La Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social busca garantizar las pensiones futuras y contribuir a la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, incorporando fórmulas que ajusten la cuantía de las pensiones a determinadas variables críticas, como la salud de las cuentas de la Seguridad Social o la evolución de la esperanza de vida.
Esta ley se articula en dos parámetros: el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad. El primero, sustituyó en 2014 al IPC como fórmula de cálculo de la revalorización anual de las pensiones, incorporando criterios de sostenibilidad del sistema y estableciendo que las pensiones no podrían subir menos de un 0,25% ni más de un IPC + 0,50%. En años de bonanza, el incremento quedaba topado, quedando el exceso para reforzar el fondo de reserva de las pensiones. En años de déficit del sistema, se garantizaba una subida mínima que resultaba notablemente superior al resultado real que arrojaba el IPR para determinados ejercicios: en 2018, aplicando el IRP, las pensiones deberían haber bajado un 2,58%.
El Factor de Sostenibilidad busca vincular la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, de forma que iguale la prestación total de dos individuos que han realizado el mismo esfuerzo contributivo, pero se han jubilado en momentos diferentes, con distinta esperanza de vida.
Lo cierto es que la reforma de 2013 ha quedado suspendida, ya en el proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 del anterior Gobierno y confirmado por el nuevo Ejecutivo surgido en verano. El Índice de Revalorización de las Pensiones ya no se aplicó en 2018, vinculando el incremento de las pensiones al IPC. El aumento aplicado fue del 1,6% y para 2019 el Gobierno ha anunciado su intención de subir las pensiones un 1,7%. El Factor de Sostenibilidad ha visto retrasada su implementación desde 1 de enero de 2019 hasta una fecha “no posterior a 1 de enero de 2023”. No es una fecha concreta, pero parece improbable que se aplique antes de dicho año 2023.
El Gobierno anuncia que estudia derogar la reforma de las pensiones de 2013
Aceptando la petición de los sindicatos en el marco de la mesa de diálogo social, el Gobierno acaba de anunciar que estudia derogar la Ley 23/2013. Una medida sobre la que ha alertado el Banco de España: terminar con la reforma de pensiones de 2013 tendría un elevado impacto en las cuentas de la Seguridad Social, que anualmente se estima en 1,9 puntos del PIB para 2030 y 3,4 puntos del PIB para 2050 lo que, sin medidas adicionales, duplicaría el déficit de la Seguridad Social en 2030 y lo triplicaría en 2050, basándose en datos de la Comisión Europea.
Es innegable que derogar la reforma de 2013 tendría un peligroso impacto en las cuentas de la Seguridad Social y en la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Entendiendo que dicha reforma tiene puntos mejorables, su derogación solo podría entenderse como paso previo a introducir una nueva y profunda reforma con el máximo consenso posible.
