BBVA Mi jubilación - Fondo documental

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha reunido a un grupo de 130 expertos para elaborar un informe con recomendaciones para responder a la crisis del COVID-19. En cuanto al contenido de la estrategia, el informe avanza una propuesta sobre sus elementos esenciales, distinguiendo entre el corto y el largo plazo. Entre las propuestas hechas para el largo plazo, el grupo ha analizado la situación del sistema de pensiones y las respuestas que se deberían dar ante los retos a los que se enfrenta. Principalmente, los expertos insisten en la necesidad de impulsar y acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para la “inaplazable” reforma del sistema público de pensiones, que, según indican, deberá garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia de las prestaciones.

EL COVID – 19 ha incrementado drásticamente el gasto guberamenmental mientras se producía una significante erduccion de los precios y las ganancias en 2020. EL gobierno debería considerar cambios en el sistema de “triple cerrojo” de indexación de las pensiones hacia uno dobles como vía para reducir el gasto público. Sin embargo, potenciales picos de inflación en 2021 podrían conllevar que tanto ante un sistema doble como triple incrementasen los costes del sistema de pensiones para el próximo año. Esta nota informativa explora el potencial impacto en el gasto del Gobierno y sobre los pensionista de este cambio a un sistema doble. Además, explora el impacto potencial de un mecanismo de suavizado a corto plazo que podría reducir el nivel de pagos del sistema de pensiones en 2012 y ayudar a asegurar que ningún pico de inflación en la futura recuperación se traduzca en un incremento dramático del gasto en pensiones.

El informe European Asset Allocation Insights 2020 de Mercer proporciona una visión general y completa de la estrategia de inversión en la industria europea de pensiones identificando las tendencias emergentes en el comportamiento de 927 inversores institucionales en 12 países, suponiendo activos totales de más de 1,1 billones de euros.

El objetivo principal de este informe es, precisamente, analizar la relación entre las aportaciones realizadas por un individuo y las prestaciones que recibe como pensión de jubilación en su parte contributiva; excepto que también se va a considerar el complemento a mínimos. Pero el enfoque va a ser actuarial (lo que en términos contables estaría próximo al principio de devengo), no deteniéndonos en el enfoque financiero (lo que en términos contables sería aplicar el principio de caja), ya que numerosos organismos públicos y privados se encargan de realizar proyecciones del saldo de la Seguridad Social, así como de sus gastos e ingresos. Para ello se ha utilizado el concepto de Factor de Equidad Actuarial en términos actuariales o FdEA, que, tras un proceso de ajuste actuarial, permite poner en relación el valor actuarial de lo que, en conjunto, recibe una persona como jubilada y el valor actuarial de lo que, en conjunto, aportó como trabajador. Se trata, evidentemente, de una relación virtual, pero consideramos que resulta crítico obtenerla, por la razón de que dicho cálculo “abrocha” tres dimensiones aparentemente incomunicadas: la suficiencia, la sostenibilidad actuarial y la equidad actuarial del sistema de pensiones.

El gasto en pensiones en el área Euro, como regla general, creció a mayor rapidez que el PIB potencial como resultado del envejecimiento de la población. Así, antes del inicio de la consolidación fiscal, los incrementos en el gasto en pensiones como porcentaje del PIB potencial fueron particularmente fuertes en Portugal, Grecia, Francia y Finlandia. Del otro lado, numerosos países experimentaron crecimientos inferiores al del PIB potencial, particularmente durante el periodo 2000-2007. En particular, este fue el caso de Letonia, Lituania, Austria, Eslovaquia, Alemania y España. Durante el periodo de consolidación fiscal, los incrementos en el gasto en pensiones superiores en relación al PIB potencial continuaron durante la mayoría de países, mientras que las reducciones se dieron especialmente en Grecia e Irlanda. Sin embargo, estas reducciones fueron inferiores en comparación a los incrementos en los años anteriores. Alemania y Estonia también experimentaron caídas de las pensiones en relación al PIB potencial. Después de 2013, el gasto en pensiones continuó incrementándose a mayor velocidad que el PIB potencial en entorno a la mitad de los países del área euro, especialmente en Finlandia. Todo ello es reflejo del incremento del peso de la población longeva en el conjunto de la población, pero también los efectos de la legislación sobre pensiones previamente reformada y el menor crecimiento del PIB potencial en el periodo post-crisis. Mirando al futuro, los cambios sustanciales en las ratios de dependencia para el agregado del Euroárea proyectadas oscilan desde los tres individuos en edad de trabajar por cada persona de 65 o más maños y, tanto solo, dos personas por cada una de estas últimas, ambos casos para 2070. Así, la presión del envejecimiento de la sociedad continuará limitando el espacio fiscal de maniobra de los Gobiernos durante los próximos años.

Conforme a la información facilitada por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y por los órganos gestores competentes en las Comunidades Autónomas de Navarra y del País Vasco, el número total de pensiones no contributivas en la nómina de julio de 2020 en todo el Estado español ha alcanzado la cifra de 450.117, que es un 0,14% menor a la del mes anterior. El importe bruto de la nómina de julio de 2020 asciende a 187.905.225,57 euros. El importe medio mensual abonado a cada pensionista ha quedado establecido para la PNC de invalidez en 444,63 euros y para la de jubilación en 397,83 euros, superior el de la PNC de invalidez al de la jubilación, entre otras razones, porque además de que, al menos, 38.049 de sus beneficiarios perciben el complemento del 50% por necesidad de otra persona, el montante a percibir en nómina por atrasos es mayor al ser más compleja la gestión y, por ende, el plazo de resolución.