Antesala de una gran crisis financiera mundial que afectó con fuerza al sistema bancario y a la economía real con fuertes tasas de paro y decrecimiento económico. Su objetivo es el de ofrecer servicios y prestaciones económicas a aquellas personas en situación de dependencia que requieren ayuda especial para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.
La Fundación Lares que atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria ha presentado recientemente datos de los Mapas Lares 2018, proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Un tema que entronca también con el complicado futuro de las pensiones públicas y que Lares tiene muy claro: “el impacto que tiene el sistema de pensiones para el gasto público es tan grande que supondrá un problema de cohesión social toda vez que se adopte sin prever una solución al déficit de financiación de la dependencia. Si pensamos en la Seguridad Social olvidándonos de los servicios sociales, reventaremos nuestro modelo social”.
Los grandes problemas de la dependencia para Lares se resumen, según su presidente, Juan Ignacio Vela, en:
- Trabajadores mal pagados, con salarios que deberían subir un 15 %.
- Millares de personas sin atender. 255.240 personas con derecho reconocido y otras 103.165 que han pedido la valoración y son dependientes.
- Copagos abusivos. Hay 127.969 personas que realizan un copago muy superior al resto bajo el camuflaje de los llamados “cheque servicio”. Por otro lado, las personas con servicios de atención domiciliaria de rentas más bajas tienen problemas para abonar el copago convenido.
- Financiación pública insuficiente. El gasto público neto en dependencia en 2018 (excluidos copagos) ha sido de 7.400.388.256 euros, con una posible oscilación dada la necesidad de realizar estimaciones.
- Necesidades de atención no satisfechas. Se necesitan más horas de ayuda y servicios de atención domiciliaria y más apoyo para el cuidador informal. Los centros residenciales necesitan mejores ratios de personal y la teleasistencia debe ser avanzada.
La solución a estos problemas es cuantificable: “Hay a un déficit inmediato de financiación pública de 4.411 millones de euros, de los cuales 2.540 millones serían específicos para la atención de personas que deben ser atendidas y actualmente están olvidadas”, señala Vela. Para pagar a los trabajadores dignamente, es necesaria una inversión de la Administración Pública adicional de 588 millones de euros y el coste por financiar correctamente las plazas residenciales ascendería a 382 millones. Según Lares, las Administraciones deben aportar otros 882 millones de euros para acabar con el copago de quienes reciben “cheques servicios” y, por último, la atención domiciliaria supondría 2.384 millones de euros.
Además, un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) no nos deja en buen lugar en tema de dependencia. Los países de Europa del Norte como Suiza, Holanda, Suecia y Noruega destinan más ayudas a la dependencia que el promedio de la OCDE. El caso español dista de manera considerable de este escenario y se posiciona en la zona media-baja de la distribución por el nivel de ayudas (9%). En cuanto al gasto en cuidados de larga duración, en los países del sur de Europa como España e Italia, el gasto no supera el 1% del PIB mientras que en Europa del Norte se destina entre el 2,5% y 3% del PIB a cuidados de larga duración, superando al promedio de la OCDE.
