BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El debate sobre si es necesario alargar la edad real de jubilación –situada en los 64,6 años de media– a la edad legal –en 66 años en 2021 y en 67 años para 2027– está servido. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cree que es crucial penalizar las prejubilaciones e incentivar la jubilación demorada mientras que el vicepresidente Iglesias, a contracorriente del Gobierno al que pertenece, apuesta por volver a los 65 años sin meter la tijera al sistema, salvo el “rejonazo” del destope de cotizaciones, para que quienes más ganan contribuyan aún más.

El crecimiento de la cuantía de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social supera con creces al incremento en la cuantía de las pensiones máximas. Este diferencial se verifica desde 1984 y no ha dejado de producirse en ninguno de los años analizados en un informe de la Fundación Civismo presentado hoy. En 2021, la pensión máxima es de 2.707 euros en catorce pagas, cuando la base máxima asciende a 4.404 euros, según remarca el documento, elaborado por la experta en pensiones y economista Inmaculada Domínguez. De este modo, el diferencial entre la base mínima y la pensión mínima resulta menor al existente entre la base máxima y la pensión máxima, lo que distorsiona la equidad intergeneracional, ya que individuos con el mismo esfuerzo de cotización obtienen diferentes rentabilidades del sistema por el hecho de cotizar por la base mínima o por la máxima.

El ministro rechaza en un borrador eliminar los coeficientes reductores con carácter retroactivo de estos pensionistas afectados por la crisis por su elevado coste.

La apuesta de máximos sobre la reforma de las pensiones del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, le ha salido torcida. Tanto que el también titular –sobre todo– de la Seguridad Social ha tenido que recular y atribuir a una campaña «narrativa de confrontación creada artificialmente a partir de una realidad que no existe» la no inclusión literal de la ampliación del cálculo de la pensión en diez años –de los actuales 25 años a 35 años, lo que implicaría un recorte general de las futuras pensiones– en el listado de posibles reformas a acometer por España remitidas a Bruselas. Los 35 años no figuran en las fichas de reformas de la UE, pero sí la intención de que el cálculo de la pensión de jubilación se realice sobre un periodo de años por encima del actual.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogen una subida de las pensiones contributivas del 0,8% y del 1,9% para las pensiones no contributivas, con el objetivo de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. El coste de esta revalorización asciende a 1.406 millones de euros, de los que 1.229 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones contributivas, 144 millones a la de clases pasivas, 23 millones de euros a las pensiones no contributivas y 10 millones de euros a las prestaciones familiares por hijo a cargo, que también se revalorizan un 0,9% en 2020. No obstante, no todos los colectivos se verán beneficiados por esta revalorización. El incremento incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluye tres excepciones en su artículo 40 sobre “pensiones no revalorizables”.

El Tribunal Supremo ha establecido que la pensión de jubilación de los funcionarios que ejerzan una actividad en el sector privado y la prolonguen una vez jubilados del sector público se reducirá al 50%, de acuerdo con la ley de Clases Pasivas.