BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El titular de Seguridad Social quiere optar por los planes colectivos vinculados a las empresas, también conocidos como planes de pensiones de empleo, que complementen las prestaciones públicas. Esta práctica ya está muy extendida en el País Vasco, según explicó Escrivá, donde el 55% de los trabajadores participan de algún programa de este tipo, frente al 31% de la media española. Además, su rentabilidad media es del 4% en los últimos 10 años. En el sistema británico, de 2012 a 2018 hubo un significativo incremento de trabajadores que son partícipes en un sistema de pensiones ocupacional. De 10,7 millones de empleados (55% del total) en 2012, a 18,7 millones de trabajadores (87% del total) en 2018. El informe de Unespa elaborado por Fernando Martínez-Cue también recoge que, a cierre de 2017, 1,4 millones de empleadores habían cumplido con su obligación de “auto-enrolment”. Además, el informe destaca que, con datos de 2015, solo un 9% de los trabajadores inscritos automáticamente en el sistema había optado por salirse del mismo. En cuanto al ahorro general generado por este sistema, en 2018 esa cantidad anual ahorrada por empleados elegibles se situaba en 90.400 millones de libras.

El Gobierno recoge en el texto que aprobará una revalorización para el próximo ejercicio de las pensiones públicas “según la inflación prevista”. Sin embargo, los pensionistas no ganarán poder adquisitivo, sino que solo se igualará a la inflación prevista. En la actualidad el IPC se encuentra en terreno negativo, en el -0,4%, pero la previsión para 2021 es que se sitúe en torno al 1%. Según marca el Plan, esta subida se corresponderá con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, que está situado sobre ese 1% -el 0,9% en la actualidad-.

Los autónomos deben decidir cómo será el nuevo sistema de cotizaciones sociales para su colectivo. Hoy se reúnen con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, las tres asociaciones más importantes, ATA, UPTA y Uatae. Pero en esta ocasión no estarán en el mismo lado. ATA, la asociación mayoritaria, se ha mostrado radicalmente en contra de que se cambien las cotizaciones a un sistema por tramos. No está por la labor de que tengan que pagar más, «sobre todo en estos tiempos en los que hay que hacer lo contrario», defiende su presidente, Lorenzo Amor. Escrivá ha planteado cotizar en función de los ingresos reales. Eso significa, según aseguró en su última comparecencia ante la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, que «la gran mayoría de autónomos pagará menos, no más, y superarán ampliamente a los que van a cotizar más», defendió. Incluso llegó a cuantificar el número de autónomos que cotizaba en base mínima por encima del 85% del total, cifra desmentida desde ATA.

Los expertos consultados, entre ellos varios componentes del «comité de sabios» que elaboró una propuesta de reforma del sistema en 2013, coinciden en que las pensiones son «un caballo desbocado» que va a ir generando aún «mayores tensiones» con el paso de los años. Suponen casi un tercio del gasto público, generan un déficit de 18.000 millones de euros anuales, el 60% del déficit del sector público, y se enfrentan a un envejecimiento de la población que hará el porcentaje de jubilados pase del actual 15% al 24% que representarán en 2040. Además, la población activa pasará del 67% al 60%.

Los pensionistas recién incorporados al sistema de Seguridad Social lo hacen con una jubilación media de 1.518 euros al mes en el caso del Régimen General, en el que se integran la mayor parte de trabajadores (quedan aparte casos especiales como autónomos, funcionarios, minería del carbón y trabajadores del mar). Esto son 351 euros más que la media de todos los jubilados (nuevas altas y personas que llevan ya tiempo cobrando la pensión). ¿Por qué esta diferencia? Las personas que entran ahora al sistema tras su retiro laboral lo hacen con unas carreras de cotización que por lo general son más extensas y con mayores remuneraciones que los jubilados más antiguos, lo que les da derecho a mayores pensiones de jubilación.

La economía española afronta compromisos financieros por envejecimiento por un importe del 24,6% del PIB hasta 2030.