Ley General de Seguridad Social.&#160;</p> <p>Concretamente, en diciembre de 2016 la empresa traslada al trabajador la decisi&#243;n de dar por finalizado el v&#237;nculo laboral, la cual ven&#237;a motivada por la concurrencia de causas objetivas de car&#225;cter econ&#243;mico. En ese sentido, se procede a reconocer a &#233;ste una indemnizaci&#243;n por importe de 18.814,09 &#8364;, si bien se advierte no encontrarse la empresa en situaci&#243;n de poder afrontar al abono de la misma. Ante ello, se le ofrece al demandante percibir una indemnizaci&#243;n por la extinci&#243;n del contrato de trabajo por importe total de 26.452,28 &#8364;, a abonar en 12 mensualidades y con cuya percepci&#243;n el actor se declarar&#237;a debidamente saldado y finiquitado por todos los conceptos.&#160;</p> <p>Con posterioridad, en mayo de 2017, el trabajador solicita pensi&#243;n de jubilaci&#243;n anticipada que le fue denegada por resoluci&#243;n del INSS en tanto se entend&#237;a que no hab&#237;a acreditado la percepci&#243;n de la indemnizaci&#243;n correspondiente derivada de la extinci&#243;n del contrato de trabajo, ni, como se&#241;ala la normativa, haber interpuesto demanda judicial reclamaci&#243;n de indemnizaci&#243;n ni en impugnaci&#243;n de la decisi&#243;n extintiva. Tal conclusi&#243;n fue refrendada por la sentencia de instancia. As&#237; las cosas, ante la falta de expl&#237;cita menci&#243;n sobre este supuesto en la normativa, lo que se suscita en el litigio es qu&#233; ha de incluirse en la cl&#225;usula abierta que permite que, de no aportarse transferencia bancaria, se acredite mediante &quot;documentaci&#243;n equivalente&quot; haber percibido la indemnizaci&#243;n.</p><p>En ese sentido, comienza el TSJ se&#241;alando que &#8220;dar una respuesta a la cuesti&#243;n nos exige destacar que la norma legal controvertida delimita de modo muy espec&#237;fico la capacidad probatoria de la parte solicitante de la prestaci&#243;n. En cierta medida se estrecha as&#237; el margen de an&#225;lisis de la prueba, el cual queda sometido al mandato de rango legal: la exigencia de transferencia bancaria sit&#250;a la necesidad de que la documentaci&#243;n alternativa, al tener que ser equivalente, deba reunir las caracter&#237;sticas de aqu&#233;lla. Sin duda, se pretende la constataci&#243;n de que el importe de la indemnizaci&#243;n ha entrado efectivamente en el patrimonio del trabajador y que tal constataci&#243;n pueda efectuarse a trav&#233;s de elementos objetivos, como son aqu&#233;llos que permite seguir las trazas de ese ingreso en el acervo econ&#243;mico de aqu&#233;l por la intervenci&#243;n de terceros, ajenos al negocio jur&#237;dico, y sujetos a la m&#225;xima garant&#237;a de control y transparencia a estos particulares efectos&#8221;.</p><p><span>Por tanto, lo que el precepto persigue es eliminar toda sombra de fraude, en la misma medida que se prev&#233; en el art. 229 LGSS , que apunta a una misma intenci&#243;n del legislador: &#8220;la norma exige la aportaci&#243;n de la prueba del pago, mediante un instrumento que resulte inmune a la eventual simulaci&#243;n. Estos razonamientos nos llevan a afirmar que, precisamente, el instrumento inadecuado ser&#225; aquel que &#250;nicamente consigne la manifestaci&#243;n de voluntad de las partes de saldar el d&#233;bito indemnizatorio de la empresa en favor del trabajador, puesto que lo que la ley exige no es que el trabajador entienda satisfecho su cr&#233;dito, sino que, de modo efectivo y contable, se haya producido el percibo de la indemnizaci&#243;n, de forma tal que no pueda dudarse de la realidad de la propia extinci&#243;n del contrato por las causas legales&quot;.</span></p>

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

03 de julio de 2020

<span>Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores (Disposición Adicional 4ª)</span>

Criterio de gestión 12/2020. Jubilación activa plena y ERTE del asalariado

19 de mayo de 2020

<span>Los trabajadores autónomos que mantengan la actividad de su empresa y sigan trabajando personalmente en ella podrán beneficiarse del 100% de la pensión de jubilación, aun cuando todos los trabajadores por cuenta ajena que tienen contratados hayan visto reducida o suspendida su relación laboral por causa de un ERTE (o por cualquier otra causa recogida en el artículo 45 del TRLET), siempre y cuando la obligación de cotizar del autónomo se mantenga. Este mismo criterio se aplicará en el caso de que el autónomo empresario esté exonerado de la cotización en virtud del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.</span>