BBVA Mi jubilación - Fondo documental

Las principales conclusiones del informe son: 1) El incremento del gasto en pensiones de 3,3 puntos del PIB respecto al nivel de 2019, 10,9% del PIB, se explica por los factores demográficos como resultado del proceso de envejecimiento de la población, que se compensa solo parcialmente por la evolución prevista del mercado de trabajo y de los factores institucionales; 2) En el escenario central, la población aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, con entradas anuales netas promedio de 330.000 inmigrantes entre 2020 y 2050, cierta recuperación de la fecundidad y mejoras en la esperanza de vida; y 3) a largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011 (elevar 2 años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años del periodo de cómputo para la jubilación supondría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB); 4) las reformas paramétricas de 2011, en su regulación actual, suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050 y la aplicación del factor de sostenibilidad desde 2023 implica un ahorro adicional de 0,9 puntos en 2050.

En el debate español sobre las pensiones, la cuestión de la revalorización ha adquirido una posición central en los dos últimos años. El movimiento de protesta de los pensionistas, especialmente activo en diferentes comunidades autónomas desde 2016, cobró fuerza partir del otoño de 2017, cuando recibió el apoyo institucional de los sindicatos. Desde enero de 2018, las movilizaciones –convocadas cada semana y puntualmente cubiertas por los medios de comunicación– han hecho de la lucha contra la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones su “leitmotiv”. Cabe destacar que ni las pancartas de los manifestantes ni las declaraciones de quienes organizan las manifestaciones recogen argumentos económico-financieros (relacionados con la sostenibilidad del sistema); antes bien, las consignas que se publican tienen un contenido eminentemente moral, en la medida en que aluden a cuestiones de “justicia social” y “dignidad”. En el discurso de las movilizaciones, la justicia y dignidad de las pensiones aparecen, en buena medida, asociadas a la revalorización de las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). En consecuencia, las pensiones no revalorizadas en función del IPC se tienen por “injustas” e “indignas”.

El nuevo informe de la OCDE afirma que las mejoras en el diseño de los sistemas de pensiones realizadas durante la última década en los países de la OCDE aumentaron su sostenibilidad financiera y ahora los gobiernos deberán centrarse en velar por que proporcionen a las personas un ingreso de jubilación adecuado. En el OECD Pensions Outlook 2018 se sostiene que los gobiernos afrontan retos como el envejecimiento de la población, bajos rendimientos de los ahorros para el retiro, bajo crecimiento, menor estabilidad en las carreras profesionales e insuficiente cobertura de pensiones entre algunos grupos de trabajadores. Estos problemas han erosionado la confianza en que los sistemas de pensiones, bien sean de reparto o de capitalización, cumplirán sus promesas una vez que los trabajadores lleguen a la edad de jubilarse. Muchos países han puesto en marcha mecanismos automáticos para ajustar las prestaciones de pensión a la evolución económica y demográfica, así como opciones predeterminadas para ayudar a quienes no desean o no pueden elegir. Asimismo, los países han tomado medidas para fortalecer las redes de seguridad con el fin de evitar la pobreza en la vejez, dice el reporte. Por su parte, los reguladores y los responsables de formular políticas públicas también han emprendido acciones para afianzar los marcos regulatorio y de supervisión de los planes de pensión de capitalización con miras a garantizar que gestionen los ahorros de la población para su mayor beneficio.

Se aporta un estudio sobre el sistema de seguros en España. Pero, además, en esta edición como novedad se analizan las políticas de responsabilidad corporativa y sostenibilidad de la empresa.

La prolongación de la vida laboral mejora la sostenibilidad del estado de bienestar y del sistema público de pensiones, tiene externalidades positivas sobre el empleo y la productividad de los trabajadores jóvenes y favorece el funcionamiento cognitivo.

Este estudio parte de los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones que entiende que con los elementos actuales es imposible superar. Proponen la superación de la lógica aseguradora, un nuevo enfoque de la justicia intergeneracional desde los cambios demográficos y del mercado laboral.