BBVA Mi jubilación - Fondo documental

Desde su aprobación en 1995, el Pacto de Toledo ha constituido la referencia fundamental de la política de pensiones en España. Aunque existe un amplio consenso sobre el limitado alcance de las reformas aprobadas con el respaldo del Pacto, los partidos políticos y los agentes sociales siguen considerándolo públicamente el único instrumento institucional válido para introducir cualquier tipo de cambio que afecte a las pensiones. Este documento plantea siete grandes preguntas en torno a la historia y el rendimiento del Pacto de Toledo, enfocando asimismo la atención en su capacidad de alumbrar la reforma de las pensiones que necesita nuestro país para generar confianza entre los actuales y los futuros pensionistas, así como también entre nuestros socios europeos y la comunidad internacional. Esa capacidad depende, en buena medida, de que el Pacto redefina su modus operandi y asuma tareas hasta ahora descuidadas, como la de trasladar a los ciudadanos información accesible y sólida sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, su evolución en los próximos años y las implicaciones en términos de equidad, suficiencia y sostenibilidad financiera que tendrían las distintas opciones de reforma.

Este monográfico especial de Ekonomiaz se suma a una corriente liderada por científicos, expertos y analistas, cada vez más caudalosa, que trata de mostrar que la creciente longevidad de nuestras sociedades, avanzadas o no, es un fenómeno de extraordinaria relevancia cargado de implicaciones de todo tipo, entre las que solo dominarían las negativas si renunciásemos a tomar las medidas adaptativas necesarias para cosechar las formidables promesas positivas que el fenómeno encierra, y limitar aquellas negativas que se manifestarían si prevaleciese una excesiva resistencia a los cambios y adaptaciones necesarias. Se trata de un esfuerzo de síntesis multidisciplinar desde la sociología, la demografía, la economía, la ciencia financiera y actuarial y el derecho, seguro que mejorable, que esperamos ayude a una mejor comprensión de los fenómenos demográficos que afectan a nuestras sociedades y sus múltiples implicaciones.

En el debate español sobre las pensiones, la cuestión de la revalorización ha adquirido una posición central en los dos últimos años. El movimiento de protesta de los pensionistas, especialmente activo en diferentes comunidades autónomas desde 2016, cobró fuerza partir del otoño de 2017, cuando recibió el apoyo institucional de los sindicatos. Desde enero de 2018, las movilizaciones –convocadas cada semana y puntualmente cubiertas por los medios de comunicación– han hecho de la lucha contra la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones su “leitmotiv”. Cabe destacar que ni las pancartas de los manifestantes ni las declaraciones de quienes organizan las manifestaciones recogen argumentos económico-financieros (relacionados con la sostenibilidad del sistema); antes bien, las consignas que se publican tienen un contenido eminentemente moral, en la medida en que aluden a cuestiones de “justicia social” y “dignidad”. En el discurso de las movilizaciones, la justicia y dignidad de las pensiones aparecen, en buena medida, asociadas a la revalorización de las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). En consecuencia, las pensiones no revalorizadas en función del IPC se tienen por “injustas” e “indignas”.

Las pensiones representan probablemente el ámbito del Estado del Bienestar en el que con mayor claridad se aprecia la existencia de una brecha de género. En efecto, las diferencias actualmente existentes entre los recursos que el sistema de pensiones de la Seguridad Social asigna a hombres y mujeres mayores son evidentes. Las pensiones contributivas de jubilación de las mujeres españolas no solo representan una pequeña parte de todas las pensiones contributivas de jubilación que concede el sistema de la Seguridad Social, sino que, además, son de menor cuantía que las de los hombres. Esas diferencias de género en el mercado de trabajo han disminuido sustancialmente en las últimas décadas y, previsiblemente, seguirán disminuyendo. En consecuencia, cabe prever una progresiva reducción de la brecha de género en pensiones, aunque, mientras estas últimas mantengan su carácter contributivo, la brecha solo puede desaparecer si se alcanza la igualdad plena entre hombres y mujeres en el mercado laboral.