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El Instituto de Estudios Económicos en contra de eliminar los incentivos fiscales al ahorro en planes de pensiones individuales

Continúan las opiniones contrarias a suprimir los actuales  beneficios fiscales con que cuentan planes de pensiones y planes de previsión asegurada, haciendo también una llamada a la creación de un marco legal y fiscal estable y predecible para el ahorro complementario de los españoles de cara a su jubilación.

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El Instituto de Estudios Económicos en contra de eliminar los incentivos fiscales al ahorro en planes de pensiones individuales

@micheile - www.unsplash.com

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En un futuro previsible de longevidad creciente de los españoles y pensiones más bajas, la AIRef, el organismo de control independiente de control fiscal creado por el Gobierno Español en 2013, ha planteado la eliminación de los incentivos a las aportaciones a productos del tercer pilar (el ahorro que los ciudadanos acumulan individualmente). Se da la circunstancia de que España es de los países de la OCDE con menor aporte fiscal al ahorro para la jubilación, situación a la que se ha llegado después de una serie de recortes en las cantidades máximas  que se podían invertir en planes de pensiones iniciada en 2007. Hasta ese año, una persona cercana a la edad de jubilación podría ahorrar hasta 24.250 euros, cuando hoy no pasa de los 8.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y/o actividades económicas (la menor de los dos cantidades anteriores), y esto para partícipes de cualquier edad.

El ministro Escrivá ha indicado la necesidad de potenciar el ahorro a través del segundo pilar (planes de pensiones promovidos por las empresas), así como la conveniencia de reconducir estos incentivos fiscales hacia estos planes corporativos. No le falta razón, si no fuera porque estos planes, por carga administrativa,  están pensados para la grande y mediana empresa, y poco para las pymes o autónomos. Tampoco para los trabajadores temporales o parciales, muchos de ellos pertenecientes a la "gig economy", quienes pocas veces llegan a la antigüedad mínima exigida por una empresa al trabajador para incluirle en el plan de pensiones de empleo que dicha empresa pueda haber promovido para sus trabajadores más estables (conocido como "vesting period").  La realidad es que los años de trabajo pasan y escaso o nulo es el esfuerzo que hace el trabajador para guardar parte de sus rentas en un instrumento de ahorro previsional.

Pensemos cómo reformar nuestro sistema de pensiones a treinta años vista, de forma que los ciudadanos tengan la seguridad de contar con un mínimo de recursos para afrontar la vejez. 

Pensemos en cómo reformar nuestro sistema de pensiones a treinta años vista, de forma que los ciudadanos tengan la seguridad de contar con un mínimo de recursos para afrontar la vejez. Y ello tiene que ser el resultado de sumar tres importes: pensión pública (ajustado a a lo que este país pueda permitirse por crecimiento de la productividad de su economía y esperanza de vida), ahorro a través de la empresa (poco frecuente en España)  y, por supuesto, ahorro individual. Estos tres componentes de la  suma nos ayudan a hacer frente a retos como la jubilación, pero también otros que surgen derivados de la mayor esperanza de vida, como es  el de los cuidados a la dependencia. A modo de ejemplo, cambiar el domicilio familiar para adaptarlo a una persona dependiente puede costar una media de 30.000 euros.

En cuanto a la valoración del éxito de estos planes de pensiones entre la población española que discute la AIRef, es cierto que en los últimas años las cohortes más jóvenes no han demandado este tipo de ahorro finalista. Sin embargo, también habría que preguntarse por el diseño del incentivo. ¿Alguien se ha preguntado si éste sería más efectivo si en lugar de pagarse como devolución de IRPF ingresada en cuenta en los meses de verano, éste se abonara en el plan de pensiones en el mismo momento en que el partícipe aporta al plan? Este proceso se conoce con el nombre de "matching contribution"  y consiste en que cuando el partícipe invierte 100 euros en el plan, el Estado añade otros 20 euros más, total 120 euros invertidos. A la hora de la verdad, la devolución en cuenta corriente que hacemos en España acaba gastándose en gastos superfluos y no se reinvierte en el plan, lo cual se supone que es el verdadero fin del incentivo.

En resumidas cuentas, urge solicitar a los poderes públicos la configuración de un sistema de pensiones sostenible y suficiente a futuro, y no meros  parches con cambios constantes. Eliminar el incentivo fiscal a los planes de pensiones individuales nos aleja todavía más de esta imperiosa necesidad. El Instituto de Estudios Económicos es otro ente que se suma a la opinión de los profesionales de la previsión colectiva.

Consulta el informe del IEE

Acceso al informe AIReF "Spending Review" - 22 de julio de 2020

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