La desigualdad entre el gasto y los ingresos (vía cotizaciones) fue de 3.993,9 millones de euros, indicio de la vitalidad de nuestro Estado del Bienestar.
Llevamos años mostrando cierto grado de preocupación por nuestro sistema público de pensiones, el cual muestra ciertos síntomas de agotamiento. A raíz de la recesión económica vivida entre 2011 y 2018, el déficit acumulado por el sistema público de pensiones es de 101.000 millones de euros provocados por la sumatoria de los desequilibrios anuales en ese periodo.
Con el fin de paliar esta manifestación de cansancio, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó, en el año 2013, la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
El índice de revaloración de las pensiones, conocido por sus siglas IRP, es un mecanismo (fórmula matemática) por el cual se diagnosticará la salud financiera de la seguridad social. En base a esta, las prestaciones se revalorizarán como mínimo un 0,25% cada año no pudiendo superar una subida igual al IPC del año anterior más un 0,50%. Con dicho mecanismo el legislador también impedía que los Gobiernos bajasen o congelasen las pensiones, aunque la fórmula de revalorización lo aconsejara.
Factor de Sostenibilidad, a partir del 1 de enero de 2019 entraría en vigor un nuevo elemento a la hora de determinar las cuantías de las nuevas pensiones que se den de alta en el sistema desde ese día. A los factores que se utilizan para el cálculo de la cuantía de la pensión inicial de jubilación (edad, años cotizados, suma de las bases de cotización, etc.) se sumará un nuevo coeficiente que enlace la cuantía resultante con la esperanza de vida del pensionista en el momento de cumplir 67 años. Es decir, si mejora nuestra esperanza de vida a los 67 años provocará una disminución de nuestra pensión en el momento de la jubilación. Dicho factor se aplicará en el momento en que sea efectiva la contingencia de jubilación analizando periodos de cinco años en función de la esperanza de vida de cada lustro.
Debido a la connotación político – social que tiene el colectivo de pensionistas y a consecuencia de unos meses de protestas, los presupuestos generales del estado, correspondientes al ejercicio 2018, se aprueban con importantes mejoras para millones de jubilados. Entre ellas destacaría, la suspensión del índice de revalorización de las pensiones (IRP) reemplazándolo por el “IPC Real” como pauta para el incremento en los dos años siguientes y el retraso en la aplicación del Factor de Sostenibilidad hasta el 1 de enero de 2023.
Posteriormente, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos da luz verde, en el presente ejercicio, a una revalorización general del 0,9% a las 9,8 millones de prestaciones de la Seguridad Social. No podemos obviar que uno de los principales objetivos de este gobierno es la derogación de la citada reforma de pensiones, consistente en la eliminación del Factor de Sostenibilidad y la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).
El coste de esta medida será de 1.406 millones de euros anuales, provocando que el gasto en pensiones ascienda a cerca de 10.000 millones de euros en pensiones contributivas, en abril, cifra récord que supone un incremento del 2,9% con respecto al mismo período del ejercicio anterior.
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no apoya ni el diagnostico ni las soluciones propuestas por la actual ejecutiva, pronunciándose rigurosamente sobre la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC, confirmando que esta supondría un notable riesgo para la viabilidad y el futuro del sistema. Aboga por la contención del gasto, considerando muy adecuado mantener el factor de sostenibilidad.
La expansión del Coronavirus y la complejidad para erradicarlo ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias las cuales provocarán consecuencias económicas importantes.
Es indiscutible que debemos preservar la suficiencia de las pensiones más bajas por razones de equidad y solidaridad actualizándolas con la inflación, ahora bien, esto no nos exime de la necesidad de moderar el gasto y reducir la tasa de sustitución efectiva. Paralelamente también se antojará inevitable elevar la edad de jubilación, incrementar las tasas de productividad, potenciar la natalidad y definir políticas migratorias a futuro.
Teniendo en cuenta que de la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado más del 40% está destinado al gasto en pensiones y que el COVID-19 nos arrastra hacia una nueva recesión, parece razonable pensar que entramos en una fase donde el gran protagonista será la moderación del gasto público, lo que podría conllevar a reactivar la reforma del 2013 promovida por el gobierno de Rajoy.
Será conveniente trasladar a las generaciones venideras la más que probable obligatoriedad de asumir sacrificios adicionales traducidos en menores pensiones, mayores impuestos, mayor endeudamiento o una maquetación de todas.
Tribuna publicada en La Razón - Domingo 17 de mayo de 2020
(*)Julio Fernández García. Product Owner de Everis Finbow y Consejero del Centro de Excelencia de Previsión Social de Everis. Experto en previsión social y planificación, con más de 20 años de experiencia liderando diferentes canales de distribución e impartiendo charlas sobre nuestro actual sistema público de pensiones en los principales foros del sector. En el ámbito de la docencia, es profesor colaborador de diferentes escuelas de negocio. También colabora asiduamente en diferentes medios de comunicación formando parte del Consejo Editorial de la Revista de Pensiones de elEconomista.
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