IX Encuesta Instituto BBVA de Pensiones: los millennials ante la jubilación

11 de noviembre de 2020

A través de este estudio, el Instituto BBVA expone los resultados de su investigación en torno a la percepción de la futura jubilación y hábitos de ahorro de los nacidos en España entre 1978 y 1999.

Foro de Expertos

¿Qué más puede hacer el Pacto de Toledo? De la “reforma permanente” a la Covid-19

16 de octubre de 2020

Desde su aprobación en 1995, el Pacto de Toledo ha constituido la referencia fundamental de la política de pensiones en España. Aunque existe un amplio consenso sobre el limitado alcance de las reformas aprobadas con el respaldo del Pacto, los partidos políticos y los agentes sociales siguen considerándolo públicamente el único instrumento institucional válido para introducir cualquier tipo de cambio que afecte a las pensiones. Este documento plantea siete grandes preguntas en torno a la historia y el rendimiento del Pacto de Toledo, enfocando asimismo la atención en su capacidad de alumbrar la reforma de las pensiones que necesita nuestro país para generar confianza entre los actuales y los futuros pensionistas, así como también entre nuestros socios europeos y la comunidad internacional. Esa capacidad depende, en buena medida, de que el Pacto redefina su modus operandi y asuma tareas hasta ahora descuidadas, como la de trasladar a los ciudadanos información accesible y sólida sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, su evolución en los próximos años y las implicaciones en términos de equidad, suficiencia y sostenibilidad financiera que tendrían las distintas opciones de reforma.

Tribuna

Los productos utilizados para Previsión Social Empresarial en España: una evolución necesaria

11 de septiembre de 2020

Es una necesidad imperiosa la generalización del ahorro de los trabajadores españoles través del sistema de pensiones de empleo (2º Pilar), especialmente de las nuevas generaciones , para que, junto al ahorro voluntario a título particular (3ª Pilar), complemente adecuadamente su futura pensión pública y contribuya a compensar las caídas de cobertura que la misma sufrirá debido a factores demográficos ( el incremento esperanza de vida y el porcentaje futuro de número de pensionistas sobre número de trabajadores activos).

Noticia

Los “pensionistas” del nuevo superfondo estatal podrán ahorrarse hasta 2.000 euros en la Renta

25 de noviembre de 2020

El nuevo superfondo de pensiones con aval público aunque bajo gestión privada ofrecerá beneficios fiscales jugosos a sus partícipes con ahorros que podrían rondar los 2.000 euros en la Renta en función de las aportaciones que realicen. Este fondo de adscripción obligatoria en su origen para todos los nuevos trabajadores desde el momento en el que entre en funcionamiento, en un plazo de un año, según las pretensiones del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, pretende ser “una alternativa” a los de empresa con “comisiones asequibles”.

ATA, Inverco y Unespa reclaman mantener el actual límite fiscal de los planes de pensiones

20 de noviembre de 2020

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y las asociaciones representativas de la previsión social complementaria, Inverco y Unespa, defienden el mantenimiento o la mejora del tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria, en lugar de los recortes previstos. "Los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral", han reclamado las tres asociaciones, en un comunicado conjunto.

Opinión

"El Pacto de Toledo apenas aporta cambios significativos sobre la sostenibilidad de las pensiones"

20 de noviembre de 2020

El responsable de jubilación de Willis Towers Watson, Rafael Villanueva, cree que la solución propuesta por el Pacto de Toledo para solventar los problemas financieros del sistema de Seguridad Social traspasando los gastos impropios al Estado, "no resuelve el problema, solo lo cambia de lugar". De hecho, Villanueva considera que se mantiene "intacto" el problema de la insostenibilidad de las finanzas públicas en su conjunto. "No podemos aplazar más tiempo la solución a este problema", ha dejado claro.

STSJ Andalucía (Granada) 1439/2019, de 6 de junio de 2019 (Rec. n.º 2610/2018). Indemnización fraccionada y acceso a la jubilación anticipada

