BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El debate sobre si es necesario alargar la edad real de jubilación –situada en los 64,6 años de media– a la edad legal –en 66 años en 2021 y en 67 años para 2027– está servido. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cree que es crucial penalizar las prejubilaciones e incentivar la jubilación demorada mientras que el vicepresidente Iglesias, a contracorriente del Gobierno al que pertenece, apuesta por volver a los 65 años sin meter la tijera al sistema, salvo el “rejonazo” del destope de cotizaciones, para que quienes más ganan contribuyan aún más.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que está “diseñando una reforma de pensiones que tiene como marco de referencia las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo en noviembre”. El ministro ha señalado que las grandes líneas “quedan plasmadas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia previo diálogo con los interlocutores sociales”. En este sentido, el ministro ha afirmado que el objetivo de la reforma que se está diseñando en este marco es hacer que “el sistema de pensiones sea equitativo, moderno y sostenible”.

La esperanza de vida se ha convertido probablemente en el indicador biométrico por excelencia a la hora de calcular la edad legal de jubilación en las reformas de pensiones que se están realizando en los distintos países. Sin embargo, la estimación del número esperado de años de vida a partir de la jubilación puede variar significativamente en función del método de cálculo utilizado. Si en trabajos anteriores analizábamos el impacto del gap entre esperanzas de vida calculadas por métodos periodo y cohorte en la equidad intergeneracional (Ayuso, Bravo y Holzmann, 2020) ahora el objetivo es cuantificar el impacto de esta medida en el cálculo de la edad legal de jubilación. Bajo el escenario de neutralidad actuarial, la investigación realizada pone de manifiesto como las reformas en la edad legal de jubilación actualmente en marcha pueden no ser suficientes para corregir las desviaciones esperadas en el número medio de años de vida tras la jubilación.

La Comisión Europea dispone desde este lunes por la tarde de las últimas propuestas de reformas vinculadas a los fondos de recuperación, las dedicadas a pensiones y el mercado laboral. Y en ellas no figura la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cotización a tener en cuenta para calcular la pensión a los nuevos jubilados, una medida alentada por el departamento de José Luis Escrivá que había puesto de uñas tanto a los sindicatos como al socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos.

Las pensiones públicas se cuestan alrededor de un 11% del PIB cada año, una cantidad que se va a ir incrementando a medida que la vasta generación del baby boom se jubile. A día de hoy, la Seguridad Social presenta un fuerte desequilibrio que irá en aumento si no se toman medidas, lo que generará un mayor déficit público estructural y una deuda pública más elevada todavía. Se necesitan tomar medidas por el lado del gasto y de los ingresos.

El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos. Ahora falta saber cómo se aplicará la variable desvelada ayer por la vicepresidenta Nadia Calviño, que aseguró que los años de cotización más negativos quedarán fuera del cálculo.