El periodo para calcular las pensiones públicas que corresponden a cada trabajador pasará de los 15 años de 2012 a los 25 años en 2022, según se acordó en la reforma de 2011. La aplicación total de esa norma también será progresiva, al igual que la ampliación de la edad legal de jubilación, aunque tendrá una aplicación más acelerada porque en 2022 ya estará plenamente vigente.
La ampliación del periodo de cómputo entró en vigor el 1 de enero de 2013, y aumenta a razón de un año por cada año que pasa, de forma que en 2013 el periodo fue de 16 años, en 2014 de 17 años...23 años en 2020 y así sucesivamente hasta que en 2022 y en los años sucesivos sea de 25 años. Algunos cálculos hablan de efectos de bajada o subida del 1% de las pensiones en el caso del Régimen General y algo mayor para los autónomos como consecuencia de su aplicación.
¿Por qué se ha hecho este cambio?
La idea de este cambio es equilibrar el pago de la pensión a las cotizaciones que se han realizado a lo largo de toda la vida laboral, evitando dar más importancia a lo cotizado durante los últimos años, que hasta ahora solía ser una cantidad mayor ante el aumento de los sueldos gracias a la experiencia o las mejoras salariales por antigüedad que establecen ciertos convenios.
¿Irá a más?
Probablemente. Ante la necesidad de hacer sostenible el sistema de pensiones público, algunos expertos creen que sería justo que se tuviera en cuenta todo el periodo de cotización para determinar la cuantía de la pensión que recibiremos en la jubilación.
Así, el sistema actual es arbitrario: puede darse el caso de trabajadores que ganen menos dinero en sus primeros años de trabajo y aumenten sus ingresos al final, propiciando una pensión de jubilación que solo se ajusta a esos últimos años. Y viceversa: un trabajador que pierde su trabajo en los últimos y ve disminuida su base de cotización de forma significativa, percibirá una pensión menor, que no se corresponde con la base a la que ha estado cotizando durante la mayor parte de su carrera.
Este sistema ayudaría a evitar las injusticias en este sentido pero también hay que considerar que la normal evolución del mercado laboral es de salarios crecientes, de forma que finalmente el resultado sería una pensión de jubilación más reducida. De hecho, la medida se critica por algunos porque, si se tiene en cuenta periodos de cotización más remotos en el tiempo y en los que las condiciones pueden haber sido peores, ello derivará en una peor prestación.