06 de junio de 2019

<p>Este pronunciamiento versa sobre la capacidad o no de un pacto indemnizatorio -de cara al acceso a la jubilaci&#243;n anticipada- en el que se acuerda que el montante a abonar lo sea de manera fraccionada, aun incluso superando el l&#237;mite legal, de cumplir o no con las exigencias de pago de la indemnizaci&#243;n que, de manera relativamente abstracta, exige la Ley General de Seguridad Social.&#160;</p> <p>Concretamente, en diciembre de 2016 la empresa traslada al trabajador la decisi&#243;n de dar por finalizado el v&#237;nculo laboral, la cual ven&#237;a motivada por la concurrencia de causas objetivas de car&#225;cter econ&#243;mico. En ese sentido, se procede a reconocer a &#233;ste una indemnizaci&#243;n por importe de 18.814,09 &#8364;, si bien se advierte no encontrarse la empresa en situaci&#243;n de poder afrontar al abono de la misma. Ante ello, se le ofrece al demandante percibir una indemnizaci&#243;n por la extinci&#243;n del contrato de trabajo por importe total de 26.452,28 &#8364;, a abonar en 12 mensualidades y con cuya percepci&#243;n el actor se declarar&#237;a debidamente saldado y finiquitado por todos los conceptos.&#160;</p> <p>Con posterioridad, en mayo de 2017, el trabajador solicita pensi&#243;n de jubilaci&#243;n anticipada que le fue denegada por resoluci&#243;n del INSS en tanto se entend&#237;a que no hab&#237;a acreditado la percepci&#243;n de la indemnizaci&#243;n correspondiente derivada de la extinci&#243;n del contrato de trabajo, ni, como se&#241;ala la normativa, haber interpuesto demanda judicial reclamaci&#243;n de indemnizaci&#243;n ni en impugnaci&#243;n de la decisi&#243;n extintiva. Tal conclusi&#243;n fue refrendada por la sentencia de instancia. As&#237; las cosas, ante la falta de expl&#237;cita menci&#243;n sobre este supuesto en la normativa, lo que se suscita en el litigio es qu&#233; ha de incluirse en la cl&#225;usula abierta que permite que, de no aportarse transferencia bancaria, se acredite mediante &quot;documentaci&#243;n equivalente&quot; haber percibido la indemnizaci&#243;n.</p><p>En ese sentido, comienza el TSJ se&#241;alando que &#8220;dar una respuesta a la cuesti&#243;n nos exige destacar que la norma legal controvertida delimita de modo muy espec&#237;fico la capacidad probatoria de la parte solicitante de la prestaci&#243;n. En cierta medida se estrecha as&#237; el margen de an&#225;lisis de la prueba, el cual queda sometido al mandato de rango legal: la exigencia de transferencia bancaria sit&#250;a la necesidad de que la documentaci&#243;n alternativa, al tener que ser equivalente, deba reunir las caracter&#237;sticas de aqu&#233;lla. Sin duda, se pretende la constataci&#243;n de que el importe de la indemnizaci&#243;n ha entrado efectivamente en el patrimonio del trabajador y que tal constataci&#243;n pueda efectuarse a trav&#233;s de elementos objetivos, como son aqu&#233;llos que permite seguir las trazas de ese ingreso en el acervo econ&#243;mico de aqu&#233;l por la intervenci&#243;n de terceros, ajenos al negocio jur&#237;dico, y sujetos a la m&#225;xima garant&#237;a de control y transparencia a estos particulares efectos&#8221;.</p><p><span>Por tanto, lo que el precepto persigue es eliminar toda sombra de fraude, en la misma medida que se prev&#233; en el art. 229 LGSS , que apunta a una misma intenci&#243;n del legislador: &#8220;la norma exige la aportaci&#243;n de la prueba del pago, mediante un instrumento que resulte inmune a la eventual simulaci&#243;n. Estos razonamientos nos llevan a afirmar que, precisamente, el instrumento inadecuado ser&#225; aquel que &#250;nicamente consigne la manifestaci&#243;n de voluntad de las partes de saldar el d&#233;bito indemnizatorio de la empresa en favor del trabajador, puesto que lo que la ley exige no es que el trabajador entienda satisfecho su cr&#233;dito, sino que, de modo efectivo y contable, se haya producido el percibo de la indemnizaci&#243;n, de forma tal que no pueda dudarse de la realidad de la propia extinci&#243;n del contrato por las causas legales&quot;.</span></p>

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

03 de julio de 2020

<span>Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores (Disposición Adicional 4ª)</span>

Criterio de gestión 12/2020. Jubilación activa plena y ERTE del asalariado

19 de mayo de 2020

<span>Los trabajadores autónomos que mantengan la actividad de su empresa y sigan trabajando personalmente en ella podrán beneficiarse del 100% de la pensión de jubilación, aun cuando todos los trabajadores por cuenta ajena que tienen contratados hayan visto reducida o suspendida su relación laboral por causa de un ERTE (o por cualquier otra causa recogida en el artículo 45 del TRLET), siempre y cuando la obligación de cotizar del autónomo se mantenga. Este mismo criterio se aplicará en el caso de que el autónomo empresario esté exonerado de la cotización en virtud del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.</span>