BBVA Mi jubilación - Fondo documental

La reforma del sistema público de pensiones no tiene vuelta atrás, y en pocas semanas los partidos anunciarán las líneas maestras que el Ministerio de Seguridad Social deber seguir para abordar los cambios normativos en la ley que rige el acceso de los españoles a su pensión de jubilación. Más allá de la revalorización y el impulso a la sostenibilidad financiera que pueda aportar la separación de fuentes, las miradas están puestas en esa recomendación 16, que insta al Gobierno a favorecer la adquisición de planes de previsión social complementaria por parte de los ciudadanos que sirvan para complementar y completar la paga que otorga el Estado una vez abandonado el mercado laboral

La aprobación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) en la Ley 23/2013 supuso un cambio significativo al modificar totalmente el sistema de revalorización de las pensiones públicas en España, haciéndolo depender de las variables que realmente afectan al sistema y no sólo del Índice de Precios al Consumo (IPC), como ocurría anteriormente.

El reciente debate sobre la política de pensiones indica que el mecanismo por el cual se revalorizan las pensiones puede sufrir cambios en un futuro próximo. En particular, los servicios de la Comisión estiman que la vinculación de las pensiones a la inflación anunciada por el nuevo Gobierno de coalición en su programa podría dar lugar a un aumento del gasto en pensiones de aproximadamente el 4 % del PIB para 2050. Esta estimación se acerca a las proyecciones realizadas por el Banco de España, el FMI y el grupo de reflexión FEDEA, pero se sitúa por encima del 2 % del PIB previsto por la AIReF. El nuevo Gobierno también ha anunciado su intención de eliminar el mecanismo de sostenibilidad incluido en la reforma de 2013 destinada a ajustar el nivel inicial de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida. Según las estimaciones preliminares de los servicios de la Comisión, esto añadiría al menos un 0,7 % del PIB al gasto en pensiones a largo plazo eliminación de estos dos elementos de la reforma de 2013 se corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy en día a expensas de las generaciones futuras.

EL COVID – 19 ha incrementado drásticamente el gasto guberamenmental mientras se producía una significante erduccion de los precios y las ganancias en 2020. EL gobierno debería considerar cambios en el sistema de “triple cerrojo” de indexación de las pensiones hacia uno dobles como vía para reducir el gasto público. Sin embargo, potenciales picos de inflación en 2021 podrían conllevar que tanto ante un sistema doble como triple incrementasen los costes del sistema de pensiones para el próximo año. Esta nota informativa explora el potencial impacto en el gasto del Gobierno y sobre los pensionista de este cambio a un sistema doble. Además, explora el impacto potencial de un mecanismo de suavizado a corto plazo que podría reducir el nivel de pagos del sistema de pensiones en 2012 y ayudar a asegurar que ningún pico de inflación en la futura recuperación se traduzca en un incremento dramático del gasto en pensiones.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha reunido a un grupo de 130 expertos para elaborar un informe con recomendaciones para responder a la crisis del COVID-19. En cuanto al contenido de la estrategia, el informe avanza una propuesta sobre sus elementos esenciales, distinguiendo entre el corto y el largo plazo. Entre las propuestas hechas para el largo plazo, el grupo ha analizado la situación del sistema de pensiones y las respuestas que se deberían dar ante los retos a los que se enfrenta. Principalmente, los expertos insisten en la necesidad de impulsar y acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para la “inaplazable” reforma del sistema público de pensiones, que, según indican, deberá garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia de las prestaciones.

El resultado global indica que el IRP adelantado para 2021 es peor que el obtenido para 2020 (-2,47% frente a -1,65%). Entrando en detalle, lo más notorio en positivo es el incremento del término de ingresos, del 3,78% al 4,06% (al eliminar el año malo de 2015). En la parte negativa, el término de corrección de déficit aumenta su deterioro al ser mayor el déficit estructural del sistema. Asimismo, el efecto sustitución también empeora al ser el dato provisional de 2020 bastante elevado, ya que este dato recoge el aumento del gasto en pensiones contributivas (5,1%) que no se explica por la revalorización (0,9%) ni por el aumento del número de pensiones (0,8%).