BBVA Mi jubilación - Fondo documental

El lenguaje no es neutral: La Real Academia española da dos acepciones al adjetivo increíble: que no puede creerse y muy difícil de creer. Vienen a ser lo mismo y escamotean una acepción que el pueblo usa profusamente: que [siendo verdad] causa gran admiración o sorpresa. Las pensiones españolas, sujetas desde 2019 a un intenso debate para su reforma, son a la vez increíblemente buenas y de sostenibilidad increíble. El adverbio de la primera afirmación responde al uso de la acepciónantes comentada, mientras que el adjetivo de la afirmación segunda responde a la acepción.

En su reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo (12 de abril de 2021), el ministro de Seguridad Social trazó el contexto de la reforma de las pensiones y el grado de avance en el que se encuentra. El contexto viene marcado por tres fuerzas relevantes en este momento: (i) la situación del sistema en el año ya largo de pandemia que estamos sufriendo, que ha acentuado el riesgo económico junto al ya existente riesgo demográfico en nuestras pensiones; (ii) las demandas de la Unión Europea para afrontar reformas estructurales a las que se condicionarán, en principio, los nuevos fondos de ayudas y préstamos, y (iii) las posiciones de los actores sociopolíticos (partidos, agentes sociales y plataformas de pensionistas) en el ámbito doméstico. Cada una de estas fuerzas ejerce una presión que va en dirección no siempre coincidente con la de las restantes.

Desde su aprobación en 1995, el Pacto de Toledo ha constituido la referencia fundamental de la política de pensiones en España. Aunque existe un amplio consenso sobre el limitado alcance de las reformas aprobadas con el respaldo del Pacto, los partidos políticos y los agentes sociales siguen considerándolo públicamente el único instrumento institucional válido para introducir cualquier tipo de cambio que afecte a las pensiones. Este documento plantea siete grandes preguntas en torno a la historia y el rendimiento del Pacto de Toledo, enfocando asimismo la atención en su capacidad de alumbrar la reforma de las pensiones que necesita nuestro país para generar confianza entre los actuales y los futuros pensionistas, así como también entre nuestros socios europeos y la comunidad internacional. Esa capacidad depende, en buena medida, de que el Pacto redefina su modus operandi y asuma tareas hasta ahora descuidadas, como la de trasladar a los ciudadanos información accesible y sólida sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, su evolución en los próximos años y las implicaciones en términos de equidad, suficiencia y sostenibilidad financiera que tendrían las distintas opciones de reforma.

Este monográfico especial de Ekonomiaz se suma a una corriente liderada por científicos, expertos y analistas, cada vez más caudalosa, que trata de mostrar que la creciente longevidad de nuestras sociedades, avanzadas o no, es un fenómeno de extraordinaria relevancia cargado de implicaciones de todo tipo, entre las que solo dominarían las negativas si renunciásemos a tomar las medidas adaptativas necesarias para cosechar las formidables promesas positivas que el fenómeno encierra, y limitar aquellas negativas que se manifestarían si prevaleciese una excesiva resistencia a los cambios y adaptaciones necesarias. Se trata de un esfuerzo de síntesis multidisciplinar desde la sociología, la demografía, la economía, la ciencia financiera y actuarial y el derecho, seguro que mejorable, que esperamos ayude a una mejor comprensión de los fenómenos demográficos que afectan a nuestras sociedades y sus múltiples implicaciones.

Informe del Instituto de Actuarios sido elaborado, discutido y validado por una comisión generada por dicho Instituto, en la que también han participado profesionales ajenos a la profesión actuarial. En términos sumarios, el sistema presenta los siguientes disfuncionalidades: problemas de inequidad (contributiva, integeneracional, intrageneracional y actuarial) que hacen que no todas sus piezas encajen igual; de falta de equivalencia actuarial que le resta al sistema su fuente primaria de sostenibilidad; de insostenibilidad financiera a medio plazo, y actuarial tanto en el corto, como en el medio y en el largo plazo (si no hay ninguna modificación en ese sentido); de financiación en tanto que, por lo anterior, generar mayor gasto que recaudación; y, finalmente, problemas de generosidad en términos relativos, siendo ésta una situación que será muy difícil, si no imposible, de mantener en el tiempo.

En el debate español sobre las pensiones, la cuestión de la revalorización ha adquirido una posición central en los dos últimos años. El movimiento de protesta de los pensionistas, especialmente activo en diferentes comunidades autónomas desde 2016, cobró fuerza partir del otoño de 2017, cuando recibió el apoyo institucional de los sindicatos. Desde enero de 2018, las movilizaciones –convocadas cada semana y puntualmente cubiertas por los medios de comunicación– han hecho de la lucha contra la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones su “leitmotiv”. Cabe destacar que ni las pancartas de los manifestantes ni las declaraciones de quienes organizan las manifestaciones recogen argumentos económico-financieros (relacionados con la sostenibilidad del sistema); antes bien, las consignas que se publican tienen un contenido eminentemente moral, en la medida en que aluden a cuestiones de “justicia social” y “dignidad”. En el discurso de las movilizaciones, la justicia y dignidad de las pensiones aparecen, en buena medida, asociadas a la revalorización de las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). En consecuencia, las pensiones no revalorizadas en función del IPC se tienen por “injustas” e “indignas”.