BBVA Mi jubilación - Fondo documental

En este estudio, el FMI desgrana algunas de las políticas públicas que deben aplicarse a los sistemas de pensiones deben adaptarse al envejecimiento demográfico, girando ello en torno a tres ideas: 1) que al alargarse los ciclos de vida será necesario ahorrar mucho más en la juventud y postergar la jubilación varios años; 2) que la educación financiera podría estimular una cultura de ahorro y contribuir a una mejor planificación de la jubilación; y, como confluencia de todo ello, 3) que, en esa reformulación de la arquitectura de su régimen jubilatorio, los Estados han de considerar establecer programas públicos de contribuciones definidas que alienten a ahorrar mediante planes de pensiones individuales.

Los drásticos cambios demográficos a que se enfrentan las sociedades avanzadas obligan a reformular las herramientas y objetivos tradicionales de la política macroeconómica. Concretamente, la política monetaria ha de acomodarse a un nuevo contexto de bajos tipos de interés a nivel global; la política fiscal debe incrementar la efectividad de los estabilizadores automáticos ante un contexto generalizado de mayor endeudamiento privado y fuerte peso de los sistemas de pensiones; se deben realizar reformas estructurales a efectos de incrementar la tasa de empleo de la población en edad avanzada; la política macroprudencial debe incrementar su papel estabilizador y de control de riesgos sistémicos; y, por último, en cuanto a la innovación financiera, debe fomentar nuevas productos para fomentar la cobertura de los riesgos asociados a la longevidad en ese escenario global de envejecimiento acompañado de bajos tipos de interés.

El presente estudio jurídico del marco normativo integral para la garantía de derechos de las personas con Alzheimer y sus cuidadores familiares compila los principales derechos, prestaciones y recursos a los que éstos pueden acceder en ámbitos de protección de carácter transversal. El trabajo recoge una perspectiva global de ámbitos diversos (vivienda, accesibilidad, empleo, conciliación, protección jurídica, fiscalidad, etc.) donde las personas con Alzheimer u otras demencias y sus cuidadores familiares también tienen reconocidos derechos y pueden beneficiarse de recursos, prestaciones, ventajas o ayudas. Con frecuencia, en el abordaje de respuestas para este colectivo se tiende a visibilizar más las necesidades y las respuestas de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales, y no tanto otros ámbitos igualmente necesarios para lograr una respuesta integral al reto que plantea el Alzheimer al conjunto de la sociedad. De hecho, a pesar de encontrarnos ante este reto de salud pública, el estudio constata que no existen prestaciones o recursos específicos para las personas con Alzheimer y sus cuidadores familiares más allá de las previstas para la población en general, a las que podrán acceder siempre que cumplan los requisitos generales de acceso (discapacidad, dependencia, etc.). El estudio se plantea desde las necesidades y respuestas al binomio de atención (personas con Alzheimer u otras demencias y cuidadores familiares) y pone en evidencia el escaso desarrollo de apoyos y respuestas.

Este documento demuestra que las personas mayores experimentan restricciones en el ejercicio de sus derechos, en el acceso a bienes o servicios, que no están justificadas y que constituyen una discriminación por motivos de edad. Además, pone de manifiesto que las personas mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad porque deben enfrentarse a una serie de barreras (sociales, culturales, económicas, administrativas o urbanísticas, entre otras) que les impiden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Entre las conclusiones y recomendaciones que se proponen en el documento, específicas para el contexto español, destacan los cambios normativos y la adaptación de los planes, estrategias y políticas públicas a la realidad social y características de las personas mayores. Entre ellas, se propone que en España se realice una intervención contra la violencia contra las personas mayores que tenga un enfoque integral y no exclusivamente punitivo, similar al de la Ley Integral contra la Violencia de Género. También entre otras reformas, se propone una Ley de Igualdad de trato que incluya y proteja a las personas mayores frente a todo tipo de discriminación, modificaciones en el sistema de incapacitación y una Convención internacional para los derechos humanos de las personas mayores como instrumento internacional para conseguir la plena protección de los derechos de un grupo de población creciente en el mundo y en España.

En enero de 2018, el gobierno del Reino Unido dio los primeros pasos para hacer frente a la soledad. Su estrategia marcó un cambio en la forma en que el gobierno actuaba ante la soledad. Estableció una visión clara con el objetivo de convertir al Reino Unido en un lugar donde sus habitantes puedan tener fuertes relaciones sociales. Donde las familias, los amigos y las comunidades se apoyen mutuamente, especialmente en los puntos vulnerables donde las personas corren un mayor riesgo de soledad. Donde las instituciones, empresas y organizaciones valoren el elemento humano en sus interacciones con las personas. Y donde la soledad sea reconocida y se actúe sin estigma o vergüenza alguna. Al comienzo de una nueva década, el objetivo del gobierno sigue siendo reducir significativamente el número de personas que sufran soledad no deseada en los próximos diez años. Para ello se requiere una acción a largo plazo por parte del gobierno, las empresas y la sociedad civil, así como un cambio en las actitudes de la población. Todos los agentes deben desempeñar algún papel en la construcción de una conversación nacional sobre la soledad, mejorando la evidencia científica y considerando las relaciones y la soledad en nuestra toma de decisiones. Este informe incluye los logros alcanzados desde la publicación de la estrategia sobre la soledad y marca las líneas estratégicas de acción para los próximos años en Reino Unido.

Al igual que en otras economías desarrolladas, de acuerdo con las proyecciones demográficas, la ratio de población mayor de 65 años sobre población en edad de trabajar (16-64) en España aumentará de forma significativa (desde el 30% actual hasta el 50-70% en 2050). Las importantes repercusiones de esta dinámica no se limitan a la evolución del ahorro agregado y de la inversión o a la composición de las carteras de activos, sino que abarcarán, igualmente, aspectos centrales de la política macroeconómica, tales como el crecimiento potencial, la política fiscal y monetaria y, especialmente, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la tasa de sustitución.